Las cifras recientes de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen 2020) nos muestran una dolorosa realidad para nuestro país. Tras años de avance sostenido en la disminución de las cifras de pobreza por ingreso y multidimensional, nos encontramos con que fruto de la pandemia esa tendencia se ha detenido y retrocedido en al menos cinco años para las cifras de pobreza y casi dos décadas en relación con las de desigualdad (Scherman, 2021). De acuerdo con las cifras entregadas, a nivel nacional, el 10,8% de la población se encuentra en situación de pobreza por ingresos (2.112.185 personas) y 4,3% en pobreza extrema (831.232 personas). Estas cifras representan un aumento frente a lo sucedido en 2017, cuando la tasa de pobreza era de 8,6% y la de pobreza extrema 2,3%. Entre las regiones, Tarapacá (14%), Ñuble (14,7%), Biobío (13,2%) y La Araucanía (17,4%) presentan tasas de pobreza por sobre el promedio nacional.

Al mirar las diferencias urbano y rural en los resultados de la Encuesta Casen 2020, se constata que la pobreza sigue siendo mayor en zonas rurales (13,82%) que en zonas urbanas (10,42%). Sin embargo, en comparación a años anteriores, la pobreza rural se redujo levemente (de 16,5% en 2017) y la urbana aumentó (de 7,4% en 2017). Estas cifras, más que hacernos creer que las zonas rurales no han resentido el impacto del Covid-19, nos obligan a volver a poner la mirada en las brechas territoriales que sufren estas zonas como una deuda pendiente e invisibilizada desde hace muchos años.

Las desigualdades territoriales pueden no sólo afectar la vida de los habitantes de un territorio más rezagado, sino que pueden limitar el desarrollo de todo un país. Estas brechas no se corrigen con el tiempo, y más bien se refuerzan dados los incentivos y efectos de economía política que favorecen a las grandes ciudades y territorios urbanos por sobre los territorios rurales.

Por este motivo creemos que dentro de la discusión constitucional no puede estar ausente el desarrollo rural. Por ello, a través de una revisión de los programas de los 155 constituyentes electos, observamos que sólo está presente la temática, en alguna medida, en el 20% de ellos. En un contexto constituyente, existe la posibilidad de fortalecer las capacidades del Estado y de los distintos niveles de gobierno para realizar políticas que lleven a una superación de la matriz productiva-extractivista; promover formas asociativas y solidarias de emprendimiento; permitir un acceso más igualitario a los recursos naturales (como la tierra y el agua) bajo nuevos esquemas de gobernanza; permitir espacios de planificación urbana que incluyan explícitamente la relación entre las ciudades y su entorno rural; y entregar mayores capacidades a los gobiernos regionales y locales para establecer espacios de diálogo vinculantes y realizar políticas particulares de desarrollo local. Todo eso para permitir la distribución del poder y la capacidad de agencia de la ciudadanía, resguardar el patrimonio biocultural y garantizar derechos sociales con una concepción de bienestar más amplia y diversa.

Misma situación deberíamos analizar en los programas presidenciales. Considerando la definición de rural de la OCDE, al menos el 30% de los chilenos y chilenas habita territorios rurales y, pese a ello, muchas veces no aparecen propuestas para esos espacios, y menos aún una estrategia clara de desarrollo que se haga cargo de su importancia para la seguridad alimentaria en un contexto de adaptabilidad al cambio climático.