Terram lanza propuesta de directrices ambientales para una Nueva Constitución
"Directrices para transformar la relación sociedad-naturaleza en una nueva Constitución" se titula el documento recientemente publicado por Fundación Terram, en el cual se presentan siete directrices ambientales y un glosario constituyente con el fin de aportar al debate en curso por una nueva Constitución, en un contexto de urgencia climática, crisis hídrica y grave degradación de los ecosistemas terrestres y marinos.
En un escenario donde las propuestas constituyentes en materia ambiental abundan, tal vez un sello distintivo de la presentada por Fundación Terram se encuentra en la idea de garantizar mayores niveles y estándares de injerencia y participación desde los distintos territorios en la adopción de decisiones públicas, estableciendo mecanismos de democracia directa, tales como la realización de plebiscitos y referendos ante diversas situaciones, la iniciativa popular de ley y la revocatoria de mandatos de elección popular bajo ciertos casos de especial gravedad, así como dotar de mayores competencias decisorias a gobiernos locales y organizaciones comunitarias.
Para Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de la fundación, “igual de importante que establecer ciertos principios ambientales en una nueva Constitución, es avanzar en una verdadera democratización del poder político, ya que sin ello, hacia adelante no será posible transformar la relación que como sociedad tenemos con la naturaleza”.
En el documento, se propone también el reconocimiento del carácter de bien común de los componentes de la naturaleza y del principio de buena gobernanza de los mismos, como las aguas, los suelos, los minerales, los espacios marinos y costeros, con el fin de cautelar que el acceso, uso y aprovechamiento de estos no sea discriminatorio y no presente ningún tipo de limitaciones derivadas de la presencia de derechos de propiedad.
De la mano de lo anterior, otra de las directrices elaboradas por Fundación Terram propone que una nueva Constitución debe establecer limitaciones y restricciones al ejercicio de determinados derechos fundamentales en función de la protección ambiental y reconocer la función social propiedad, en el entendido de que un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad, y de que el derecho de propiedad no es absoluto, sino más bien le es inherente una función social que implica obligaciones y limitaciones a este derecho atendiendo el interés de la colectividad.
Entre las demás directrices propuestas por Terram, se encuentran la revalorización y reconocimiento de la diversidad geográfica, ambiental y cultural propia de los territorios; la consagración de la justicia ambiental como principio y finalidad a las que el Estado debe propender para garantizar el bienestar y calidad de vida de las personas; el establecimiento de derechos humanos ambientales y su protección mediante una acción de tutela o garantía frente a su vulneración; y la imposición de deberes ambientales del Estado vinculados a la protección de la naturaleza.
