La imagen del 7 de enero pasado será difícil de olvidar: más de 800 funcionarios policiales interviniendo la comunidad autónoma de Temucuicui, en La Araucanía, justificando un operativo policial por supuesto tráfico de drogas que terminó con la muerte del detective Luis Morales Balcázar y dos menores de edad vulneradas por los funcionarios policiales que motivó acciones judiciales de la Defensoría de la Niñez. Una de ellas fue la hija de Camilo Catrillanca, de 7 años, y una adolescente de 17 años amenazada de muerte por los PDI. El costo de este operativo fue superior a los ciento veinte millones de pesos.

Martín Correa, historiador y doctor en Atropología, tiene una larga trayectoria estudiando procesos históricos del pueblo mapuche y en el rescate de su memoria. Desde esa posición identifica un discurso que se ha venido instalando sobre el terrorismo y el narcotráfico en la región para justificar estas acciones policiales, con la que ve semejanzas a otros operativos de épocas pasadas. Un tema de múltiples factores, que, sin embargo, hoy ve como la continuidad de la estigmatización que ha enfrentado el pueblo mapuche para ver deslegitimada su lucha por la recuperación de tierras ancestrales.

-El operativo del 7 de enero en Temucuicui ha sido uno de los más grandes que se ha desplegado en los últimos años. ¿Ves semejanzas con otros procesos policiales o de militarización en la zona?

El mega allanamiento que se desarrolla en Temucuicui y las comunidades aledañas el 7 de enero necesariamente nos lleva a remitirnos a los hechos que se verifican cuando se lleva a cabo la eufemísticamente llamada ‘Pacificación de la Araucanía’, a la Ocupación Militar del Wallmapu, entre 1862 y 1883, que comienza con la avanzada hacia Angol del teniente coronel Cornelio Saavedra, quien recibe del gobierno central la autorización, los pertrechos necesarios y un ejército compuesto por 800 hombres para lograr éxito en tamaña empresa, número coincidente con el cuerpo de la policía militarizada que se utilizó ahora.

Las coincidencias no se quedan allí. Son aquellas fuerzas las que ingresan luego, a partir de 1865, al sur del Malleco, a los denominados Llanos de Kilapan, la ya entonces estigmatizada “asiento principal de la rebelión i guarida de los facinerosos”, en palabras del General Basilio Urrutia, las actuales comunas de Collipulli, Ercilla, Victoria, la actualmente estigmatizada "Zona Roja" del conflicto mapuche; y lo hacen saliendo desde Angol, reuniéndose con más fuerzas en Chiguaihue, para cruzar el río Malleco y el río Huequen, e internándose por el cordón de Quechereguas, precisamente el Lof Temucuicui, ‘destruyendo habitaciones i sementeras, i tomando sus haciendas’, se informa en los partes militares de la época, en los llamados “Recorridos Punitivos”, se señala, haciendo el mismo recorrido, con los mismos objetivos y con idéntico número de funcionarios armados que en el reciente allanamiento.

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[caption id="attachment_640241" align="aligncenter" width="663"] Martín Correa junto al lonko Víctor Queipul[/caption]

-El fin de semana se publicó un reportaje en La Tercera titulado “el werkén bajo sospecha”, enfocado en las causas judiciales del werken de la comunidad autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullan. En todo esto, ¿qué rol ha tenido la prensa?

Nuevamente, hay que citar algunos ejemplos y contexto. Luego del retorno a la democracia, comunidades y organizaciones mapuche demandan al Estado chileno la restitución de las tierras usurpadas dando origen a un movimiento de recuperación territorial, y en la medida que el movimiento mapuche va avanzando y se va consolidando, el empresariado regional y nacional, exige al gobierno la aplicación de ‘mano dura’, el respeto y protección de la propiedad privada, la existencia de garantías para el trabajo forestal y el respeto irrestricto del Estado de Derecho, de la mano con un nuevo proceso de estigmatización: los mapuches son ladrones de madera y terroristas.

Sin embargo, se va más allá. El Diario El Mercurio, en su edición del 28 de febrero de 1999, caracteriza el movimiento mapuche bajo el sugestivo titular de “Nuestro pequeño Chiapas”. Desde entonces, la alusión a la presencia y vinculación movimientos revolucionarios extranjeros será recurrente: una nueva forma de estigmatizar, el enemigo interno, una vez más, pero ahora fortalecido con apoyo externo. Así, el 30 de Abril de 1999, en el cuerpo de reportajes de El Mercurio se presentaba un extenso reportaje referente a la “Conexión mapuche-canadiense”. Nada de aquello era comprobado, pero quedaba grabado en el imaginario chileno. Luego, la vinculación era con la ETA, “preocupación por activistas ETA en territorio mapuche”, se leía en El Mercurio, en su edición del 8 de agosto de 2009.

Al año siguiente, en 2010, la Fiscalía de Temuco solicitó la aplicación de la ley antiterrorista sobre una serie de dirigentes mapuche, en base a que en la Araucanía operaba una asociación ilícita terrorista que había sido entrenada por las FARC, respecto de lo cual las máximas autoridades policiales declararon ante la comisión investigadora del Congreso. Luego, el empresariado local y miembros del APRA han declarado que en la región opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una organización guerrillera colombiana, nada de aquello comprobado.

Es en este contexto, y como corolario de todo este proceso, que debe entenderse la reciente declaración de la comunidad autónoma de Temucuicui, a propósito del reportaje publicado el fin de semana, “busca deslegitimar el rol y la trayectoria del werken de la comunidad”, lo que constituye una nueva estrategia mediática, para despolitizar una reivindicación histórica de las comunidades mapuche emplazadas al sur del río Malleco. En síntesis, ha habido una constante histórica en el proceso de estigmatización frente a las organizaciones y comunidades mapuches que se movilizan para la recuperación de sus territorios ancestrales, de la que han participado la prensa local y regional, haciéndose eco de las denuncias del empresariado, también local y regional, y las últimas declaraciones y reportajes deben entenderse en ese contexto.

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-¿Hay algún hecho con el que ubiques este discurso que se comienza a instalar sobre el “narcoterrorismo”?

Constituye una nueva, y grave, etapa en la escalada de  estigmatización hacia el pueblo mapuche, en general, y hacia las comunidades del Lof Temucuicui, en particular, que se origina  de momento en que, el 28 de junio de 2018, el presidente Sebastián Piñera arriba a La Araucanía para presentar en la Escuela de Formación de Carabineros al Comando Jungla, “grupo especial de Carabineros, que ha sido preparado y formado para combatir con eficacia el terrorismo”, paso previo al otro nivel de estigmatización, el actual, el narco terrorismo, de acuerdo a sus últimas declaraciones: "al interior de Temucuicui se han enquistado organizaciones de crimen organizado y bandas de narcotráfico, las que cometen delitos tan graves como el porte y uso de armas militares, plantaciones y tráficos de drogas, o robos y asesinatos”, el 9 de Enero de 2021.

 -¿Con qué fin ves que se ha venido instalando esto? ¿A qué responde?

Desde el momento en que el Estado chileno decide ingresar al territorio mapuche, en el no tan lejano 1862, y hasta la actualidad, se ha estigmatizado a los habitantes ancestrales, construyendo un discurso que ha variado en la forma, pero se ha mantenido en el fondo, presentando al mapuche como un “enemigo interno”, como un otro, distante y lejano, “una horda de fieras, que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización”, publicaba El Mercurio en sus editoriales en ese entonces, “un bruto indomable, enemigo de la civilización”, declamaba ante sus pares del Congreso el diputado por Cautín, Benjamín Vicuña Mackenna.

Luego, en el proceso de reducción territorial mapuche en títulos de merced, a un 5% de lo efectivamente ocupado, proceso que concluye en 1929, el gran territorio mapuche es adjudicado a colonos extranjeros y chilenos. Ahí nos enfrentamos a un nuevo proceso de estigmatización y ahora los mapuche son catalogados como “flojos y borrachos”, improductivos, legitimando el actuar de los descendientes de los colonos originales, los ‘civilizados’, que ya se habían hecho de las tierras mapuche antiguas, quienes se irán apropiando de las tierras reduccionales, “corriendo cercos”, a través de múltiples y engañosos mecanismos notariales, o bien a la fuerza, en total impunidad, como señala la Comisión Parlamentaria de Colonización formada para el efecto, y en diversos documentos oficiales.

Idéntica situación se encuentra en las postrimerías del proceso de Reforma Agraria, en 1972-3, y a partir de 1997, cuando se comienza a judicializar y criminalizar la demanda mapuche, todos momentos en que se elabora un discurso en que  el Estado y sus agencias han encontrado un aliado permanente en el latifundio y en el empresariado agrícola y forestal, y en la prensa conservadora nacional y regional –vinculada a su vez con el empresariado- como su principal difusor, para de esta manera legitimar el uso de la violencia militar y policial, para ocupar el territorio mapuche, en un principio, y para legitimar la persecución de las organizaciones, comunidades y dirigentes mapuche que demandan, desde hace un buen rato, la restitución de las tierras que le fueron usurpadas, y de un tiempo a esta parte, el reconocimiento de sus derechos políticos y sus demandas de autonomía y autodeterminación.

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