Ambientalistas alertan por la disminución de barreras para nuevos plaguicidas con cambio normativo del SAG
Que un producto esté prohibido en un lugar, no significa que sea ilegal en otro. Así ha funcionado el mercado de los plaguicidas. Según un estudio de Greenpeace, las gigantes agroquímicas venden gran parte de sus plaguicidas peligrosos a países con medianos y bajos recursos, ya que muchos de estos productos están prohibidos en el mundo desarrollado por sus efectos nocivos en la salud.
En América Latina, Brasil y Argentina han sido los principales destinos de estos productos. En Chile, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) prepara un cambio de norma que facilitaría el ingreso de más plaguicidas al país. Organizaciones ambientalistas alertan que así, el país podría adquirir cada vez más atractivo para la venta de plaguicidas con riesgos para la salud.
Según el SAG, el proyecto busca ampliar y renovar la disponibilidad de plaguicidas a precios competitivos, para agricultores grandes y pequeños. Para la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-AL), la medida va contra la tendencia global a reducir la dependencia de plaguicidas y alerta que el SAG no garantiza una buena evaluación de los riesgos ambientales que pueden provocar los químicos que autorizan.
Académicos de distintas universidades del país han realizado estudios que demuestran los daños a la salud causados por el uso de ciertos plaguicidas en trabajadores y escolares de zonas rurales. Mientras tanto, crecen las experiencias que ponen a prueba alternativas ecológicas de agricultura y ganadería sin agroquímicos, sumándose un llamado de otros países a que el uso de plaguicidas sea la última opción.
¿Más o menos plaguicidas?
El pasado 7 de enero cerró la consulta ciudadana para enviar comentarios sobre la nueva normativa que propone el SAG sobre exigencias en la autorización de plaguicidas. Según señalan desde el servicio, la medida busca reducir los tiempos y los costos necesarios para registrar plaguicidas de uso agrícola, favoreciendo la competitividad en el mercado.
La Red de Acción de Plaguicidas (RAP – AL), alerta en una carta abierta al director del servicio, que “el objetivo del SAG y del gobierno de Chile debe apuntar a una completa y rigurosa evaluación y reducción de plaguicidas, y no a fomentar a través de normativas el aumento de plaguicidas en el país, que incide en mayores riesgos de daños a la salud y el medio ambiente”.
Además, consideran que la medida va a contracorriente. Ya en el 2017, la ONU cuestionaba que los plaguicidas fueran tan indispensables para la productividad agrícola como lo plantea el sector agroquímico. Eso, sumado a los estudios sobre daños a la salud que han causado varios de estos productos, impulsan a distintos países a transitar desde la dependencia a plaguicidas, hacia modos más sustentables de control de plagas.
Desde el SAG, señalan que la motivación para proponer este cambio de norma (que todavía no es definitivo), se da a partir de los lineamientos ministeriales y las prioridades planteadas en las mesas de trabajo público privadas. Indican que, en esos ámbitos, “el tema de la baja disponibilidad de plaguicidas es permanentemente tratado como un problema para el desarrollo competitivo y sostenible del sector productivo nacional”.
La huella de los plaguicidas en Chile
La medida del SAG se da en momentos donde la academia ha hecho llamados a restringir de forma prioritaria el uso de plaguicidas peligrosos ya prohibidos en otros países. Esto tras generar evidencia sobre los graves efectos a la salud que ha tenido el uso de estas sustancias en zonas rurales del país.
En Chile, al menos 102 de 400 plaguicidas autorizados en el país, son altamente peligrosos para la salud, demuestra un estudio realizado por la RED – ALC. Las evaluación se basa en el listado de pesticidas altamente peligrosos, elaborada por la Pesticide Action Network (PAN), la cual utiliza clasificaciones hechas por la OMS, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.
Por su parte, investigaciones de la Universidad Católica del Norte o la Universidad Católica del Maule ha demostrado no solo los efectos de intoxicaciones agudas por plaguicidas, sino las causadas por la intoxicación crónica debido a una exposición a bajas dosis de plaguicidas de forma prolongada. Así, se ha encontrado un deterioro cognitivo, sensorial y motor además de enfermedades neurológicas en adultos y niños de zonas rurales.
En un informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se advierte que “muchos países en desarrollo, con la presión de convertirse en agroexportadores, maximizan la presión en los agricultores que se han apoyado fuertemente en el uso de plaguicidas. Este aumento no siempre se acompaña de las precauciones necesarias para controlar su aplicación”. También critican a quienes exportan plaguicidas prohibidos en algunos países. “Someter a individuos de otras naciones a toxinas conocidas por generar grandes daños a la salud es una clara violación de los derechos humanos”, se sostiene.
Falta de parámetros para evaluar el riesgo ambiental
El mismo informe advierte sobre la dificultad de “evaluar los riesgos de los pesticidas sometidos a registro, particularmente porque los estudios toxicológicos no suelen analizar las posibles afectaciones crónicas a la salud. Además, autoridades regulatorias pueden estar bajo fuerte presión de la industria para prevenir o revertir prohibiciones a plaguicidas riesgosos”.
Ese tipo de falencias son las que temen organizaciones ambientales y académicas, que llaman a estudiar los efectos de la exposición prolongada a los químicos que se autorizan. Según explica María Elena Rozas, coordinadora nacional de RAP – AL, "el SAG no tiene parámetros técnicos para evaluar los efectos de los plaguicidas en la salud y el medio ambiente a la hora de autorizarlos. En la Unión Europea hay una mayor rigurosidad al respecto, donde tienen parámetros para evaluar la toxicidad aguda y crónica entre otros factores”, comenta.
La ambientalista recuerda que cuando en el 2014 se estableció la actual regulación para autorizar plaguicidas, se presentó un primer texto a consulta pública donde se propuso desde el SAG incluir parámetros técnicos para evaluar el riesgo ambiental y de salud. Sin embargo, al terminar el proceso de consulta este punto había sido retirado, reclama.
Paradigma nacional sobre plaguicidas
A pesar de las preocupaciones levantadas, desde el SAG se mantienen optimistas de que la medida “favorecerá la incorporación de productos de última generación, más amistosos con el medio ambiente”. En paralelo, en el país se suman esfuerzos por prohibir los plaguicidas peligrosos y buscar alternativas.
Uno de los intentos para generar cambios en esta materia fue el proyecto de ley que prohíbe y regula el uso de plaguicidas de alta peligrosidad. El proyecto fue presentado en el 2011 pero no logró avanzar. En el 2018, tras conocerse las investigaciones sobre plaguicidas y sus efectos en comunidades rurales del Maule, la Senadora Ximena Rincón propuso desarchivar el proyecto y ponerlo en discusión. Sin embargo, no hubo más novedades.
Por otro lado, existen proyectos concretos de distintos organismos vinculados al ministerio de agricultura que buscan disminuir el uso de plaguicidas. Así, existe un programa de reducción de uso de plaguicidas para pequeños y medianos hortaliceros, desarrollado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), o experiencias de Manejo Integrado de Plagas (sin dependencia de plaguicidas), de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).
A esto se le suman otras experiencias de producción agroecológica como las viñas biodinámicas que fomentan una producción natural, con vinos reconocidos en Chile y el extranjero, o los predios manejados con un método de agricultura regenerativa; un proceso que no requiere de agroquímicos ni arado.
