La Agenda de Seguridad presenta las últimas actualizaciones del Ejecutivo para la gestión local del fenómeno delictual. Esto, en tanto urgencia, es coherente con la instalación mediática y política de la seguridad pública como un fenómeno en descontrol e inabordable desde las capacidades propias de las municipalidades. Como resultado, el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública con los Municipios resulta muy oportuno, no sólo para que las unidades uniformadas de patrullaje municipal tengan sentido, sino que también para darle sustancia a la discusión política, sobre todo ad-portas de un macro evento electoral.

Dada su prioridad, la seguridad pública se posiciona como el tópico de mayor relevancia, del que todas las candidaturas tendrán que decir algo. Pero también refiere a aquello donde todos querrán mostrar algo: una cámara de televigilancia, un nuevo vehículo de patrullaje comunal, un dron, etc. Sin embargo, ¿esta agenda permite a los gobiernos comunales pensar la seguridad pública una vez ganada la elección?, ¿es posible el desarrollo (o la continuidad) de programas integrales de seguridad ciudadana desde los gobiernos locales?

El acuerdo, presentado por el ministro del Interior (Rodrigo Delgado) en compañía con la Asociación Chilena de Municipalidades, Asociación de Municipalidades de Chile y la Asociación de Municipalidades Rurales, contiene ocho puntos que, en todo caso, caen en una mirada estrecha que no permite el abordaje de una política pública que trascienda el control. El consenso más actualizado con respecto a la seguridad ciudadana asume la necesidad de integrar el control del delito con el mundo de la prevención. A propósito de lo último, el gobierno local es el actor de mayor relevancia, no porque cuente con las capacidades para enfrentarse, investigar y encarcelar a los criminales, sino que por su cercanía que mantienen, o deberían mantener, los agentes municipales con la ciudadanía. En otras palabras, este nivel de gobierno tiene la ventaja y el desafío de contar con niveles más cercanos de comunicación con las comunidades, mediante la participación comunitaria.

La gran ausencia en este acuerdo es la participación de las comunidades. Es, de hecho, preocupante que esta Agenda de Seguridad no considere la participación social en el abordaje del fenómeno delictual. En su lugar, se instruye el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre policías y los cuerpos municipales. Los puntos del acuerdo son alarmantes porque plantean el fortalecimiento de intercambios sin especificar mecanismos de mejora.

En primer lugar, se anuncia la provisión de recursos en mayores magnitudes a las municipalidades por parte de la autoridad Ejecutiva. Pero todo indica que las formas de distribución de estos recursos continuarían siguiendo las pautas de discrecionalidad y concursabilidad que tienen fuentes como el Fondo Nacional de Seguridad Pública y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En sentido presupuestario, una agenda efectiva debe considerar transformaciones estructurales en los mecanismos con los que las municipalidades reciben financiamiento para la seguridad ciudadana, apostando por criterios que ofrezcan certeza y certidumbre a los gobiernos locales de las cantidades a recibir.

Segundo: se aprecia un fortalecimiento del triángulo de relaciones entre Ministerio del Interior, las policías, y las municipalidades. Esto es positivo, pero en ningún caso novedoso. De hecho, tienen a opacar la complejidad de la interseccionalidad institucional que ha estado orientando la elaboración de los Planes Comunales de Seguridad Pública (PCSP). Como el instrumento más relevante y sistemático de los recursos locales para la seguridad ciudadana, el PCSP desde ya integra relaciones entre instituciones comunales, gubernamentales, judiciales y policiales para la contención y prevención delictual. Por ello, que este acuerdo omita a plataformas institucionales como SENDA, OPD, Dideco, entre otras, es poner limitar la seguridad pública al ejercicio del control policial, olvidando la necesidad de una estrategia integral con miras en la prevención.

Por último, es preocupante que las unidades uniformadas de patrullaje comunal se acerquen cada vez más a transformar los gobiernos locales en entidades policiales de vigilancia (policing) en vez de unidades de policía local modernas e integrales. La idea de la creación de fuerzas policiales regionales y locales ha tenido que ver con una estructura policial de carácter comunitario, que se diferencia de las policías nacionales en su carácter, conformación y funciones. La integración, fusión y compartimiento de roles con las policías profesionales van en contra de esta dirección, ya que no hay diferenciación entre sus funciones y, por ende, no hay sentido en la existencia de los dos cuerpos por separado.

Cuando las mentes se enfríen, y las elecciones de abril hayan sido celebradas, empieza (una vez más) el desafío de entender que el fracaso histórico en las políticas de seguridad pública se explica en la tentación del exclusivo control. Controlemos, ¡sí!, al mismo tiempo en que prevenimos, con acciones estratégicas de largo plazo, porque los planes de ayer podrían haber sido los resultados de hoy.