Aunque nadie fue capaz de prever el estallido social, la verdad es que los abusos de las grandes corporaciones, la corrupción de la élite política y la desprotección de los y las ciudadanas han estado presente por décadas en Chile. Por cierto, esta relación de abuso y de excesos se ha extendido más allá del ámbito social, abarcando también el medioambiente. Y, para ser justo, este tipo de relaciones de abuso no son un problema exclusivamente de Chile, sino más bien un problema que afecta, en distintos grados, a países de bajos, medios y altos ingresos. Por esto, muchos señalan que es más bien una falla del “sistema”, el que es en sí mismo insostenible porque se desarrolla a expensas del medioambiente, que ve bloqueado sus posibilidades de regeneración en virtud de la necesidad de constante expansión de las estructuras de producción.

Por cierto: la relación entre las sociedades y el medioambiente no es una preocupación nueva. Y es que los procesos de desarrollo y de crecimiento económico de los países más ricos vienen afectando negativamente el medioambiente al menos desde los años 70 y 80, que es cuando el concepto de desarrollo sustentable se instala en el plano internacional. Por su significativa contribución al calentamiento global y el cambio climático, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) son una de las consecuencias más negativas de la actividad humana para el planeta. Los esfuerzos multilaterales para disminuir las emisiones de CO2 han sido diversos y sin el impacto esperado. Pareciera que enmendar el camino en nuestra relación con el medio implica afectar directamente a nuestro sistema de producción y nuestros patrones de consumo, elementos impregnados en el centro de nuestras sociedades capitalistas. Existe evidencia de este trade-off entre un desarrollo sustentable y crecimiento económico (al menos en la forma que hasta ahora se ha practicado). Por ejemplo, el estudio de Jason Hickel, profesor de la Universidad de Londres, muestra de forma empírica el dilema que enfrentan los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Si la economía mundial aspira a crecer un 3% anualmente, es tecnológicamente imposible reducir las emisiones de CO2 en las cantidades requeridas para evitar que la temperatura global no aumente más de 2° Celsius.

En este contexto global, es crucial que las ciudades y los asentamientos urbanos en general tengan capacidad de reacción frente a los efectos del cambio climático. Primero, porque son los principales contribuyentes de CO2. Aunque, de todas formas, es importante tener en cuenta que los asentamientos urbanos a priori no aumentan las emisiones de CO2, sino que son más bien los patrones de consumos de quienes los habitan; es decir, un habitante de altos ingresos de un sector rural es probable que emita más CO2 que uno de bajos ingreso en el sector urbano. Y, en segundo lugar, porque es en los asentamientos urbanos donde más personas se ven y verán afectadas, esto en virtud de la innegable tendencia de las personas a vivir en sectores urbanos.

Pero ¿pagan todos y todas las habitantes los mismos costos? La respuesta es no. Y es que los efectos del cambio climático afectan desigualmente a las personas, dependiendo de su vulnerabilidad, el grado de exposición y el tipo de amenazas climáticas a la que se encuentren expuestas. Por lo tanto, se hace imprescindible que tanto las medidas de mitigación y de adaptación que se adopten reconozcan las asimetrías estructurales que han caracterizado a Chile y sus espacios urbanos. En esta dirección es clave entender que las acciones del sector público no son neutras, y que de una u otra forma responden a distintas nociones de justicia social, que en la práctica pueden terminar exacerbando, manteniendo o redireccionando las actuales desigualdades estructurales. Es de esperar que Chile en su conjunto, y en particular las autoridades políticas, tengan la sensatez de asumir los desafíos que ya nos impone el cambio climático y no esconderlos bajo la alfombra hasta que sean insostenibles.