OPINIÓN | Panorama ciudadano de la Transición Justa en Latinoamérica
Si bien la transición energética es un compromiso climático internacional consolidado ya el año 2015, han sido en los últimos años que hemos comenzado a ver repercusiones significativas en las políticas públicas energéticas a nivel nacional en América Latina.
De un tiempo a esta parte, la necesidad de transitar desde energías fósiles hacia energías “más limpias” se ha convertido en una especie de consenso entre los expertos que orbitan temáticas sobre cambio climático, desarrollo sustentable y energía. En ese sentido, la discusión ha superado la pregunta de si hay que hacer esa transición y se ha centrado en el cómo y cuándo debe llevarse a cabo.
En lo que respecta a los países de nuestra región, hemos visto un cambio de enfoque en las políticas públicas energéticas a nivel nacional e internacional. Un ejemplo de ello es el reciente compromiso de 10 países de América Latina y el Caribe (LAC) en la COP 25 sobre aportar para alcanzar una meta regional del 70% de energías renovables para el año 2030, y superar el actual 56% en LAC (incluyendo energía hidroeléctrica).
En lo que respecta a las agendas nacionales la traducción de estos compromisos internacionales ha sido dispar y, en general, ha omitido aspectos sociales importantes en la planificación y ejecución de dichas medidas de transición y/o descarbonización. Esto último se manifiesta en la mala recepción de dichas políticas por parte de las organizaciones de la sociedad civil que abordan temáticas ambientales y climáticas.
En el caso de Chile, el gobierno de turno ha impulsado el “Plan de Descarbonización del Sistema Nacional” consistente en el cierre voluntario y gradual de las 28 centrales a carbón al 2040, el cual ha sido calificado como “insuficiente” por varias organizaciones ambientales de la sociedad civil, principalmente por la poca certeza que otorga la naturaleza del programa (solo un acuerdo entre el gobierno y el gremio energético, no amparado por ley), y el excesivo plazo que él mismo propone para su concreción.
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En Perú se pretende avanzar hacia la carbono-neutralidad a través de un proceso de “reactivación económica climáticamente inteligente”. Este plan tiene la expectativa de avanzar hacia una reactivación post-COVID 19 sostenible e inclusiva para avanzar así con los compromisos del Acuerdo de París. Sin embargo, organizaciones ambientales como el MOCICC han criticado la falta de consideración de las lecciones de pueblos indígenas y originarios en el enfoque de las políticas gubernamentales, que por el momento se enmarcan en una lógica que mantiene desigualdades estructurales.
En Bolivia existe un plan de transición energética que pretende cambiar el actual modelo de producción eléctrica cuyos dos tercios se generan a partir de diésel y gas. Así, el gobierno boliviano tendría previsto modificar por completo la composición de su mezcla energética a favor de energías renovables, que actualmente representan solo el 1% de la producción total. Sin embargo, este ambicioso cambio en la matriz energética se ha visto por parte de la población como “reduccionista”, ya que no considera una mirada multidimensional integral en torno a la energía.
En Argentina ante la actual crisis provocada por la pandemia, el gobierno ha manifestado la decisión de postergar hasta este año la presentación de su estrategia de largo plazo para llegar a la carbono neutralidad. En un país en donde el 80% de la matriz energética está basada en combustibles fósiles, y donde se proyecta el gas natural como uno de transición para avanzar en el desarrollo de fuentes renovables, esta propuesta de transición menos acelerada ha generado críticas de parte de organizaciones de la sociedad civil.
Entonces, cabe preguntarse: ¿Cuál es el motivo que origina la decepción de estas políticas energéticas? ¿Qué es lo que provoca que, quienes demandan una transición energética no se vean satisfechos con las propuestas desarrolladas en nuestra región?
Lo anterior puede resumirse en una frase que a menudo se nos olvida: Latinoamérica no es Europa. Nuestra región, su economía y su cultura, está marcada por una historia de extractivismo y discriminación, y por lo tanto, un cambio en la matriz energética no es suficiente. Se requiere construir un proceso de participación, reparación y protección. La demanda no es solo una transición energética, sino una transición justa. Es ese el Talón de Aquiles de todas las políticas enumeradas anteriormente: no cumplen con los estándares mínimos de la justicia ambiental, energética y climática.
En ese sentido la OIT reconoce cinco principios rectores para las políticas y acciones de una transición justa: diálogo social, protección social y derechos en el trabajo y empleos; perspectiva de género; y cooperación internacional. A pesar de que hay algunos países que han incorporado el concepto de transición justa en sus políticas, no es exagerado señalar que ninguna de las políticas de transición energética de nuestra región cumple con dichos principios.
Así, uno de los principales errores de los gobiernos de la región pareciera ser la subestimación del concepto de una transición justa. Un cambio de la matriz energética que considere la protección de los derechos humanos de las personas, y en particular de los grupos vulnerables como mujeres, indígenas y trabajadores del sector. Éste es sin duda un desafío sin precedentes, especialmente en el contexto de nuestra región y cualquier otra vía será insuficiente.
La transición energética es un hecho futuro y cierto, mientras que el concepto de transición justa está aún en disputa. Ante la inercia de los países hacia el cambio de su matriz, es necesario alcanzar ciertos consensos respecto de cuáles deben ser las condiciones mínimas para catalogar dichos procesos como “justos”, y por lo tanto, idóneos para el problema que pretenden abordar que no es otro que la vulneración de derechos humanos. De otra forma, solo comenzará otro ciclo de explotación, sin remediar el daño histórico provocado.
Es hora de hablar de una transición justa.
Felipe Pino, abogado, Co-coordinador Proyecto Transición Justa en Latinoamérica (TJLA), Asistente de Proyectos ONG FIMA.
