Sebastián Zamora, ex oficial de Carabineros en prisión preventiva, imputado por el delito de homicidio frustrado contra un menor de 16 años que, en contexto de manifestaciones alrededor de Plaza Baquedano, cayó por su accionar desde el Puente Pío Nono al Río Mapocho, designó al ex fiscal regional Metropolitano Sur y persecutor en el Caso Bombas, Alejandro Peña,  para su defensa.

Peña trabajó en el Ministerio Público entre 2003 y 2011, donde encabezó la investigación contra 14 presuntos implicados en una serie de detonaciones que se dieron en la Región Metropolitana, conocida como el Caso Bombas. Salió en 2011 para entrar en la División de Seguridad del Ministerio del Interior, entonces dirigido por Rodrigo Hinzpeter.

En la cartera del Interior duró un año y salió en 2012, tras de la polémica por el Caso Sobreprecios, donde se compraron equipos antidrogas con un incremento de hasta un 400%, que vinculó a Alejandro Peña y su asesor, Felipe Baeza, por presuntas irregularidades en la compra de equipos para combatir el narcotráfico. Finalmente la Fiscalía descartó un aumento irregular en la compra de dichos productos. 

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En 2015 reapareció como abogado querellante en el Caso Penta, contra los dueños, Carlos Délano y Carlos Lavín, y su ex gerente general, Hugo Bravo. En aquella oportunidad participó como representante del empresario Jorge Charbin, quien acusó a los implicados por los delitos de estafa y apropiación indebida, a propósito de la compra de la Vidriería La Argentina, de la que Charbin era dueño y terminó perdiendo luego de asociarse con Penta.

No es la primera vez de Alejandro Peña participa en la defensa de funcionarios de Carabineros. En 2013 asesoró a tres oficiales del OS-7 en Arica, y en 2017 fue abogado de dos de los acusados en el “Pacogate”, el millonario fraude en la interna de Carabineros. 

En esta oportunidad asume la defensa del ex oficial Sebastián Zamora y trabajará junto a Vinko Fodich, Antonio Villalobos y Luis Urrutia Letelier. 

Zamora está en prisión preventiva en calidad de imputado, y fue dado de baja en la institución por no informar que portaba una cámara personal con registro de lo ocurrido. En las grabaciones del 2 de octubre de 2020, fecha en que el menor de edad cayó al lecho del río Mapocho, quedó en evidencia que se quiso ocultar lo sucedido, al salir a la luz audios de oficiales advirtiéndole a Zamora que  “lo intentaste de atrapar y se cayó, ¿ya?”.