Con mucha emoción hemos visto el cambio de mando en los municipios del país. Un cambio marcado por la satisfacción y la esperanza. Satisfacción de ver el fin de dinastías personales que duraron décadas. Esperanza de ver el giro político de la voluntad popular en muchos territorios, donde la ciudadanía apuesta por un cambio de fondo, dando  oportunidad a una nueva generación de políticos y políticas jóvenes. También alegría de ver la huella del feminismo en muchos de los cambios que vendrán.  Sin embargo, hay una cuestión central para los gobiernos locales que no apareció acreditada en los discursos de las nuevas autoridades.

Asumen en un país duramente golpeado por una pandemia. Esta realidad supone desafíos urgentes para las autoridades municipales, que no sólo tendrán que abordar el manejo de esta etapa de la crisis, en la que resulta obvio que la decisión del gobierno es abandonar a la ciudadanía y resistir hasta noviembre sin importar el costo para la vida de las personas, sino también deberán abordar la devastación que el manejo de la pandemia ha dejado en la salud de la población y las huellas que está dejando en la salud primaria.

El hecho de que esta realidad no haya estado en el centro de los discursos de las nuevas autoridades municipales puede deberse a que el foco del manejo de la pandemia ha estado en el nivel hospitalario, en la discusión sobre las camas críticas y en el titánico esfuerzo que han hecho sus equipos de salud. La situación en los territorios ha sido invisibilizada en gran medida porque en ellos se expresa el verdadero drama de una política pública ineficiente y profundamente irresponsable. Cuyos costos no sólo se traducen en la tragedia de la pérdida de vidas, sino también en el profundo impacto que la respuesta a la pandemia ha dejado en los indicadores de salud.

Para que esto se entienda bien hay que explicar el rol que le ha tocado jugar a la Atención Primaria. Este se puede resumir en 4 ámbitos relativos a la pesquisa de casos por consulta respiratoria aguda. Con ese fin, los equipos de salud han tenido que redefinir sus funciones y habilitar unidades respiratorias de dedicación exclusiva; el reforzamiento de los equipos de los servicios de urgencia primarios o SAPUs, que han tenido una fuerte presión en la atención de emergencias derivadas de la pandemia; asumir tareas de seguimiento de pacientes derivados a domicilio por la red hospitalaria ante el riesgo del contagio intrahospitalario y por el proceso de conversión de camas y de unidades de cuidado; y destinar equipos a la búsqueda activa y a tareas de trazabilidad. A todo esto, se suma la implementación de las campañas de vacunación. La exigencia que estas tareas le han planteado a nuestros equipos ha sido enorme. En nuestro nivel el stress pandémico de los equipos de salud también ha sido un costo ignorado.

Como también se ha ignorado la tarea en el campo de la salud mental, que plantea el acompañamiento a quienes han vivido pérdidas por efecto de la pandemia. Una tragedia silenciosa que impacta en nuestro nivel de atención, planteándonos un dilema ético que enfrentamos con la escasez de recursos que la salud mental siempre ha tenido en la atención primaria. Todas estas tareas se han realizado a nivel nacional usando recursos propios porque otro de los actos de irresponsabilidad del Ministerio de Salud (Minsal) ha sido hacer un traspaso de financiamiento escandalosamente insuficiente. Somos una pieza clave en la lucha contra la pandemia, que ha sido prácticamente abandonada por la autoridad de salud, que se empeña en su política fracasada y lo seguirá haciendo.

La realidad descrita no parece estar próxima a cambiar. Ningún indicador hace pensar que las medidas implementadas por el gobierno darán como resultado un cambio de situación a corto plazo. Como lo señalaba al inicio, la verdadera estrategia de este gobierno es apretar los dientes y esperar que la crisis pase. Obviamente, no hay en las autoridades ninguna preocupación sobre la situación de salud que dejará la post pandemia. Trabajar y definir prioridades en relación con esa realidad debe ser un imperativo para las nuevas autoridades locales. No se trata de una cuestión postergable. Hablamos de los impactos en los objetivos sanitarios que ha significado montar la respuesta a la pandemia sin una política nacional coherente, cuya prioridad sean las personas. Como gestores, tenemos la obligación de denunciar el retroceso de metas sanitarias en temas como las patologías crónicas cardiovasculares, la salud odontológica, la salud sexual y reproductiva. Además, hay graves retrocesos en programas preventivos y promocionales de la salud de gran importancia.

Los servicios de salud han insistido en condicionar la entrega de recursos al cumplimiento de indicadores programáticos de salud que ha sido imposible mantener. Así han ido poniendo una presión insostenible sobre la Atención Primaria. Un problema que debe ser asumido de manera urgente por las autoridades municipales, quienes deben actuar en defensa del derecho a la salud de las personas. Reconocer la situación y el impacto en la vida de las personas y sobre el sistema de salud que ha dejado la política criminal del gobierno es una cuestión decisiva. Una lucha a dar de manera urgente. Si no se aborda, se embarga la recuperación del derecho a la salud de miles de chilenos y chilenas. La alarma está activada, nadie podrá decir que no lo vio venir.