El 3 de marzo Chile cumplió un año en pandemia, periodo durante el cual las desigualdades estructurales de nuestra sociedad se han profundizado, repercutiendo de manera significativa en los más vulnerables, entre ellos las personas en situación de discapacidad, que constituyen el 20% de la población del país (ENDISC, 2015). Este grupo no sólo vive mayoritariamente en la pobreza, sino también enfrenta a diario múltiples barreras que producen desigualdades injustas y evitables. Entre ellas, se cuenta el intentar desarrollar sus proyectos vitales en un sistema educativo segregador, que ofrece escasa continuidad y produce alta deserción en el camino.

Para el funcionamiento de la educación especial (Escuelas Especiales y Programas de Integración Escolar), se ha hecho el esfuerzo por compatibilizar la educación a distancia y la interacción presencial de una población con las más diversas características de salud, conductuales y sociales. Todo ello, intentando mantener condiciones de máxima seguridad (sanitarias, físicas y emocionales), desarrollar aprendizajes y además cumplir con los requisitos para asegurar el pago de subvenciones. Nos referimos a las evaluaciones integrales y la carga administrativa asociada a procesos de ingresos y reingresos.

El Ministerio de Educación ha tenido tiempo suficiente para cambiar la estrategia en relación a los estudiantes con discapacidad, sin embargo continúa enfocando sus recursos humanos y materiales en la producción de documentos que nada más aplazan fechas de diagnósticos para el pago de subvenciones, pero que no resuelven el tema de fondo: la necesidad de asegurar el derecho a la educación a estudiantes con discapacidad sin exigir condición alguna. Los equipos educativos (profesores de educación diferencial, psicólogos, fonoaudiólogos, entre otros) han hecho lo imposible por brindar los apoyos que los estudiantes y sus familias necesitan (pedagógicos, emocionales, terapéuticos y sociales), pero el desgaste, omitido hasta ahora por la autoridad, es evidente en cada establecimiento. Y es que las prioridades de los equipos y las del nivel central distan demasiado entre sí.

Los requisitos impuestos y no flexibilizados hasta ahora, como la evaluación diagnóstica integral, son imposibles de cumplir en tiempos excepcionales como este. Ya no es sólo que no existan los especialistas médicos (neurólogos o psiquiatras) en varias zonas del país (problema habitual), sino que se trata de exigirle a una red de salud colapsada y totalmente volcada a la contención del virus que re-direccione parte de sus recursos para la realización de evaluaciones muchas veces innecesarias (para diagnósticos ya establecidos que no variarán con el tiempo) y a la aplicación de pruebas estandarizadas en un contexto excepcional en el que los resultados muy probablemente se verán alterados.

La falta de lineamientos y parámetros pertinentes y concretos para dar respuesta a personas en situación de discapacidad en las modalidades de educación especial ha sido una irresponsabilidad de parte del gobierno. Las necesidades de esta población derivadas de la pandemia parecieran no ser de interés del Mineduc pues el foco se mantiene en lo administrativo, relevando el criterio económico por sobre el humano.

El condicionamiento del pago de la subvención de educación especial, producto de la complejización de los procedimientos diagnósticos durante la pandemia, es lo que pone en riesgo la continuidad de los procesos educativos de los/as estudiantes y la estabilidad emocional y laboral del personal especialista que los otorga. Pero, en términos más profundos, se pone de manifiesto la desconexión con la realidad que enfrenta la educación de las personas en situación de discapacidad frente a las orientaciones que entrega el gobierno de Chile por la voz del Ministerio de Educación a cargo de trabajar efectivamente por un Chile más digno para todos/as.