En noviembre de 2019 se presentó un proyecto de ley en Chile para rebajar la edad de votación a los 14 años. Esta iniciativa surgió luego de lo vivido el 18 de octubre del mismo año, cuando pudimos observar a escolares manifestándose contra el alza en el pasaje del transporte colectivo, en los metros y calles del país. Sin embargo, el proyecto fue rechazado, y el principal contraargumento fue la falta de madurez de los jóvenes. Es posible que el derecho a sufragio dependa principalmente de dos condiciones. La primera es el acceso a una educación ciudadana crítica e inclusiva; es decir, una educación que garantice un análisis crítico y un debate amplio e inclusivo sobre los asuntos políticos de las sociedades y el funcionamiento de nuestra democracia. Y la segunda es la conciencia por la comunidad. La primera aún no ha sido garantizada en Chile (el plan de formación ciudadana existente no es crítico ni inclusivo), sin embargo, la existencia de la segunda es más debatible. Aunque esta necesariamente debe ser potenciada (y un buen funcionamiento de la primera es condición para ello), resulta necesario plantear la pregunta sobre la preocupación por la comunidad, al evaluar la posibilidad de considerar ciudadanas y ciudadanos a las y los jóvenes menores de 18 años.

El 28 de marzo del 2016 fue promulgada la Ley 20911, que establece un plan de formación ciudadana para las instituciones educacionales reconocidas por el Estado de Chile. Este plan presenta varios problemas. Primero, si bien señala que la formación debe contemplar educación parvularia, básica y media, sólo establece obligatoriedad en tercero y cuarto medio. Segundo, esboza apenas ciertas directrices, pero le asigna la tarea de impartir el plan a cada establecimiento. Si bien las y los educadores son indicados para hacerse cargo de esta misión (y aquí también surge una oportunidad para politólogas y politólogos), debiese existir una cohesión entre los planes de formación discutidos en cada institución educativa del país. Por último, en la práctica, este plan no llega a todos los establecimientos educacionales, y menos a las comunidades más precarias. ¿Acaso estas no cuentan por no ser reconocidas por el Estado?

Una educación ciudadana crítica e inclusiva es una condición necesaria para abrir paso a rebajar la edad de votación en el país. Consecuentemente, nuestra comunidad política se fortalece; es decir, nuestra forma de vivir en común. Más personas comprometidas con nuestra sociedad debe ser beneficioso para nuestra democracia. A mi juicio, 16 años es una buena edad, y para eso la formación debe ser impartida los primeros dos años de la enseñanza media, a más tardar. Pero, ¿por qué es importante hacer este cambio? 

El 18 de octubre de 2019 ocurrió un hito que inició una revuelta social en Chile. Multitudes de escolares se manifestaron contra la decisión del gobierno de subir $ 30 el pasaje del transporte, que de público nada tiene. Su bondadosa acción representaba a una comunidad que ha sido víctima de abusos de poder e injusticia social durante décadas. Además, es increíble cómo demostraron tener claro que no podían aceptar menos de lo que merecían. Y es esperanzador cómo se hicieron parte de aquel espacio del cual no se les permitía ser parte: el espacio público-político. Actos como estos han ocurrido antes también. Por ejemplo, el 17 de mayo del 2018 estudiantes del liceo de mujeres Carmela Carvajal se tomaron el emblemático Instituto Nacional de hombres durante una hora, para protestar contra la (tal como fue reclamada por ellas) violencia machista característica de la institución. En ambos casos se trata de grupos que, sin previo aviso, se hacen parte de un espacio que les ha sido negado, demandando que sus voces sean escuchadas y reconocidas, y finalmente asumiéndose como iguales a cualquier otro. Ese acto inesperado irrumpe en el espacio público, que es asumido como propio, y como consecuencia perturba el orden de las cosas y las normas establecidas. Esto, por cierto, calza con la conceptualización de ‘política’ de Jacques Rancière.

La conciencia política de estos grupos de jóvenes, manifestada a través de sus acciones políticas, sirve como antecedente para preguntarnos sobre su participación en los procesos políticos institucionales del país. Si bien la política extrainstitucional es fundamental, es a lo menos curioso que quienes iniciaron una revuelta en Chile, que impulsó la proclamación del plebiscito por una nueva Constitución, no hayan podido expresar sus preferencias a través del voto. Pero estos antecedentes no implican necesariamente que todas y todos los jóvenes estén preparados para ejercer la responsabilidad política de la ciudadanía. De hecho, el modelo educativo de mercado instalado hace más de 30 años en Chile dificulta el ejercicio político de la educación y su rol clave para formar ciudadanas y ciudadanos. Por lo mismo es tan fundamental que se estimule y garantice la politicidad de la educación en el país.

Urge, entonces, analizar críticamente la educación a la que las y los jóvenes de Chile acceden hoy, y particularmente el plan de formación ciudadana establecido por el Estado. ¿Puede este plan estar orientado a formar ciudadanas y ciudadanos críticos en un modelo educativo que no ha cambiado estructuralmente? Es difícil, pero impulsar una educación ciudadana crítica e inclusiva podría hacer el contrapeso, y significar un avance sustancial en nuestro sistema educativo.