El año 1996 Sola Sierra, en representación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se acercó al Consejo de Monumentos Nacionales para solicitar que el sitio Hornos de Lonquén, ubicado en la comuna de Talagante en las cercanías de Santiago, fuese protegido como Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico. En ese entonces, pareció ser la única medida efectiva y legal que podía evitar que el lugar que había sido testigo de la inhumación clandestina de cuerpos de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet fuese convertido en un relleno sanitario y con ello se borrara y desapareciera su memoria bajo los escombros y la basura. Recapitulando, el año 96, los intentos de políticas de memoria estaban comenzando a articularse y parte importante de las políticas de reparación simbólica se enfocaron en la construcción de monumentos y memoriales y en el reconocimiento e identificación de los lugares testigos de la detención, tortura, desaparición, ejecución e inhumación cometida por agentes civiles y militares a lo largo y ancho de Chile.

La aprobación de la solicitud y consecuente protección de Hornos de Lonquén (Decreto Nº 24 de 1996), como Monumento Histórico por la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales, no sólo logró impedir la construcción del vertedero en el lugar sino que constituyó una estrategia que se multiplicó con los años, contando hoy con una vasta lista de sitios de memoria protegidos como patrimonio de la memoria y los derechos humanos. Así, no sólo fueron replicándose los monumentos y memoriales en homenaje a las víctimas de la represión en distintas zonas del país como un gesto reparatorio para las víctimas y sus familiares, sino que los espacios que alguna vez fueron usados como centros de detención, tortura, desaparición e inhumación fueron crecientemente reconocidos y protegidos como patrimonios, medida que si bien se inició con un carácter reactivo ante las políticas de olvido y silencio durante los años noventa, fue consagrándose como una política que desde el patrimonio garantizaba, en la medida de lo posible, la pervivencia y conservación de las huellas de la represión. En esta lista resuenan sitios como Londres 38, Villa Grimaldi, Cuartel Borgoño, Cuartel Simón Bolívar y un largo índice de lugares que constituyen, en clave de Beatriz Sarlo, aquello ineliminable del pasado. Y, sin embargo, sabemos que a menudo no ha sido suficiente la sola protección de los sitios de memoria como Monumentos Nacionales toda vez que la protección, desde un punto de vista técnico, protege legalmente el inmueble como monumento, pero no puede garantizar la posterior conservación de los espacios. ¿Vacíos de las políticas del patrimonio? ¿Debilidades de las políticas de memoria y derechos humanos? ¿Ausencia de una política entendida como un conjunto de programas y proyectos con financiamiento que garanticen no la sola protección, sino que la conservación y dinamización de ese patrimonio para la memoria de las futuras generaciones? Como sea, el paso del tiempo, el descuido, el abandono, los atentados contra los sitios de memoria declarados como monumentos históricos, y la acción de la naturaleza, han engrosado el repertorio de sitios de memoria que, estando protegidos como monumentos por la ley, se encuentran dañados, abandonados y en mal estado.

Las imágenes del 9 de junio pasado, donde una marejada se extendió por las costas del litoral central, vuelven la mirada sobre uno de ellos: el Ex Balneario Popular ubicado en las Rocas de Santo Domingo en la Región de Valparaíso. El origen de este sitio se remonta al año 1971, donde en el marco de la medida Nº 29 del programa inicial de Salvador Allende, “Educación Física y Turismo Popular”, se implementaron 16 complejos turísticos en diferentes playas del país, con el afán de crear espacios de veraneo para las clases populares. Bajo el alero de la Corporación de Mejoramiento Urbano (hoy Ministerio de Vivienda y Urbanismo), se desarrolló un diseño de cabañas prefabricadas que pudieran albergar de 6 a 8 personas (respondiendo a la composición familiar de la época) complementadas por bodegas, canchas deportivas, juegos infantiles, cocina y comedores colectivos.

Este balneario en particular alcanzó a ser utilizado en dos periodos de veraneo (1971-1972), hasta que luego del golpe militar de 1973 fuese transformado en el principal centro de formación del que sería el mayor organismo represivo durante los primeros años de la dictadura cívico-militar, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Luego de ser oficializada e implementada a lo largo del país, el Balneario Popular Rocas de Santo Domingo se mantuvo bajo la propiedad de la DINA funcionando como centro de veraneo para su personal, mientras que en paralelo y de manera simultánea era utilizado como centro de detención clandestino. Tras su disolución, pasó a manos de la Central Nacional de Informaciones (CNI) hasta que finalmente, en 1990, la propiedad quedó a manos del Ejercito de Chile, permaneciendo en estado de abandono.

Dos meses después del lanzamiento del libro El despertar de los cuervos, del periodista Javier Rebolledo, donde se denuncia por primera vez la relevancia que tuvo este recinto para la formación de la DINA, en noviembre de 2013, en una acción coordinada de la Municipalidad de Santo Domingo y el Ejército, el complejo vacacional, que hasta ese entonces mantenía su estructura en pie, fue demolido y desmantelado, dejando sólo los cimientos de las construcciones.

Frente a este escenario, tras una solicitud liderada por Ana Becerra (sobreviviente del recinto y actual cabecilla de la organización gestora del sitio), Miguel Lawner (ex director de la CORMU) y Javier Rebolledo, el 12 de noviembre de 2014 el ex Balneario Popular Rocas de Santo Domingo es declarado como Monumento Histórico (Decreto Nº 337).  A partir de este momento se conformó la Fundación por la Memoria San Antonio, organización que tras la declaratoria del inmueble se ha encargado de su gestión, puesta en valor y mantenimiento. Frente a la deficiencia de las políticas patrimoniales en la línea de sitios de memoria, ha sido esta organización la encargada de combatir el estado de abandono en que se encuentra el recinto por parte del Estado. A punta de tijeras, guantes, hachas y apoyo colaborativo, han enfrentado el avance de la vegetación que amenaza con cubrir por completo los últimos vestigios de este recinto, e intentado disminuir la basura dejada por veraneantes que, probablemente sin conocer la historia del lugar y su condición como monumento histórico, transitan por el espacio, realizan fogatas, acampan o lo utilizan como baño público.

En el último año, la pandemia, las cuarentenas y medidas sanitarias que han restringido el desplazamiento entre comunas, han mermado el accionar de esta organización evitando que se siga realizando una mantención periódica del sitio. Sumado al constante avance de la marea que poco a poco ha ido arrastrando parte de la loza del que solía ser el comedor colectivo del balneario popular y uno de los principales vestigios de este recinto, amenazan con su eminente desaparición.

Una vez más, este pasado 9 de junio las marejadas que afectaron al litoral central contribuyeron con el deterioro del sitio de memoria. Las imágenes muestran como el oleaje avanza y va erosionando las únicas materialidades que quedan hoy de lo que algún día fue el Balneario Popular Rocas de Santo Domingo. La acción de la naturaleza que por años ha depredado los vestigios del recinto, actúa silvestremente; no conoce de leyes, de silencios ni de olvido. Hace su trabajo y daña lo que la tutela humana debiese proteger en un deber de memoria. Esas superficies corroídas por el mar y el descuido de los visitantes, nos hacen preguntarnos por los sistemas de valoración del patrimonio, por esa insistencia que agentes estatales, municipales y profesionales ponen en proteger ciertos monumentos e inmuebles patrimoniales y, en contrapunto, alertan sobre la inadvertencia y postergación de otros. Un precario equilibrio de gestión entre esfuerzos políticos y económicos para conservar intactos e impolutos algunos patrimonios y la indiferencia y omisión ante la ruina de otros. En otras palabras, la gestión patrimonial evidencia una ética que establece y define lo posiblemente conservable en el tiempo, y tiende una valla a aquello que pareciera prescindible para el relato de la memoria oficial y legado de las futuras generaciones. ¿No merecen ambos monumentos la mirada atenta y defensora de la gestión de la política patrimonial? ¿O no es acaso tan histórico el Monumento a Baquedano como el Balneario Popular Rocas de Santo Domingo u otros sitios testimonio de la violencia política de la dictadura cívico militar?

Quizás lo más relevante en este contexto es que el 15 de junio se firmaba el protocolo de actuación en caso de daño y vandalismo en sitios de memoria y memoriales, entre la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Policía de Investigaciones, en un afán de articular de manera más expedita el trabajo entre las diferentes instituciones y facilitar los procedimiento de denuncia frente a los constantes ataques que hemos visto agudizados en los últimos dos años. No obstante, a pesar de representar un avance en un contexto en que, según nuestros propios registros, evidenciamos 52 ataques a sitios de memoria y memoriales entre el 2018 y 2021, el Ex Balneario Popular Rocas de Santo Domingo viene a evidenciar otras formas de destruir, lenta y paulatinamente la memoria política, a través del abandono y la omisión. ¿No es acaso tan violento y vandálico el dejar erosionar y desaparecer un sitio de memoria como es rayar e intervenir ciertos monumentos públicos? ¿Por qué es emplazada la intervención de aquellos edificios históricos huella de la oligarquía (intervención que tanto malestar genera) y estos otros lugares son desplazados de la mirada de quienes tutelan el patrimonio?

¿Es tarea de la sociedad civil mantener estos espacios? La Fundación por la Memoria San Antonio, por convicción y responsabilidad política, dentro de sus posibilidades y frente a la ausencia de apoyo estatal, ha asumido el rol de luchar frente al evidente abandono en que se encuentra el recinto, espacio que sin su trabajo probablemente tiempo atrás ya habría desaparecido. Sin embargo, frente a la gran tarea que implica dinamizar y poner en valor un sitio de memoria, sumado a conservar, limpiar, desmalezar y buscar estrategias para evitar su constante deterioro, la autogestión y el trabajo voluntario parecen no alcanzar.

[Equipo de Investigación Fondecyt Iniciación Nº 11200326 “Destrucción, desafección y contranarrativas patrimoniales en el Chile actual”]