Contraloría detecta fallas en toda la cadena fiscalizadora de la industria salmonera
Chile es el segundo mayor productor de salmón del mundo, produciendo alrededor de 842.000 toneladas al año. Lamentablemente, la industria salmonera ha provocado una serie de impactos ambientales en ecosistemas costeros y acuáticos, en especial en la zona de los fiordos y canales australes de la Patagonia chilena, donde se ha expandido de manera importante durante los últimos años. Uno de sus principales efectos es la generación de condiciones anaeróbicas (falta de oxígeno) tanto en la columna de agua como en el fondo marino por acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos, producido por el alimento no consumido y las fecas de toneladas de salmones en proceso de engorda.
Las ONGs Geute Conservación Sur y Fundación Terram realizaron una exhaustiva investigación, la cual demostró que las autoridades competentes no realizan correctamente su labor. Por ello, ingresaron en 2017 y 2018 un total de tres acciones a la Contraloría General de la República, con el fin de que se realizaran las auditorías respectivas.
Después de cuatro años, el órgano contralor dio respuesta mediante su Informe de Auditoria N° 335/2019, donde detalla las falencias detectadas en la fiscalización y en la evaluación a la industria por parte de cinco entidades gubernamentales que regulan y fiscalizan a la industria salmonera: el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca); la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca); la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA); el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA).
El principal resultado de la auditoría es que, durante el período comprendido entre el 1º de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2019, se detectaron graves incumplimientos en la aplicación de las leyes, atrasos en la implementación de reglamentos y ausencia de procedimientos administrativos adecuados para fiscalizar y evaluar la instalación y operación de centros de cultivo de salmones en la Patagonia chilena.
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“El informe de auditoría de la Contraloría resulta valorable y preocupante a la vez, pues detecta falencias en cuestiones que, a esta altura, debieran entenderse mínimas para una adecuada fiscalización de la industria, especialmente en lo relativo al cumplimiento de los plazos para ejercer sus potestades. Lo anterior se constata, por ejemplo, en la mínima evaluación y aprobación de los planes de acción ante contingencias por parte de Sernapesca, o la falta de atención oportuna de denuncias formuladas en el caso de la SMA y la SSFFAA, lo cual repercute directamente en la escasa operatividad del régimen sancionatorio”, opina Christian Paredes, abogado de Fundación Terram.
“Esta auditoría se suma a dictámenes de los años 2016 y 2017 que arrojaron hallazgos similares. Es decir, podemos hablar de una negligencia sistemática y permanente de parte de los organismos que debieran regular una actividad que provoca contaminación en el medio ambiente marino y que no es regulada ni fiscalizada de manera adecuada por los organismos pertinentes”, asegura Álvaro Montaña, uno de los profesionales de Geute Conservación Sur que participó en la investigación de la industria y en las acciones presentadas a la Contraloría para solicitar dichas auditorías.
Qué dice el informe
En su informe, la Contraloría General de la República ordena al Servicio de Evaluación Ambiental mantener criterios uniformes para evaluar proyectos acuícolas que se sitúen dentro o estén cercanos a áreas protegidas. Recordemos que la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente establece que proyectos de este tipo requieren de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sin embargo, ellos se han evaluado prácticamente en su totalidad mediante simples Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).
“Si bien es cierto lo constatado con relación a la falta de criterios objetivos y uniformes para asegurar la correcta evaluación ambiental de proyectos acuícolas localizados en o próximos a áreas protegidas, era de esperar un pronunciamiento más categórico del órgano contralor, toda vez que no se trata solo de un problema de fijación de criterios (sobre lo cual el SEA ha tenido interpretaciones reconocidamente restrictivas), sino derechamente de incumplimiento de normativa ambiental expresa, que exige necesariamente a dichos proyectos ingresar al SEIA vía Estudio de Impacto Ambiental”, agrega Paredes.
Respecto al Sernapesca, constata tres problemas: este servicio no fiscaliza la exacta y correcta ubicación de los centros de cultivo; no tiene un registro adecuado de las fiscalizaciones realizadas; y la gran mayoría de los Planes de Acción ante Contingencias presentados en materia de florecimientos de algas nocivas (FAN) y escapes de salmones, no habían sido debidamente evaluados y aprobados por este servicio.
En relación a la SMA, según lo auditado, esta entidad no habría fiscalizado ni sancionado a 10 centros de cultivo que se encontraban ubicados fuera de su área de concesión. Lo mismo ocurrió con la SSFFAA.
“Sin duda este informe es importante, pero debemos seguir avanzando en crear la jurisprudencia para que, efectivamente, todos los proyectos de salmonicultura sean evaluados a través de un Estudio de Impacto Ambiental, ya que a nuestro juicio generan impactos significativos al medio ambiente, en especial si analizamos los impactos sinérgicos de la industria, la que opera con un 20% de los centros de acuicultura en condición anaeróbica anualmente, situación que degrada la calidad de las aguas y el fondo marino de los fiordos australes de Chile”, explica Javier Trivelli, ingeniero en recursos naturales de Geute Conservación Sur, sobre los pasos a seguir tras este informe.
