En Chile, las enfermedades mentales son la primera causa de licencia médica desde 2008 y representan el 23% de la carga de enfermedad. Antes de la pandemia 1 de cada 4 chilenas y chilenos eran afectados por esta crisis, que es invisible para el Estado, pero no para las familias. Hoy la realidad es aún más crítica y se estima que podría haber 1 de cada 3 personas afectadas tras la pandemia, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar que estaríamos frente a una segunda pandemia, que podría ser más persistente e incluso más costosa que la del COVID-19.

Desde antes de la pandemia, Chile se encontraba dentro de los países de la OCDE que tienen tasas elevadas de suicidios, siendo especialmente alarmante el aumento que ha tenido el suicidio adolescente; además existía un problema grave de consumo de alcohol, tabaco, marihuana y cocaína, aspecto en el que no hemos podido garantizar tratamiento para el consumo problemático de cerca de 90 mil personas (alcanzando a sólo 30 mil de ellas). A esto se suma el aumento de casos de violencia intrafamiliar, así como la dificultad para vivir el duelo de quienes fallecen en este periodo –no sólo de Covid, sino por cualquier causa– imposibilitando los ritos tradicionales, lo que pone en un complejo escenario a la salud mental de la población general, y aumenta aún más el riesgo de estrés postraumático del personal de la salud que, extenuado, persiste trabajando día a día para contener el dolor y salvar vidas.

Los esfuerzos que ha realizado el gobierno son insuficientes; en las decisiones diarias pareciese que el bienestar y el cuidado están ausentes como estrategias para reducir el estrés, y la empatía ante el dolor no logra permear el relato. La crisis de la salud mental en Chile se refleja claramente en su presupuesto: mientras el gasto en salud mental en los países de la OCDE ha ido en aumento y representa entre el 5% y 18% del gasto total en salud, en Chile no alcanza la mitad del mínimo establecido por la OMS de 5%: apenas se destina en salud mental cerca de 2,2% del presupuesto total de salud.

Por esto es necesario contar con paridad en el gasto, lo que significa que por cada peso que se invierta en salud física exista una correlación con la inversión en salud mental. Para eso presentamos un proyecto de ley que establece mecanismos que promuevan y garanticen el derecho de acceso sin discriminación a la salud mental. Nuestro proyecto establece el principio de financiamiento progresivo que el Ministerio de Hacienda deberá informar cada año con la Ley de Presupuestos. También establece que en el plazo de un año el Ministerio de Salud debe crear un plan para promover la paridad en salud mental que reduzca las brechas de acceso que existen; que los futuros establecimientos de salud deberán considerar áreas de atención para la salud mental y, aunque trabajaremos para que exista un Seguro Único de Salud Universal terminando así con las isapres, en el intertanto establece que las isapres y seguros complementarios de salud deben cubrir las prestaciones de salud mental sin discriminaciones, estableciendo sanciones entre 10 y 150 UTA.

Además de este proyecto, para enfrentar los estragos de la pandemia en esta materia, proponemos: 1) la creación de un plan específico de salud mental para el personal de salud; 2) el fortalecimiento de la Atención Primaria, reforzando cada consultorio en el país con dos psicólogos y trabajadores sociales, que puedan enfocarse, respectivamente, en la contención emocional y en las familias que han tenido pérdidas (lo que tendría un costo aproximado de $ 4.800.000 por consultorio); y 3) terminar de forma inmediata con los topes de las coberturas de las isapres en salud mental. La salud mental importa y es clave en el bienestar de las personas. No hay salud sin salud mental, por eso es hora de visibilizarla y priorizarla.