Las feministas han interpelado y evidenciado cómo la organización de la sociedad en su conjunto y, en específico, el sistema económico, produce y reproduce injustas estratificaciones que han perjudicado a las mujeres en todos los aspectos de sus vidas.

Uno de estos aspectos, central, por cierto, es el lugar, nivel y valor que como sociedad damos al trabajo que realizan las mujeres; nivel que no solo comprende la precarización de la labor remunerada y su diferencia de paga respecto del mismo trabajo realizado por hombres, sino que también las labores domésticas y de cuidados. Esta labor permite la sobrevivencia humana en tanto sostiene la vida, y que comprende desde la labor reproductiva hasta la mantención de la misma, o sea: los cuidados en cada uno de sus ciclos vitales. Cuidados que son realizados por madres, hermanas, tías, abuelas, vecinas o amigas, o en algunos casos si podemos pagarlo; por una trabajadora- precarizada- que nos reemplace.

La división sexual del trabajo tiene como resultado relegar a las mujeres a la esfera privada en base a la construcción de mujer perfecta e ideal, que es aquella que cuida, se sacrifica y es abnegada. En cambio, al hombre, le está reservado el respetado y valorado espacio público. Las dimensiones de la división sexual del trabajo son múltiples, pero en último término se traduce en un asunto de jerarquía, lo que equivale a decir, un asunto de poder.

Poder que se demuestra en que a pesar de que el trabajo remunerado ha aumentado para las mujeres (pre-pandemia) esto no se ha traducido en una disminución y una redistribución de la carga doméstica, la que solo ha ido en aumento. El peso de esta situación se siente no solo en la economía, en tanto aportamos un invisible, pero gran porcentaje al PIB, sino en los cuerpos y mentes de las mujeres.

El actual debate se ha centrado en propuestas relativas a la remuneración del trabajo doméstico. El candidato Daniel Jadue plantea dar reconocimiento a la labor doméstica no remunerada, partiendo desde un 75% del sueldo mínimo vigente, con implementación progresiva, lo que abre más dudas e interrogantes que respuestas. Si bien existe consenso en que la labor doméstica debe ser reconocida y valorada, la forma en que esto debe ocurrir no está definida. La razón de esta falta de definición es del todo lógica. ¿Por qué al remunerar estas labores, es decir, mercantilizar esta actividad humana fundamental para la existencia de la misma, transformaría la estructura de la división sexual del trabajo o avanzaría, al menos, en ello? Por el contrario, ¿acaso no cristalizaría o reedificaría este lugar destinado o reservado a la mujer?: “su” casa.

Por otra parte, ¿queremos mercantilizar esta actividad humana fundamental? Y si es así, ¿a cuál precio y en base a qué parámetros fijamos el precio? ¿Por qué asignarle un precio tendría como resultado la valorización de la esta labor, si eso no fue lo que ocurrió con otras actividades feminizadas como las empleadas domésticas, las meseras, las lavanderas o las cocineras? ¿Y las mujeres que trabajan de manera remunerada fuera de su hogar, y que según los datos y la experiencia sabemos que llegan a sus casas a realizar dobles jornadas, por qué no tendrían derecho a percibir este ingreso?

Tal como adelantamos, esta propuesta exhibe más preguntas que respuestas, y sus efectos no son menores: cristalizar y profundizar la división sexual del trabajo, y terminar por poner otro chaleco de fuerza más en las cuerpas femeninas.

Nuestras propuestas transitan hacia el reconocimiento y la valorización del trabajo de cuidados con ciertas precisiones que bien vale señalar para hacer el intento, al menos, en controlar dichos posibles daños colaterales.

Si no tenemos como norte la corresponsabilidad social de los cuidados es muy posible perderse en el objetivo. En ese sentido es que proponemos, en primer lugar, una transferencia directa por hijo, hija o hije a cargo, en segundo lugar, y con el fin de entregar un reconocimiento y reparación a la mujer que se ha dedicado al cuidado, formulamos entregar un estipendio mensual a las mujeres mayores de 60 años, y por último, planteamos el reconocimiento de las lagunas previsiones de hasta 5 años de cotización para las mujeres por dedicación al cuidado. Sin embargo, sabemos que no basta con remunerar, las otras medidas tendientes a colectivizar y socializar los cuidados, son igualmente necesarias porque los montos que el Estado puede entregar son muy por debajo de lo que se consideraría suficiente, generando una precarización institucional del trabajo de cuidados, pero también porque la preocupación de una cuidadora con un hijo en situación de discapacidad es qué va a pasar con ese hijo, hija o hije cuando ella ya no esté, por lo que tenemos que poder armar un soporte institucional con infraestructura y apoyos que nos lleve a compartir los cuidados.

La propuesta central del programa de Sistema Nacional de Cuidados de Gabriel Boric es la creación de la figura del cuidador o cuidadora comunitaria. Esta propuesta surge de las experiencias locales de cuidados que existen y han existido desde hace mucho en los barrios, comunidades o  poblaciones, pero que se han visto intensificadas a propósito de la pandemia, en donde las y los vecinos de manera autogestionada (en ocasiones articuladas por las juntas de vecinos, o desde otros espacios de organización) prestan, organizan y/o están al pendiente de otras u otros vecinas y vecinas que necesitan cuidados y que puede ir desde alimentación, visitas o compañía, hasta cuidados más específicos. Pero que también ocurren a propósito del cuidado de menores, donde las vecinas se turnan o se encargan a los hijas e hijos/nietas y nietos en determinadas situaciones. Es la red de cuidados que opera de manera invisible a los ojos del Estado.

Reconociendo lo anterior es que se plantea relevar estos cuidados comunitarios y dotarlos de un soporte institucional a través de la capacitación de estos cuidadores o cuidadoras en los barrios, los que accederán a una remuneración por esta labor, y que gestionarán u otorgarán cuidados en los barrios. La manera en que el Estado interviene será facilitando esta gestión y fortaleciendo el tejido social, poniendo en contacto a los y las vecinas, generando además, una economía circular, apoyando con insumos y herramientas, pero también invirtiendo en infraestructura comunitaria de cuidados que permita que los y las cuidadoras puedan sacar o desplazar el cuidado de sus hogares con un importante foco en la prevención, asunto clave para evitar situaciones de dependencia compleja en el caso de las personas mayores (propiciando un envejecimiento digno y activo).

Otra propuesta en esa dirección tiene que ver con los asistentes personales (atención profesional domiciliaria), los que a través de un registro de profesionales de los cuidados puedan ser destinados para ir en apoyo de situaciones de dependencia más compleja (coordinado por los cuidadora/es comunitarios). Junto a lo anterior, pensamos propuestas en torno a la reparación de salud de la cuidadora mediante una credencial que les permita acceder a un plan de recuperación de la salud mental, dental y física, y también otros beneficios, como rebaja en el transporte, y reinserción psicosocial y laboral al momento del fallecimiento del familiar a cargo.

Estas son solo algunas de las propuestas, que incorpora además áreas laborales, como la reforma al artículo 203 del Código del Trabajo en el sentido de terminar con la injusta discriminación entre trabajador y trabajadora, o la ampliación del postnatal, que se suman a las ya publicadas a propósito de la reactivación económica para avanzar hacia un Sistema Nacional de cuidados.

Sabemos que no es un asunto sencillo, ni que podrá realizarse por completo en cuatro años, no obstante, nos comprometemos a darle inicio de manera responsable, y para aquello lo que tenemos presente es que esta propuesta se construye de manera participativa, articulados con las organizaciones y comunidades, porque y, por sobre todo, comenzamos un cambio que es histórico para la vida de las mujeres, no podemos comenzar mal.