El año 1985 la dictadura estableció un “royalty” a la minería estatal, equivalente al 10% de las ventas, hubiera o no utilidades, como aporte directo y sin “accountability”, a las Fuerzas Armadas gobernantes. Incluso, el año 2016 Codelco hubo de endeudarse en 700 millones de dólares para cumplir con ese royalty. El año 2019 se derogó esta ley, completando 34 años, en los cuales la transferencia a la FF.AA. fue de más de 20.000 millones de dólares, quedando aún pendientes aportes decrecientes por varios años más. Quienes así han procedido, hoy se oponen a establecer un royalty de 3% sobre las ventas, progresivo en virtud de alzas relevantes del precio de cobre, para ir en ayuda de millones de familias chilenas enfrentadas a la pobreza y la precariedad.

El año 2018 el Estado aportó 2.434 millones de dólares para pagar 174.036 pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, que se rigen por el antiguo sistema de seguridad social. El mismo año, el Estado aportó 1.997 millones de dólares para pagar 1.507.592 pensiones del pilar solidario. Es decir, el Estado aportó a cada pensionado de FF.AA. y de Orden un promedio de 820.000 pesos mensuales y a cada pensionado del Pilar solidario un monto promedio de 78.000 pesos mensuales. Quienes así han procedido, niegan hoy a los pensionados de a pie su derecho a considerarse al menos iguales a los chilenos que visten de uniforme. ¿Qué puede explicar esta irracionalidad? Es iluminador mirarlo históricamente.

El cobre. El presidente constitucional Salvador Allende, con cerca del 50% de apoyo electoral, y con el apoyo de la unanimidad del Parlamento, estableció un nuevo régimen de explotación de los recursos mineros, a lo cual se opusieron las compañías mineras, cuestión que fue el principal detonante de la aventura golpista, que concluyó imponiendo una brutal dictadura en Chile. El apoyo de Nixon y las transnacionales del cobre al Golpe supuso ciertas garantías explícitas: serían resarcidos ampliamente con el pasar de los años. En efecto, Codelco, que quedaría como “coto de caza” de las FF.AA., fue cercenado en sus posibilidades de expansión y hoy representa menos de 30% de la explotación minera del país, y las mineras privadas el 70%. Estas son, con 4 millones de toneladas año, las principales productoras de cobre en el mundo, con gigantescas ganancias por renta y utilidades operacionales. Perú produce 2,5 MM ton, Codelco 1,7 MM ton y China 1,6 MM ton, que son los otros mayores proveedores de cobre en el mundo.

Las pensiones. Los primeros años de la dictadura de Pinochet provocaron un descalabro monumental en la economía chilena, además de la tragedia ética y social vivida. La situación afectó gravemente a las empresas nacionales, provocando la necesidad de onerosos salvatajes a los bancos y la liquidación a precio vil de las industrias nacionales. Uno de los factores claves de la “recuperación” de los negocios de los grandes empresarios fue “meterle la mano” al bolsillo de los trabajadores capturando sus ahorros previsionales. Ya se había agotado el drenaje de recursos depreciando la masa salarial y los inversionistas mundiales eran renuentes a prestar plata pues desconfiaban de la probidad de militares y negociantes de la época. El año 1980 se dictó la Ley 3.500, que obligó a los trabajadores a entregar sus ahorros previsionales para fortalecer el mercado de capitales, provocando una crisis en materia de pensiones que permanece hasta el día de hoy. En efecto, en vez de usar las contribuciones provenientes del salario para pagar pensiones, se han usado para apalancar la economía; traspasándoles a la fecha, a un puñado de grandes “empresas” y al capital especulativo, vía sistema AFP, la suma de 200 mil millones de dólares. Pinochet exigió que las FF.AA. quedaran excluidas de tal política expropiatoria de los sueldos y salarios.

Queda demostrado que, al menos en lo referido al cobre y a las pensiones, no son los intereses nacionales lo que ha movido a la derecha, a los grandes empresarios y a las FF.AA. y de Orden, sino tan sólo asegurarse privilegios a costa de las mayorías nacionales y del interés público. En estas materias hay un férreo pacto histórico entre las fuerzas que solventaron la dictadura, pacto que no parecen estar dispuestas a ceder, aun después del estallido social, lo que constituye la principal amenaza a la convivencia democrática en Chile. Las nuevas políticas acerca del cobre y demás riquezas naturales (sea royalty, renacionalización u otras), y sobre la creación de un verdadero sistema previsional, derogando la Ley 3.500 y sacando a las AFP del negocio, son las dos aristas más complejas de la transición chilena hacia una sociedad decente, con una economía social de mercado sana y sin privilegios odiosos, y un Estado de Bienestar que garantice un mínimo civilizatorio a cada habitante de esta generosa tierra.