La ruptura constituyente que estalla en octubre de 2019 tiene como antecedente un largo proceso de descomposición social que tuvo expresiones puntuales, en forma de movilizaciones sociales, con distintos grados de masividad y organización, las que daban cuenta de una crisis política y social que se venía incubando lentamente. Desde la sociología, distintos intelectuales chilenos venían reflexionando sobre el ciclo de movilizaciones sociales y otros antecedentes que daban cuenta de la crisis que se estaba gestando. En ese sentido, Manuel Antonio Garretón señalaba en el año 2016, en un libro que se titula “La gran ruptura”, que Chile tenía una crisis sistémica, que se expresa en la relación de las elites, las instituciones y la sociedad. Asimismo, planteaba que la crisis era estructural porque abarcaba al modelo económico social en su conjunto y que, por las características de la Constitución de 1980, se manifestaba o se expresaba en términos constitucionales

Así, el proceso constituyente en curso es una opotunidad valiosa para que Chile pueda ir superando la ruptura que enfrenta y recomponiendo, parafraseando a Elster, “el cemento” de nuestra sociedad. Sin embargo, las amenazas o desafíos que el proceso presenta no son pocos. En ese sentido y vinculado con el tipo de ruptura que, considero, existe en Chile, quisiera referirme a aquéllos que me parecen más relevantes.

En primer lugar, existe un intento de neutralizar el proceso constituyente por la vía de su apolitización. Los partidarios del rechazo al cambio constitucional, dado los contundentes resultados del “apruebo”, han desplegado una amplia estrategia comunicacional para vaciar de contenido político al proceso, y así neutralizar su faz transformadora. Las declaraciones del Presidente de la República el día del plebiscito (quien se opuso al cambio constitucional desde un comienzo y formó un gabinete marcado por partidarios del rechazo) son un buen ejemplo de ello. Asimismo, el gran número de ex partidarios del rechazo que va de candidato a la Convención Constitucional, incluso como “independientes”, da cuenta de su ánimo de neutralización y apropiación de aquél espacio para que nada cambie a pesar del amplio anhelo social en sentido contrario.

En segundo lugar, los intentos de la élite por cooptar el órgano constitucional y neutralizar por esa vía las posibilidades transformadoras de la nueva Constitución son evidentes. Lamentablemente, mientras la élite chilena no tome conciencia del tipo de ruptura que tenemos, de la cual ellos son los principales responsables, será muy difícil que el proceso constituyente pueda cumplir su función reparadora de la sociedad chilena. Aquí, los partidos políticos han dado un triste espectáculo llevando de candidatos y candidatas a personas que forman parte de la élite política, económica y social, incluso con parlamentarios en ejercicio que han renunciado a sus cargos para ser candidatos, lo que da cuenta de que aún no entienden el proceso en curso.

En tercer lugar, se ven claros intentos de obstaculización del proceso, tanto mediante su diseño jurídico como por medio de la constante apelación a sus límites y quorums por parte de la doctrina jurídica que defiende el statu quo. En ese sentido, se debe tener en consideración que el poder constituyente que redactará la nueva Constitución se enmarca dentro de lo que podríamos decir es un poder constituyente originario, por lo que los límites que se le han dado por el poder constituyente derivado no solo se deben interpretar de forma estricta sino que, incluso, pueden ceder frente a lo que disponga el poder constituyente originario, no existiendo poder constituído que se le acerque en cuanto a su entidad para limitarla.

En cuarto lugar y ligado a lo anterior, parte de las y los profesores de derecho constitucional han utilizado como argumento para encapsular las perspectivas del proceso la idea de una vinculación de los contenidos de la nueva Constitución a la tradición constitucional chilena. En ésta incluyen, de forma inaudita, la actual Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet. En ese sentido, me parece que la discusión sobre la tradición constitucional chilena no se puede dar en abstracto ni menos desvincularla de los conflictos sociales y escenarios políticos en los que se ha desarrollado. Por ello, si bien uno puede rescatar algunos aspectos de dicha tradición, como aquéllos vinculados con el respeto a las libertades civiles, la gran deuda de la tradición constitucional chilena se encuentra en la falta apertura a los derechos sociales y al constitucionalismo democrático. Precisamente, la ruptura constituyente actual impugna dicha deuda, por lo que el recurso a las virtudes de la tradición oculta su cara oscura y se utiliza, nuevamente, como un recurso para la neutralización del proceso.