El llamado que realizó Presidencia hace un par de semanas a Ángel González, propietario de La Red, cuestionando la línea editorial del canal privado tras la emisión de una entrevista a Mauricio Hernández Norambuena, alias "Comandante Ramiro", el ex frentista condenado en nuestro país por el homicidio del senador Jaime Guzmán y el secuestro del heredero de El Mercurio, Cristián Edwards, generó consecuencias.

La molestia en la plana ejecutiva del canal actualmente liderado por el periodista Víctor Gutiérrez, se tradujo en una avanzada de su gestión, desde donde se adoptó la decisión de recurrir a instancias internacionales para defender su línea editorial, además del ejercicio de la libertad de expresión en democracia, motivo por el cual se reclutó al abogado y ex director del Instituto Nacional del Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, quien representará a La Red en su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Marelic, de dilatada carrera en temas vinculados a los derechos humanos, explicó a El Desconcierto los alcances de la denuncia y qué busca el canal con ella.

-¿En en qué consiste la acción que va a interponer La Red ante la Comisión Interamericana de DD.HH tras los llamados de La Moneda a la propiedad del canal?

Es una comunicación que pone en antecedentes la conducta reiterada de la Presidencia de la República en torno a influir en las pautas editoriales de los medios que no comparte el contenido de ellos. Este es un caso bastante evidente de un intento, un injerencia, de presiones para que los medios de comunicación no realicen su pleno trabajo. Porque un medio, en este caso La Red, por ser etiquetado de izquierda -eso se supo de la llamada- no podría ejercer libremente el periodismo y comunicar libremente las ideas, simplemente porque pertenecen a esa ideología política. Eso no es aceptable en una sociedad democrática.

Entonces, la acción es una comunicación poniendo en antecedente de que existe riesgo. Todavía no constituye un caso, sino una llamada de alerta y de atención para que el Estado no siga por este camino que afecta la libertad de expresión

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-¿Bajo qué premisas o certezas jurídicas se materializa esa acción ante la Comisión?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano principal de la OEA, tiene múltiples funciones y una de esas, es la prevención y la promoción de derechos. La Comisión, como también otros organismos, también de Naciones Unidas, no tiene que esperar a que una violación de derechos humanos en un país ocurra para manifestarse, sino que tienen también labores preventivas. Y en ese caso, tenemos un riesgo, una actitud que afecta gravemente el ejercicio del periodismo. Bajo esa premisa se va a poner en antecedentes a la Comisión para que adopte las medidas del caso, que pueden ser y se pueden traducir en recomendaciones, solicitud de información.

Pero lo importante es que se puso el tema sobre la mesa, se puso el tema de que esto no es aceptable y que el ejercicio de la libertad de expresión no está asegurado en ningún país, uno tiene que protegerlo día a día. Y en el caso de La Red, puso un límite a aquello y esto es que no se pueden permitir injerencias desde el Estado a las líneas editoriales.

-En términos jurídicos, ¿cómo impactan en el ejercicio democrático este tipo de acciones lideradas por el Presidente de un país?

Impactan gravemente cuando se ostenta un cargo público, en este caso la primera magistratura del Estado u otros cargos en otros organismos, uno asume varias responsabilidades. Y una es cuidar muy bien y emitir señales correctas en el ejercicio de su cargo. Y eso es no interferir con la libertad de expresión, es entender que la labor periodística permite un control ciudadano del poder e incentivar también el debate sobre los asuntos de interés público.

Cuando por cualquier forma, ya sea presiones más directas, presión indirecta, amenazas, restricciones y acciones en general que se pueden ejercer en un Estado, cualquiera de esas acciones, desde la más grande a la más pequeña, pone en riesgo y entorpece un valor fundamental de la democracia, que es la libre circulación de las ideas, es la libertad para emitir y sobre todo el derecho de la ciudadanía de recibir un juicio propio. Y cuando el Estado se interpone en eso, de manera abusiva, tenemos un germen de falla del Estado, de falla de la democracia.

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-¿En qué consiste específicamente el proceso?

Una comunicación que pone en antecedentes a la Comisión Interamericana de DD.HH para que, en el ejercicio de sus funciones, pueda recomendar y acompañar al Estado de Chile en la corrección de sus actitudes. En términos más sencillos, es solicitarle a la Comisión que reconvenga amistosamente al Estado a que no vuelva a cometer estas acciones. Y en este caso estamos hablando de acciones muy específicas en torno a La Red, pero cuando uno abre un poco el tema se da cuenta de que justo esta semana también se conocieron las interceptaciones telefónicas a varios periodistas que estaban cubriendo temas de corrupción. Vinculado a eso, es muy posible que la Comisión pueda conocer más casos y hacer recomendaciones más integrales.

La Comisión, la relatoría, los expertos, y también Naciones Unidas, permanentemente están recomendando a los estados. Lo más probable es que la libertad de expresión uno nunca haya pensado en Chile que es un tema de derechos humanos, tenemos otros temas mucho más relevantes en la opinión pública, pero la libertad de expresión siempre está presente. Quizá este es el momento para tener un debate más serio y mucho más informado sobre el tema en la ciudadanía y en el Estado.

-¿Qué busca la dirección del canal a través de esta acción?

Desde el punto de vista jurídico, es llamar la atención, poner límites de lo que puede ser aceptado y lo que no puede ser aceptado. Un Estado democrático que cumple y previene las violaciones a los derechos humanos, no puede estar interfiriendo en las pautas. Este límite se está poniendo ahora, probablemente si no se pone acá, las vulneraciones o los riesgos pueden seguir aumentando. Este es un primer llamado de atención.

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