El incremento de venezolanos ingresando por Colchane responde a una crisis humanitaria de proporciones, que ha afectado a casi 5 millones y medio de personas, quienes se han visto obligadas a desplazarse a otras naciones. Chile se ha erigido en uno de los tantos destinos dentro de la región, luego de Colombia y Perú, que triplican y duplican las llegadas. Según la última estimación, en Chile al año 2019 había más de 400 mil venezolanos, los que representaban el 30% de todos los migrantes, quienes, a su vez, constituyen el 7,8% de la población nacional; una cifra menor, considerando que el promedio de los países de la OCDE se sitúa en 13%.

Los venezolanos no sólo huyen del hambre, de la falta de insumos esenciales y de la precariedad, sino de una nación que hace años se encuentra convulsionada social, económica y políticamente. A pesar de esta vulnerabilidad, quienes se desplazan se ven enfrentados a una serie de adversidades, ya sea por la extensa travesía o por no contar con los documentos y/o recursos requeridos, entre otros. La mayoría de quienes logran pisar suelo chileno vienen exhaustos después de cruzar varios países. El trayecto final es particularmente duro, considerando que muchos ingresan a pie por el altiplano, donde la altura y la oscilación de temperaturas golpean muy fuerte.

La respuesta a esta crisis humanitaria por parte del gobierno chileno no sólo ha sido deficiente, sino que su propio actuar ha contribuido a agravarla. El presidente Sebastián Piñera, en febrero de 2019, viajó a Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza a Venezuela, asegurándoles a los venezolanos que en Chile encontrarían refugio. Es más, en dicha ocasión señaló que “no hay nada más perverso que un régimen que niega la ayuda humanitaria a su propio pueblo y que pone en riesgo la vida de más de 300 mil venezolanos. Eso no tiene perdón de Dios”. Sin embargo, lo proclamado dista diametralmente de la realidad, debido a que, en vez de facilitar su ingreso, la política migratoria que ha implementado la actual administración ha dificultado el mismo. Así, el 16 de abril de 2018 comenzó a regir la denominada “visa de responsabilidad democrática” y a mediados de 2019 se impuso una visa consular de turismo, las que, en la práctica, han operado como barreras a la entrada regular, generando un aumento de los ingresos por pasos no habilitados.

Cabe observar las cifras para apreciar cómo el Estado chileno se ha erigido en productor de irregularidad, ya que, de las visas solicitadas por venezolanos, un 82% de las consulares de turismo se han rechazado y menos de un cuarto de las visas de responsabilidad democrática han sido otorgadas. Ello repercutió en la fuerte alza de los ingresos irregulares desde el año 2018, donde la comunidad venezolana concentra más de la mitad de las entradas por pasos no habilitados.

Por tanto, la primera gran crítica a la gestión del gobierno es que la toma de decisiones y la implementación de medidas ha ignorado la evidencia académica y las recomendaciones de organismos internacionales especializados. El gobierno ha abordado la movilidad asumiendo que, al imponer más trabas, los flujos disminuirán o se frenarán. Lo que demuestra una aguda falta de comprensión, pues los estudios dan cuenta que, estableciendo mayores barreras, los desplazamientos no se detienen, sino más bien se agudizan, tal como ocurrió en Chile, primero, con los migrantes dominicanos, luego con los haitianos y ahora con los venezolanos.

Lo anterior nos conduce a la segunda crítica: el tratamiento jurídico de la movilidad humana desde el Estado de Excepción. El gobierno ha insistido, una y otra vez, en adoptar medidas excepcionales al gestionar los flujos. Lo hizo, por ejemplo, con el denominado “Plan humanitario de retorno ordenado”, donde buscó limitar derechos de los migrantes a través de un decreto exento, y continúa por esta senda, esta vez ampliando las facultades de las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza, mediante la modificación del Decreto 265 de 2019, del Ministerio de Defensa, el que ya había sido extendido temporalmente.

Así, el reciente 4 de febrero de 2021 se publicó el Decreto Supremo en que se autoriza la colaboración de las Fuerzas Armadas con autoridades civiles y policiales en dicho territorio, no sólo para el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, sino también para el tráfico ilícito de migrantes, extendiendo materialmente la autorización original. En este sentido, la Contraloría hizo el alcance de que el decreto del año 2019 se otorgó para desarrollarlo exclusivamente en la zona fronteriza, lo que se habría omitido en esta ocasión.

Como se advierte, la respuesta ante el aumento de ingresos por Colchane ha sido gobernar transformando la excepcionalidad en regla, una política que conceptualiza la migración desde un enfoque parcial y restrictivo, concentrada en el control de las poblaciones. Una normativa que reduce la movilidad a una mera facultad de gobierno, a una cuestión de orden y seguridad, como si militarizando la frontera norte los venezolanos no seguirán ingresando. Como sostienen las especialistas Stang y Beniscello, “hay una ficción de democracia cuando se militariza la demanda de derechos, o el control de la movilidad de las personas dentro del territorio o a través de sus fronteras”.

Según el intendente de Tarapacá, el fin de semana pasado ingresaron por Colchane 1.800 personas, una cifra relevante considerando la baja densidad poblacional de dicha zona (residen 1.300 personas aproximadamente), de ahí que el alcalde de Colchane dé cuenta del incremento de la tensión, en una localidad que no sabe cómo enfrentar esta masiva llegada. En un contexto de escaso apoyo gubernamental, crecen los conflictos, donde quienes arriban son responsabilizados de aumentar la inseguridad y colapsar los servicios públicos. Por eso, como han planteado organizaciones de y para migrantes urge coordinar un “Plan Humanitario Regional”, que entregue respuestas pertinentes y territoriales.

Lo anterior nos lleva a la tercera crítica, que es la falta de una respuesta multilateral coordinada. El gobierno, después de haber liderado los esfuerzos regionales para la promoción del “Pacto Mundial sobre Migración”, se restó del mismo de forma intempestiva, renunciando a enfrentar la movilidad desde una perspectiva multilateral. Resulta incomprensible que el país más rico de América Latina, con un cuerpo diplomático con tradición de excelencia, no haya promovido y liderado esfuerzos conjuntos entre las naciones vecinas para enfrentar la crisis que la evidencia científica acumulada anticipaba. Esto muestra la tozudez de la actual administración en abordar desde la estrecha perspectiva del Estado-nación una de las más importantes problemáticas globales del siglo XXI.

De esta manera, en vez de promover una acción concertada para abordar esta crisis desde el enfoque de los derechos humanos, se continúa securitizando la migración, criminalizando a quienes buscan una vida más digna, apostando por la exclusión del otro. Como planteó el Servicio Jesuita Migrante en su declaración pública, es hora de dar una respuesta integral y continental. Es lo mínimo que cabe esperar ante una crisis de tal magnitud; no obstante, el gobierno ha hecho nulos esfuerzos para coordinar una propuesta multilateral, imponiendo el control fronterizo nacional como único camino.

En este sentido, la iniciativa de licitar aviones para la expulsión de migrantes, que está desarrollando el Departamento de Extranjería, conducirá al incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile, en tanto anticipa una respuesta jurídica equivocada, ya que los estándares de derechos humanos exigen a los Estados indagar todas las solicitudes de refugio. El gobierno, en vez de incentivar la autodenuncia por ingreso clandestino, debería pesquisar y promover la protección a los migrantes que busquen refugio en Chile. Al respecto, las cifras son elocuentes: al 31 de diciembre del 2019 sólo 14 venezolanos han sido reconocidos como refugiados, mientras que ese mismo año 16.933 personas ingresaron a Chile declarando solicitud de refugio, de las que el 99% correspondía a venezolanos.

Por último, más allá de las obligaciones jurídicas asumidas por el Estado de Chile, se debería brindar ayuda humanitaria y protección a los migrantes que arriban desde Colchane, pues, parafraseando al propio presidente Piñera, no hay nada más perverso que negar la ayuda humanitaria y poner en riesgo la vida de tantas personas.