Firme crítico de las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Sebatián Piñera durante la pandemia, Marcos Barraza (PC) dice que el mandatario "ha actuado a cuenta gotas" y que las políticas implementadas en la crisis "han agudizado los porcentajes de pobreza en el país".

El tema no es ajeno al ahora candidato, ya que fue parte del segundo gobierno de Michelle Bachelet, primero como subsecretario de Previsión Social y luego como titular de la cartera de Desarrollo Social. El psicólogo y director de dicha carrera en la Universidad de Santiago (Usach) compite por un puesto en la Convención Constitucional representando al Distrito 13 (La Cisterna, San Ramón, El Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel).

Uno de las principales ideas que impulsa es su convicción de que "el gran desafío del mundo progresista es derribar los dos tercios", opinión que le valió críticas desde la derecha. El ex ministro del Interior Gonzalo Blumel junto a Hernán Larraín Matte (Evópoli) lo emplazaron públicamente en una carta a El Mercurio, acusándolo de "pavimentar el camino" para que la Convención fracase. La Tercera también lo tuvo en su mira con una editorial el pasado miércoles en la que lo cuestiona por una supuesta falta de un "mínimo de sentido democrático". Barraza responde que dichos medios "están alineados con los grandes intereses económicos".

Pero esta no ha sido la única polémica en la que Barraza ha estado involucrado últimamente. Durante la semana pasada tuvo un duro encuentro con Henry Boys, candidato por el Distrito 11, cuando este sostuvo en directo durante un debate televisivo que, si fuese por él, proscribiría al Partido Comunista, a quien comparó a la Alemania nazi e hizo alusión a la llamada Ley Maldita, impuesta en el gobierno de Gabriel González Videla.

"Él es fiel representante de una doctrina de una ideología negacionista, tiene una matriz de análisis fascista. Tener como referencia política e intelectual a Gabriel González Videla no resiste ningún análisis. Él habla desde el negacionismo, desde el fascismo y yo me atrevo a decir que tiene incluso una conducta un tanto sociópata, porque no olvidemos que la Ley Maldita implicó no solo proscripción, sino que también muertes, encarcelamientos y torturas. Entonces, estamos frente a un apologista de la ultra derecha de nuestro país y por lo mismo creo que él es contrario a la democracia en su pensamiento y atenta contra ella", dice Barraza.

-En sus dichos, Boys alude a la paradoja de la tolerancia que propuso el filósofo Karl Popper, en ese sentido, ¿considera legítimo que un candidato que proponga este tipo de medidas postule a constituyente?

-No, no lo creo. Hay un mínimo estándar democrático y el está fuera de los contornos de la democracia. Él es un apologista de la dictadura, es un negacionista de las violaciones de los derechos humanos y utiliza sofismas como la paradoja de Popper para fundamentar un pensamiento que es contrario a los derechos fundamentales. Yo creo que los medios de comunicación están llamados a actuar con responsabilidad frente a la amenaza del fascismo. En consecuencia, no debiesen darle palestra a personas que propician una visión de la sociedad contraria a los derechos humanos y que los niegan. Porque argumentar que las Ley Maldita de González Videla es una ley legítima es claramente contrario a la vida.

-¿Cree que hay en Chile un temor al Partido Comunista? ¿Desde qué sector?

-Lo que ocurre, como en todos los procesos sociales dinámicos, es que el PC adquiere progresivamente mayor aceptación, mayor identificación social, mayor valoración de sus políticas, de sus propuestas, de sus conductas éticas frente a las transformaciones sociales y a las demandas populares. Pero, del mismo modo que existe una mayoría que crecientemente se identifica con el PC, también se van radicalizando grupos de extrema derecha, que buscan el exterminio de los comunistas, que buscan su exclusión, que buscan la persecución del pueblo mapuche. Es un discurso que se replica en grupos minoritarios de la sociedad, pero que desafortunadamente están anclados en las élites, en consecuencia, tienen poder económico, tienen acceso al poder militar y son un peligro a la democracia.

-¿Eso representa Boys?

-Sin duda, él es de la extrema y ultra derecha en Chile. Tener un constituyente de esas características resulta muy pernicioso para la sociedad chilena.

-Durante los últimos días ha recibido críticas desde la derecha tras impulsar que la instancia constituyente revise el quórum de los dos tercios instalado en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019. El ex ministro del Interior Gonzalo Blumel lo cuestionó públicamente al respecto. ¿Puede la convención cambiar lo pactado en noviembre?

-Yo creo que hay que esforzarse por modificar el quórum de los dos tercios. Dicho quórum en la actual Constitución han obstruido, limitado e impedido el avance de políticas democráticas, redistributivas. Yo he dado el ejemplo del agua, hace poquito acaba de salir una noticia de que en Quintay una empresa inmobiliaria controla el 99% del uso de aguas. Entonces, es evidente que los dos tercios operaron a favor de las élites y de los grupos económicos, y no en beneficio y en derecho del pueblo de Chile. Con ese quórum se intentó cambiar en el Senado y 12 senadores y senadoras, de Evópoli, RN y la UDI, votaron en contra de modificarlo para no convertirlo (el agua) en un bien de uso público y 24 senadores y senadoras de la oposición votaron a favor. Si 12 fue más que 24 entonces los dos tercios no sirven ni para la actual Constitución y por su puesto tampoco sirven para la convención constituyente. Leí un artículo donde Marisol Peña, constitucionalista de derecha, reconoce que estoy en lo correcto, que jurídicamente se pueden modificar los dos tercios. Por tanto, el problema no es si se puede o no, el problema es interpretar correctamente qué votó la ciudadanía el 25 de octubre.

-Ese es un punto interesante, porque uno de los principales argumentos de quienes defienden los dos tercios es que la norma habría sido ratificada por la gente a través del plebiscito.

-No, yo no lo veo así. Yo converso a diario con organizaciones sociales, con vecinas, con vecinos y creo que en estricto rigor la gente votó por un cambio en la Constitución y por un cambio en el sistema político. Y los dos tercios representan este sistema político. Es una institución que tiene en crisis a la sociedad chilena. Si la pregunta es cómo interpretar lo que se votó en 25 de octubre, algunos dicen, esencialmente la derecha y los neoliberales, que se votó por un paquete. Habemos una mayoría nacional que votamos por un cambio constitucional profundo. Esa voluntad se interpreta mejor a través del 80% que votó por el Apruebo. Acá hay un dato duro: el acuerdo del 15 de noviembre no contemplaba escaños reservados para los pueblos originarios, no contemplaba paridad de género, la participación de independientes y después lo contempló, precisamente porque el acuerdo adolece de estándares democráticos suficientes para el cambio constitucional y en ese sentido la Convención Constituyente, en mi opinión, va a tener mucho más legitimidad que el actual sistema político.

-En ese sentido, ¿qué límites podría tener la Convención como poder constituyente? ¿Qué pasa con los tratados internacionales, por ejemplo?

-Los tratados internacionales en materia de derechos humanos deben ser todos reconocidos, ese es un mínimo común civilizatorio: con ello hago alusión a la Convención de la Cedaw de derechos integrales de las mujeres, a los pactos internacionales en materia de pueblos originarios, el convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos del Niño, etc. Los tratados de derechos humanos son el fundamento de la nueva Constitución y deben ser un punto de partida, no un punto de llegada.

-Pero, pensando en que la Constitución será un documento jurídico que regirá la sociedad en el largo plazo, ¿tiene sentido establecer algún quórum que fuese más allá de la mayoría simple?

-Tengo la convicción de que los dos tercios es un instrumento de la actual Constitución que impide la democracia, de eso no tengo ninguna duda. Si el mecanismo es plebiscitar algunos acuerdos o en su defecto dotar a la Convención desde el reglamento de atribuciones para fijar el porcentaje, no tengo problema en que eso se discuta de esa manera. El punto es que no partamos de la premisa de que la Convención Constituyente se funda en un acuerdo del 15 de noviembre como que fuera el Código de Hammurabi, escrito sobre piedra sagrada y que no puede ser modificado, cuando ya hemos visto que ha sido modificado y esta es la materia neurálgica y sensible. Si se mantienen los dos tercios, muchas de las aspiraciones populares en materias de derechos económicos, sociales, culturales, aspiraciones sobre un nuevo sistema político, van a estar obstruidos. Creo que el camino es esforzarse por cambiarlo. Lo que estamos viviendo como transformación política que tiene como objetivo el cambio constitucional es fruto de la movilización social, no del buen juicio de la élites. Por tanto, hay que esforzarse por un cambio para alcanzar un estándar que permita que prevalezcan las mayorías por sobre las minorías y lo que defiende la derecha y los neoliberales es la soberanía de una minoría respecto de una mayoría.

-Entonces, ¿tiene contemplado promover plebiscitos, además del ratificatorio al final del proceso?

-Hay que explorar varias cosas, pudiese ser modificar el quórum, disminuirlo por cierto. Pudiese ser una nueva reforma constitucional, yo he conversado con el alcalde Daniel Jadue, que tengo la convicción de que él va a ser Presidente de la República, y es una materia que debiese estar en el plano programático de su propuesta. Creo, y así él lo ha expresado, que pudiese ser que aquello que tenga disenso se plebiscite. El punto está en que no se vulnere la soberanía popular.

-Sin embargo, sus propuestas lo han hecho blanco de críticas que lo tildan de antidemocrático. La editorial de La Tercera del pasado miércoles apunta a una supuesta falta de un “mínimo de sentido democrático” por su parte y de su partido. ¿Qué opina al respecto?

-La editorial de La Tercera muestra que los grandes medios de comunicación adoptaron una posición para defender la actual Constitución y sus elementos centrales. Están alineados con los grandes intereses económicos. Mi opinión particular es que lo antidemocrático es precisamente querer traspasar las mismas instituciones antidemocráticas de la actual Constitución al proceso constituyente y en eso yo no estoy de acuerdo. Creo que a la Convención hay que ir dotándola de atributos y cualidades que le permitan ejercer mayor democracia y mayor soberanía. Si uno lo ve desde el punto de vista de la gente, se votó por un cambio constitucional, no por los dos tercios.

"El Presidente tiene una absoluta conducta negadora de la realidad del pueblo"

El pasado martes, el Ejecutivo formalizó sus intenciones de frenar un posible tercer retiro de fondos de pensiones y presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. El mandatario no apareció en el punto de prensa para hacer el anuncio y la labor recayó en el ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Juan José Ossa. Ante las cámaras y flanqueado por los ministros Jaime Bellolio y Rodrigo Cerda, el secretario de Estado confirmó la decisión de llevar el asunto ante el cuestionado tribunal.

Las reacciones fueron inmediatas. Desde el mismo oficialismo salieron parlamentarios a calificar la decisión como un “error político”, mientras que la oposición comenzó un trabajo de coordinación para preparar una acusación constitucional contra el Presidente. Por su parte, el gabinete salió a respaldar al Presidente ante la opinión pública con una carta conjunta afirmando que la decisión de ir al TC fue unánime.

Pero también se abrió un flanco desde el mundo social. La misma noche del anuncio se realizó un cacerolazo masivo en distintos puntos del país. Al día siguiente aparecieron las barricadas y protestas en las calles en contra de la decisión del gobierno. A todo lo anterior se sumó la presión de los gremios, los que levantaron llamados a huelga a los que ya se sumaron la ANEF, la CUT, los trabajadores portuarios y los trabajadores del cobre.

-¿Cómo califica la decisión de llevar el proyecto de tercer retiro hasta el Tribunal Constitucional, considerando las movilizaciones sociales que han ocurrido desde el anuncio?

-Recurrió al TC bajo la actuales circunstancias de carencias y miserias que está viviendo el país, negando la posibilidad de un retiro. Pero, veámoslo de este modo, el retiro del 10% es 10 veces lo que el Estado ha destinado en el IFE en materia de recursos y cuando uno mira los estudios de en qué se gastó la plata en el primer y segundo retiro, es en bienes de consumo, alimentación y pago de deudas. Por tanto, lo que el Presidente ha hecho es definitivamente darle un portazo en la cara a las personas, a las familias, a los trabajadores y las trabajadoras, y optar por mantener los dogmas y los elementos centrales del modelo neoliberal.

-¿Cree que a eso responde haber llevado el proyecto al TC? ¿Cómo interpreta la decisión?

-Tiene varias dimensiones. Desde la perspectiva psicológica hay una absoluta conducta negadora de la realidad del pueblo de Chile. El Presidente vela por sus propios intereses él es parte de los súper ricos y está en contra del impuesto a los súper ricos, no tiene ningún problema moral en proteger sus ingresos y a la inversa, niega los derechos del pueblo. Eso desde la dimensión de su personalidad. Pero desde el punto de vista del Estado, él ha optado por preservar los elementos centrales del modelo neoliberal, políticas de focalización, mantención de un sistema con lucro en materia de AFP y, a la inversa, negar la posibilidad de una mayor redistribución.

¿Qué opina de la ampliación de algunas medidas económicas, como la rebaja de los requisitos del IFE?

-El Presidente ha actuado a cuenta gotas permanentemente, desplegando iniciativas tardías y en el marco de políticas de híper focalización que han agudizado los porcentajes de pobreza en el país. De acuerdo a la última Casen la probreza está cerca del 7%, las estimaciones internacionales es que en Chile pudiese empinarse, aunque aún no hay mediciones publicadas, entre 13 y 16 %. Otro dato importante es el informe del Banco Mundial que muestra que 2 millones 300 mil personas decrecieron en materia de estratificación socioeconómica de los denominada clase media, a sectores vulnerables. Más de un millón de personas se han incorporado al registro social de hogares al 40%, es decir, al porcentaje más vulnerable. Por donde uno mire lo que está dando cuenta esto es que las condiciones socioeconómicas se han derribado.

Los esfuerzos fiscales desplegados por el gobierno han sido absolutamente insuficientes con las carencias que tiene la población. Se ha sostenido en entregas de bonos que tienen requisitos de acceso imposibles de alcanzar con los ingresos que tienen las personas. En consecuencia, excluyen. De lo que hemos sido testigos es de un política pública para enfrentar la pandemia errada y egoísta por parte del gobierno. Es más, el Bono Clase Media en los hechos deja excluidos del orden de 3 millones de trabajadores informales o por cuenta propia, que no tiene cobertura ni con el IFE ni con el Bono. Entonces, el anuncio del Presidente no es otra cosa que una estratagema discursiva para desagregar la mayoría que en el parlamento se fue construyendo a favor del retiro del 10%, en consonancia con la demanda popular.

-En su decálogo de ideas fuerza para una nueva Constitución sostiene la creación de un nuevo sistema de seguridad social. ¿Qué elementos de ese nuevo sistema podrían haber ayudado en una crisis como esta?

-El gobierno debiese haber actuado con mayor empatía en materia de las carencias que vivió el pueblo y eso obliga a repensar la protección social y la seguridad social en nuestro país. Sostener políticas públicas orientadas al 40% más vulnerables, al 60% más vulnerables, evidentemente que no es suficiente. Chile requiere para sostener un sistema de seguridad y protección social más integral ir con coberturas más amplias. Creo que hay consenso mayoritario en el país que se tiene que transitar hacia la ampliación de derechos sociales, pues bien, esa ampliación hay que sostenerla en términos de recursos y eso obliga a una redistribución progresiva de esos recursos haciendo que la mayor carga tributaria recaiga sobre los súper ricos y las grandes empresas.

El principio de justicia fiscal en la nueva Constitución es clave para sostener una nueva seguridad social. Además, un tema clave es que las AFP, las mutuales, las cajas de compensación, dejen de ser instituciones privadas. El lucro es incompatible con la seguridad social. El sistema de AFP tiene utilidades de 800 y tantos millones de dólares al año mientras que los cotizantes tienen rentabilidades del 5%, y eso es porque el sistema está pensado con orientación al lucro y no como un derecho social. En mi opinión, aprobar el Convenio 102 de la OIT y convertirlo en un instrumento activo de la nueva Constitución sería un paso importante en la construcción de una seguridad social con énfasis en la redistribución.

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