Este lunes, la Comisión de Economía recibió al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien expuso acerca de las denuncias sobre el eventual sobreprecio pagado por los productos de las cajas de alimentos distribuidas por el gobierno, en el marco del programa ‘Alimentos para Chile’.

En febrero del presente año, la Contraloría ya había alertado sobre diversas irregularidades en el plan del gobierno, en donde descubrieron sobreprecios de hasta un 44% en algunas regiones.

El contralor, señaló que los recursos públicos para la entrega de alimentos son de ejecución inmediata. Por tanto, contratos y órdenes de compra podían estar exentos del certificado de disponibilidad presupuestaria, sin perjuicio del control de legalidad que, a posteriori, le corresponde a la Contraloría General de la República.

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Así, se estudiaron 162 resoluciones relativas a compras de cajas de alimentos, de las cuales 126 fueron tomadas de razón y/o cursadas con alcance; 13 definitivamente representadas; 18 fueron definitivamente retiradas y cinco fueron objeto de abstención.

A su vez, se revisaron 70 resoluciones de transferencias desde la Subsecretaría del Interior a las distintas intendencias; aspecto en que el contralor enfatizó que las transferencias desde el Ministerio del Interior a las intendencias y municipios constituyen recursos extrapresupuestarios, de uso más o menos discrecional.

Irregularidades en 15 comunas

En su exposición, la autoridad mencionó diversos ejemplos sobre la materia, como el caso de la intendencia de la Región de Antofagasta, donde un contratista declaró como giros, en 2016, actividades de asesoría y consultoría y, solo con fecha 4 de mayo de 2020, vale decir, el mismo día de solicitada la cotización, agregó como actividad tributaria la venta al por mayor de confites, huevos, lácteos, abarrotes y otros alimentos.

En Tarapacá, se representó que una adjudicataria del contrato no desarrolló los trabajos operativos de gestión con proveedores, contratación de personal, armado de cajas de alimentos y coordinación para la distribución a los beneficiarios. Dichas labores, según afirmó, fueron realizadas por otra empresa que también amplió su giro a uno relacionado con el contrato.

Respecto al análisis de precios hecho entre el 18 de mayo y el 30 de junio del año pasado, se detectó que, por ejemplo, en la región de Tarapacá se pagó un valor promedio de $51.524 pesos por caja de alimentos, valor que hubiese bajado a $28.693 pesos si se hubiesen aplicado valores alternativos disponibles. Ello arroja una diferencia de 44,3% de sobreprecio que se eleva a un 81,2% si se hubiese buscado al proveedor más barato.

El estudio concluye que 15 de las 16 regiones del país pagaron mayores valores que los alternativos; que solo en la región del Biobío se pagó un precio menor que el alternativo y que en la de Aysén no fue posible contar con otra posibilidad que la aplicada (con un valor de $72.553 pesos por caja).

Conclusiones

El contralor detalló que las compras de las canastas familiares a nivel nacional fueron, en promedio, un 12,1% más caras que las cotizadas en línea, incluyendo un 4% de costos de insumos y servicios (armado, traslado etc.) y un 15,6% más caras sin considerar dichos costos.

15 de las 16 regiones compraron las canastas familiares seleccionadas a un mayor precio que lo cotizado por cada Contraloría Regional en comercios que se caracterizan por sus bajos precios. En esas 15 regiones, la diferencia entre el valor de compra y el de cotización fue de: $23.530, en Tarapacá; de $16.021, en Arica y Parinacota; de $15.184, en Maule; y de $12.710, en Valparaíso. Ello, hubiera permitido comprar 81,2%, 70,3%, 70,2% y 57%, más productos, respectivamente.

Otra observación recurrente fue la falta de control en los centros de acopio, tanto de las canastas o insumos recibidos, como de las despachadas. En los casos en que se sustituyen elementos de las canastas, aquello no atendió a criterios de equivalencia nutricional, de peso o de precio.

En varias ocasiones, las empresas cotizadas compartían domicilio, o bien, una actuaba como “testaferro” de la otra. Tanto los cronogramas de entrega, como los lugares en que se debía distribuir, en muchas ocasiones, no se cumplieron. Sin embargo, en varias oportunidades, las intendencias o gobernaciones regionales no aplicaron las multas previstas para los incumplimientos de los proveedores.

Todos estos antecedentes llevaron al diputado Alexis Sepúlveda (PR) a reiterar la necesidad de solicitar una comisión investigadora que indague los sobreprecios pagados en el programa de canastas y cajas de alimentos.