Hace dos semanas Argentina aprobó la despenalización del aborto y en Chile este tema nuevamente se ha posicionado en la agenda pública. De cara a un nuevo proceso constitucional que busca acabar con la herencia de la dictadura en Chile, el pasado miércoles la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas comenzó la discusión sobre el proyecto de Ley que busca legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14. Sin embargo, resulta necesario aclarar algunas particularidades con respecto al contexto nacional en la materia para que la discusión cobre sentido.

El aborto en Chile fue penalizado en 1989, durante la dictadura militar, clasificándolo como uno de los cinco países en el mundo en donde este hecho resultaba criminalizado en todas sus formas. De hecho, entre 2007 y 2017, ingresaron alrededor de 1.200 delitos por interrupción del embarazo, siendo 418 de ellos sin consentimiento. En cuanto a las condenas, en el mismo periodo se realizaron 166, de las cuales 108 fueron a mujeres y 58 a hombres.

No fue esta 2015 que, la ex presidenta Michelle Bachelet ingresó al congreso el Proyecto de Aborto por las Tres Causales (IVE), que se convirtió en la Ley 21.030 en 2017, permitiendo la interrupción del embarazo en los casos de inhabilidad del feto, violación o riesgo de vida de la madre.

A partir de esa fecha, y de acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Salud (Minsal), se han practicado 2.009 abortos legales, siendo 997 por inviabilidad fetal (49,6%), 642 por riesgo de vida de la madre (32%) y 370 por violación (18,4%). Del mismo modo, el Reporte Trimestral sobre este proyecto de la misma entidad, indicó que tan solo de enero a marzo 2020 se presentaron 142 causales de abortos válidas, de las cuales solo 118 culminaron en la interrupción del embarazo.

Pese a que el establecimiento de la Ley IVE lograra posicionar como un primer paso para reivindicar la figura de la mujer como sujeta de derecho, esto no ha sido suficiente. El artículo “Aborto en Chile: avances en Derechos Humanos” de la Revista Bioética y Derecho, estima que al año se realizan 160.000 abortos. Por su parte, la Corporación Humanas calcula que existen entre 60.000 y 70.000 abortos inducidos al año, de los cuales la mayor parte se realiza de manera clandestina, sin llegar a ser atendidos en los servicios de salud. Cabe señalar que el número exacto no se puede manejar pues, existe un alto índice de mujeres que se han visto forzadas a realizar este acto desde la ilegalidad.

De acuerdo con la Oficina del Sur Regional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los abortos no seguros causan la muerte de unas 47.000 mujeres al año, mientras que otros cinco millones sufren alguna forma de discapacidad temporal o permanente. A su vez, el 99% de las muertes maternas que se registran todos los años se ubican en países en vías de desarrollo, siendo las hemorragias como la principal causante.

Por su parte, en Chile la mortalidad del aborto llega al 13%, posicionándose como la cuarta causa de muerte materna con un total de 89 en el periodo de 2000 al 2015. Esto puede deberse a que no existe una educación sexual reproductiva ni una preocupación por parte del Estado que mitigue los riesgos.

De hecho, existe una alta posibilidad de que estas cifras hayan aumentado durante los meses de confinamiento, pues el número de violencia intrafamiliar tuvo un incremento del 70% y la violencia de género hacia la mujer contabiliza 42 crímenes consumados, de acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, mientras que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Corporación Miles han contabilizado 57.

Otra problemática que se ha presentado durante la crisis sanitaria tiene que ver con el uso de anticonceptivos, pues cerca de 30 mujeres denunciaron ante el Instituto de Salud Pública una falla en los lotes de pastillas anticonceptivas entregadas en los consultorios, provocando embarazos no deseados. A su vez, el primer estudio sobre salud sexual y reproductiva en pandemia realizado por Miles Chile, develó que cuatro de cada diez chilenas vieron dificultado el acceso a salud sexual y reproductiva, de las cuales el 34% no pudo acceder a métodos anticonceptivos en los centros de salud pública debido a la falta de stock disponible.

Esta situación se contrapone al compromiso que el Estado chileno debiese tener de acuerdo con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), sobre garantizar el derecho de la mujer al acceso de servicios de salud pública en condiciones de igualdad, incluyendo aquellos que se refieren a la planificación familiar, pues si el aborto no es legal, ¿Las mujeres deberían estar obligadas a ser madres por un error estatal? De acuerdo a la legislación nacional, sí.

De hecho, diversas organizaciones feministas y de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han denunciado algunos de los problemas que ha traído consigo la implementación de la Ley IVE.

En su artículo 119 inciso 4, esta normativa prohíbe explícita y estrictamente toda publicidad que tenga como fin ofrecer al servicio de interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales, dejando de lado el derecho que tienen las y los pacientes a recibir la información oportuna.

Del mismo modo, el escrito establece que los personales de salud pueden negarse a prestar los servicios de interrupción del embarazo bajo la objeción de conciencia, lo que limita a las mujeres y niñas en el ejercicio de su derecho. Hasta la fecha, la mitad de los obstetras de hospitales públicos se han declarado objetores de conciencia en al menos una de las causales, dejando desprotegidas prioritariamente a las mujeres en situaciones vulnerables.

Y es por esto que la propuesta de modificación a la Ley impulsada por diversas parlamentarias de oposición al gobierno en curso, se hace tan atractiva para la población femenina. Sin embargo, es importante considerar que esta es bastante lejana a lo que se reclama en las calles, pues solo se enfoca en la modificación del  Código Penal en los artículos 343, 344 y 345, es decir, en la despenalización de la decisión de la mujer por interrumpir su embarazo y la acción o cooperación en el evento por parte de un tercero, pero no contempla el artículo 342, enfocado en las limitantes del reconocimiento de la autonomía reproductiva de las mujeres.

Otro aspecto importante a considerar en esta nueva propuesta es que el aborto se encontraría restringido a aquellas normas que no implican compromiso de fondos públicos, por lo cual, el aborto no sería libre, sino que más bien, legal, omitiendo todo tipo de compromiso y voluntad para el ejercicio de este derecho por parte del Estado. Todo esto gracias a la herencia de la dictadura en el cuerpo de las mujeres, que pone en riesgo su vida y las violenta históricamente.

¿Entonces, qué se puede hacer para tener aborto legal, libre y seguro?  Bueno, el Estado debiese hacerse cargo de su rol y de los tratados que ha firmado internacionalmente en la materia, lo cual no ha hecho hasta ahora. Otra opción, es poder modificar la Constitución Política (gracias al proceso constitucional por el que atraviesa el país), dar un diálogo político y público para incorporar en ella, los derechos sexuales y reproductivos que continuamente se han vulnerado en el cuerpo de las mujeres chilenas.

También, es necesario derribar algunas barreras que permitan hacer efectivos los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, dentro de ello se encuentra la entrega de anticonceptivos de buena calidad, educación sexual actualizada e integral, combatir la violencia sexual, además de mejorar las condiciones sociales y económicas que influyen en la decisión de la madre. En otras palabras, el país debe hacerse cargo de las preocupantes cifras a las que se ven enfrentadas las mujeres por el solo hecho de serlo. Se necesita urgentemente una legislación que cautele de manera completa los derechos de las mujeres y niñas, además de un cambio cultural en la vida de todos los y las chilenas que apueste por la dignidad.

Y bueno, si toda esta información no fue capaz de preocuparte, el problema es mayor al que pensábamos y la dictadura seguirá reinando en el cuerpo de las niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y ancianas de Chile.