En el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, recordamos sus luchas inagotables por conquistar los derechos laborales, como la reducción de jornada o el derecho a vacaciones, pero también queremos reflexionar en torno a los desafíos pendientes en materia de derechos en el trabajo productivo y reproductivo. Tanto el trabajo remunerado y el no remunerado, son fundamentales para el bienestar social y están profundamente ligados. La inserción laboral de los hombres se facilita porque olvidamos el trabajo de la casa, y muchas de las dificultades que enfrentan las mujeres para ingresar al mercado laboral derivan de la conciliación entre trabajo y familia. El actual modelo descansa en que el trabajo doméstico y de cuidados –fundamental para la sostenibilidad de la vida– que realizan las mujeres es un recurso inagotable y gratuito, que subvenciona y sustituye servicios públicos inexistentes o de cobertura muy limitada. Esto es insostenible.

La necesidad de cuidados es transversal a la sociedad: a diario niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad o cursando una enfermedad requieren ser cuidadas. Asimismo, hay personas cuyos derechos han sido vulnerados y la falta de acceso a una red de cuidados las expone a un contexto de inminente violencia y abandono. La respuesta estatal las aleja de sus comunidades mediante la institucionalización o la   sobrecarga a mujeres y familias.

En 2019, ComunidadMujer calculaba que el aporte del trabajo doméstico y de cuidados a la economía era de 22% del PIB Ampliado. Esta cifra supera el aporte de cualquier rama económica del país, triplicando incluso a la minería. La pandemia profundizó la crisis de los cuidados –que las organizaciones feministas han denunciado por años–, es decir, la incapacidad de la sociedad patriarcal capitalista de otorgar bienestar a amplios sectores de la población, privatizando y depositando en las mujeres y las familias la responsabilidad de su resolución.

Ante esto, proponemos la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, con la misión de cuidarnos al más alto nivel y que cumpla con tres objetivos. Primero, redistribuir: los cuidados deben pasar de la esfera privada a la pública, entenderse como una responsabilidad colectiva y así lograr su acceso universal. Esta redistribución se debe dar entre hombres y mujeres, con políticas públicas de corresponsabilidad, y debe ser plurinacional, pertinente cultural y territorialmente, evitando imponer una sola forma de cuidados. En segundo lugar, revalorizar: reconociendo que esta labor es un trabajo con el mismo valor que cualquier otro y una dimensión fundamental para el bienestar social. Finalmente, mejorar las condiciones laborales de quienes se desempeñan en servicios de cuidados, con una remuneración justa y adecuada representación en la toma de decisiones asociadas.

La implementación y ejecución de este sistema debe ser descentralizado, con participación de organizaciones sociales y actores relevantes que le den pertinencia social y local a los programas que se ofrezcan. Aumentar el alcance y cobertura de los actuales programas será una de las prioridades presupuestarias de nuestro gobierno, para que cada persona que necesite cuidados, pueda tenerlos. Confiamos en que la nueva Constitución establezca una nueva lógica: considerando las labores domésticas y de cuidados como trabajo, y garantizando el derecho a ser cuidado. De esta manera, nuestro gobierno tendrá como prioridad el diseño e implementación del Sistema Nacional de Cuidados de carácter universal y descentralizado, basado en la corresponsabilidad social entre el Estado y las comunidades, que logre una distribución más equitativa de las tareas para la sostenibilidad de la vida entre hombres y mujeres.