Esta semana, desde nuestro proyecto de candidatura a la Convención Constitucional, lanzamos piezas breves en formato podcast, creadas por dramaturgas y dramaturgos en torno a ejes constitucionales. A través de una mirada propia, desde la libertad creativa de cada artista, amplificamos la conversación constituyente a otros territorios. El primero de ellos estuvo a cargo del escritor Marcelo Leonart y lo interpreta el actor Néstor Cantillana. Su nombre: “La verdad será establecida por los tribunales de justicia”, capítulo dedicado al Poder Judicial. El título no sólo parece una ironía, sino que lo es, cuando a ojos de una sociedad completa hemos visto que, efectivamente, existe una justicia para ricos y otra para pobres.

Para respaldar esta idea tenemos un desfile de procesos judiciales que podemos observar y analizar. Lo ocurrido con los casos de Mauricio Cheuque, Matías Fuentes, Mauricio Allendes, Daniel Morales, todos imputados por distintos delitos en el marco del estallido social, ponen en cuestión la labor persecutora del Estado respecto de quienes han sido privados de libertad arbitrariamente luego del 18 de octubre de 2019. Después de un largo periodo de prisión, todos ellos ahora se encuentran absueltos de los cargos por los que fueron detenidos. Pero no sin antes haber pasado, además de crudas medidas cautelares, por la Corte de Apelaciones, producto de los recursos de nulidad presentados por la Fiscalía. En las antípodas de esta realidad, Jaime Orpis, el primer político condenado por cohecho y fraude al fisco, lo que llamamos el financiamiento criminal de la política, obtiene como condena 5 años de los cuales sólo 600 días cumplirá en reclusión. Y por su parte, la ex diputada Marta Isasi deberá pagar una multa de 20 millones de pesos, esto considerando además que la empresa involucrada, Corpesca, no recibe sanción alguna y, lo que es peor aún, que la ley de pesca gestionada de esta manera sigue vigente.

Estos casos son recientes, pero la verdad es que existen cientos de situaciones judiciales que nos permiten comprender que tenemos una justicia que se construye sobre principios colonialistas, patriarcales y oligárquicos. Por ello es ineludible que al sumergirnos en la escritura de una nueva Constitución debemos, como imperativo democrático, conversar nuevamente las bases de una justicia a la que todos y todas podamos tener acceso. Una que promueva los derechos humanos. Una de carácter plurinacional y con perspectiva de género. Y, sobre todo, una que venga a cumplir el trabajo de garantizar los derechos de las personas, de todas las personas.

La estructura del Poder Judicial actual está construida sobre el autoritarismo. Sus bases de organización se remontan a las reformas borbónicas de 1700. Ahí nace el Poder Judicial chileno y latinoamericano, con un rol controlador funcional a las élites de gobierno. Desde entonces las reformas no han tocado su estructura original, convirtiendo nuestro sistema judicial en uno de los más arcaicos del planeta, a la par con el de Honduras. Entendemos entonces que el problema del Poder Judicial es su estructura y carácter de origen, un sistema que protege a la élite y con ello se vuelve vulnerable a la corrupción.

Observemos algunos puntos fundamentales para abordar en la conversación constituyente y así avanzar en una justicia que contemple el Buen Vivir como horizonte. Una justicia que se vincule a las personas y comunidades a través del reconocimiento positivo de la pluralidad y no desde la segregación y la carencia. Lo primero es revisar la estructura sobre la cual hoy se ejecuta el accionar del Poder Judicial, la que se concentra sobre jueces y juezas dispuestos en diferentes funciones, un paso importante debe ser separar las funciones de juzgamiento con las del gobierno judicial. El actual gobierno judicial albergado en la Corte Suprema es hoy un espacio susceptible de ser cooptado por el poder político, ya que el nombramiento de sus integrantes depende en su trámite final del Presidente(a) de la República, por eso se debe generar un órgano que tenga autonomía del poder político, que sea plural y paritario, que dé garantías en torno a la trayectoria de los integrantes y de su compromiso irrestricto con los derechos fundamentales.

Otro aspecto esencial que debe discutirse es la plurinacionalidad. Que Chile sea un Estado plurinacional debe reconocerse también en el sistema jurídico, considerando la presencia plurinacional en el órgano de gobierno judicial, pues esta institucionalidad se ha transformado en un escenario de vulneración a los pueblos indígenas, pasando incluso por sobre los tratados internacionales. De la misma manera, la discusión sobre la promoción de la perspectiva de género es otro eje protagónico. Debemos tomar un rol activo en esta transformación, de lo contrario continuaremos con procesos que re victimizan a través de procedimientos que no consideran las particularidades de estos crímenes. Para ellos debemos instaurar la formación y desarrollo de los integrantes del Poder Judicial y a su vez consolidar una institucionalidad autónoma que asuma la tarea de abordar de forma especializada los casos de violencia de género.

Si pensamos que una tarea central en la discusión constituyente debe ser nuestro sistema democrático, con la idea de superar la democracia exclusivamente representativa y avanzar hacia una democracia participativa que consagre la soberanía popular, resulta imperativo reflexionar sobre un efectivo sistema de control ciudadano para el Poder Judicial, así como la creación de una justicia comunitaria que propenda al entendimiento y bien común.

Por último, señalar que nos encontramos frente a una oportunidad histórica para generar un nuevo Poder Judicial que asuma un compromiso genuino con los derechos humanos, que los promueva y garantice transversalmente en su quehacer, incluida la reparación integral a las víctimas. Son muchos los desafíos que depara la revisión de un poder anquilosado en sus formas, procedimientos e influencia política. Sin embargo, debemos tener claridad que este momento no volverá a repetirse en el corto plazo y que, de no abordarlo en profundidad, veremos truncada la posibilidad histórica de escribir una nueva constitución que garantice la necesaria justicia como base de una sociedad en paz.