Apuntan al alto mando de Carabineros: Interponen inéditas querellas que establecen “patrón” común y generalizado en violación a los DD.HH.
Dos nuevas querellas vinculadas al accionar de Carabineros durante el denominado estallido social fueron presentadas este lunes por organizaciones de derechos humanos, mediante las cuales se exponen antecedentes relevantes para la determinación de la responsabilidad penal de quienes integran la cadena de mando de la institución uniformada.
Ambas acciones legales sindican a Carabineros como “responsables de los hechos de violencia contra la población civil descritos en miles de denuncias en todo el país desde el 18 de octubre de 2019”. En particular, se acusa de apremios ilegítimos y cualquier otro delito que pueda configuarse.
En específico, se advierte de la existencia en Carabineros de un sistema efectivo para “asegurar el cumplimiento de los miembros de las reglas y órdenes impuestos por los más altos niveles de mando” y que, pese a ello, los efectivos de la institución desplegados en la ciudad cometieron “conductas delictivas generalizadas”. Lo anterior no habría sucedido “de haber mediado una orden de la autoridad que impidiera o hiciera cesar la aplicación de estos apremios ilegítimos en contra de los manifestantes”.
Para determinar lo anterior, se utilizaron múltiples fuentes mediante las cuales se pudo apreciar “la existencia de patrones criminales, evidenciados por la repetición de conducta criminal similar con regularidad, con un cierto modus operandi, que llevó a que reiteradamente se llevaran adelante la misma clase de conductas tendientes a la misma clase de efectos en la población civil; todo ello posibilitado por la decisión acerca del uso de recursos públicos y la logística que implica el despliegue de funcionarios apertrechados con grandes cantidades de armas y municiones a ser usadas contra la población civil; cuyo despliegue y actividad contó con el abierto y público respaldo de sus superiores, manifestado en múltiples oportunidades”.
El primer libelo aborda los hechos ocurridos en el sector de Plaza Baquedano, mencionado como Plaza Italia en la acción legal, y lugares colindantes en los meses de octubre y noviembre de 2019, “en el entendido que puedan ser investigados en conjunto, dado que obedecen a patrones de conducta similares”.
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Los hechos abordados en la primera querella están circunscritos a una zona delimitada, según se observa en el mapa referencial.[/caption]
El segundo, en tanto, apunta a hechos ocurridos en esos mismos meses de 2019 en la comuna de Maipú. De acuerdo al libelo, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile (DJUCH), creada con el objeto de coadyuvar en la promoción y protección de los derechos humanos, recibió miles de denuncias de víctimas “cuyos derechos fundamentales fueron lesionados por agentes del Estado mediante la comisión de delitos, siendo reconocibles en los hechos descritos patrones de conducta”.
La Defensoría desplegó 400 voluntarias y voluntarios en toda la Región Metropolitana, así como en la comuna de Maipú, donde realizó una labor de monitoreo de la situación de los detenidos y detenidas en la 25° Comisaría de dicha zona. De manera simultánea, un segundo equipo de voluntarias y voluntarios recepcionaba los relatos de violencia policial emanados de la comuna mencionada, para prestar asesoría jurídica en la redacción y presentación de denuncias ante el Ministerio Público. A consecuencia de este trabajo, dice la querella, “fue posible identificar en Maipú ciertos patrones 'serie de conductas de carácter general, reiteradas y sistemáticas' en el actuar del cuerpo de Carabineros desplegado en aquella zona, específicamente en el área comprendida en las calles contiguas a la Plaza de Armas de Maipú, calzando aquel perímetro con el cuadrante N°218C a cargo de la 25° Comisaría de Maipú. Adicionalmente, en Maipú ocurrieron dos de las 33 muertes reportadas por el Ministerio Público durante el estallido social”.
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Localización de los eventos vinculados con violaciones a los DD.HH. en el estallido social en Maipú.[/caption]
Ambas acciones legales responden a un trabajo recopilatorio y de análisis que duró doce meses y que se da a a conocer justo cuando se cumple un año y medio del estallido social. Las querellas fueron presentadas ante el 7° y 9° juzgados de garantía, respectivamente, por Londres 38, Casa de la Memoria, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) y el Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (CED).
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Karinna Fernández, de Londres 38.[/caption]
“Estas querellas son el reflejo de un proceso que va desde lo jurídico a lo fáctico. Se trata de no dejar pasar la perpetración de los delitos que vimos cometerse en las calles en octubre y noviembre de 2019, desde su entramado mismo macrocrimnal, que tiene que ver con la existencia de patrones que vimos repetirse una y otra vez”, dice Karinna Fernández, abogada de Londres 38. “Quienes conformamos la Defensoría creíamos que había una herramienta jurídica relevante que no podía dejarse pasar y que tenía que ser capaz de generar hitos jurídicos, transformados en querella, que dieran cuenta de la existencia de dichos patrones”.
En tanto, Javiera Corvalán, abogada de Abofem, añade que “el establecimiento de patrones de conducta en la manera en que se apremió ilegítimamente a los manifestantes nos permitió concluir que -contrario a lo que ha afirmado Carabineros- lo que existió fue en realidad una práctica generalizada, que fue conocida y, más aún, ordenada y coordinada por los mandos de Carabineros de Chile, y que terminó con una cifra inusitada de manifestantes lesionados y con una cantidad de estallidos oculares inédita en el mundo. Esto es sumamente grave y permite configurar la responsabilidad penal del alto mando, pues ellos conocían la peligrosidad de sus armas y los lesivos efectos que conllevaba el uso indiscriminado de ellas, pero pese a esto, y en pleno conocimiento de lo que ocurría en las calles, continuaron dirigiendo estos operativos policiales sabiendo y aceptando que los manifestantes seguirían siendo gravemente lesionados”.
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Javiera Corvalán, de Abofem.[/caption]
Respecto del trabajo recopilatorio de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, Corvalán agrega que “fue realmente impresionante”, pues “toda la información que utilizamos para las querellas comenzó en octubre de 2019, hasta marzo del 2020. Luego tuvimos que sistematizarla, ordenarla, encontrar patrones de conducta, etcétera. Esto nos tomó varios meses más, aproximadamente hasta septiembre de 2020. Y finalmente, la redacción de las querellas con todo ese material ya sistematizado nos tomó más o menos otros 3 meses. Toda esta información, los patrones de conducta que pudimos identificar luego de sistematizarla, la forma en que el alto mando de Carabineros desplegó a sus operativos en las calles, entre otros, estando en conocimiento directo de todo lo que estaba ocurriendo, de la lesividad del uso indiscriminado de sus armas, nos permitió llegar a la convicción de que no se trató de hechos aislados y que no sólo cometieron delitos los funcionarios policiales que estaban en las calles; también los cometieron quienes integraban el alto mando de Carabineros”.
