Comunidades defienden las dunas ante amenazas y se elabora una propuesta de ley de costas
Para muchas personas, la llegada del verano significa sol, playa y arena. Pero a la hora de hacer planes para vacacionar, son pocas quienes recuerdan que el 80% de las playas chilenas presentan algún nivel de erosión, y que gran parte de las ciudades costeras del país enfrentan riesgos altos o muy altos de anegamientos por marejadas y aumento del nivel del mar, según el Atlas de Riesgo Climático.
Las dunas son una de las principales barreras que retrasan la erosión de las playas, además de ser una protección natural frente a marejadas y tsunamis. Sobre todo en las regiones de Valparaíso y Coquimbo, estos ecosistemas son fuertemente afectados por actividades como la extracción de áridos, la práctica de manejar jeeps y motos en ellas, y por la presión inmobiliaria en la costa. El afán de tener un lugar para irse de vacaciones a la playa, afecta la permanencia de éstas en el tiempo.
La normativa ambiental tampoco otorga una protección efectiva para estos ecosistemas, siendo las comunidades quienes se han tenido que enfrentar a constructoras y empresas de áridos donde se han visto involucradas incluso autoridades municipales con conflictos de interés. Los municipios son los principales llamados a actuar, y se discuten a nivel nacional normativas como una Ley de Costa o el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, para frenar el deterioro de ecosistemas costeros.
“En Chile no hay un instrumento que pueda proteger la costa en su real dimensión. Esto implicaría una gestión integrada de áreas costeras, entendiendo la costa como un bien común, un bien público que no debe quedar a la gracia del mercado y del modelo económico que extrae y depreda”, resume Carolina Martínez, geógrafa coordinadora del Observatorio de la Costa e investigadora del CIGIDEN.
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El rol de las dunas
El aspecto árido de las dunas puede engañar, pero se trata de ecosistemas vivos y que cumplen procesos fundamentales para la salud de las costas. “Las dunas estabilizan el equilibrio sedimentario de las playas, clave para prevenir la erosión y lograr que se recuperen ante eventos extremos como marejadas y tsunamis. Interactúan con humedales y desembocaduras, formando parte de la red de drenaje de la zona costera”, acota Carolina Martínez.
Para Juan Luis Celis, investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad, el valor de las dunas reside también en la riqueza y biodiversidad que sustenta. “Ayudan al filtrado de agua subterránea que se filtra y vuelve al mar en un estado más limpio y con baja temperatura, lo que contribuye a sostener la vida en las costas. También son reservorios de especies con una biodiversidad particular por la especificidad de las condiciones del ambiente”, explica. La presión sobre las dunas hace que pierdan volumen y se fragmenten, lo que limita el desarrollo de la flora y fauna y muchas veces se producen extinciones locales de especies que dejan de tener presencia en el lugar.
Todo esto sin mencionar el valor cultural, paisajístico y arqueológico que alojan las dunas chilenas. “Se han encontrado en los campos dunares vestigios de la cultura bato y sitios arqueológicos que agregan valor cultural. En la mayor parte de chile central, los campos dunares guardan vestigios que pueden reconstruir la historia del poblamiento americano y las primeras formas de ocupación que tuvo la costa chilena”, recuerda Martínez.
Defensa de las dunas de Concon
Pero muchas veces los aportes culturales y naturales no se valorizan en Chile tanto como el valor económico de una propiedad. El caso más emblemático del aprovechamiento económico en detrimento de los campos dunares es lo que sucede en las dunas de Concon, que están prácticamente cercadas por edificios y torres de lujo, a pesar de la intensa oposición que ha dado incluso ante tribunales la ciudadanía organizada.
La defensa de las dunas de Concon se remonta a los 90’, cuando por presión ciudadana fueron declaradas santuario de la naturaleza. Este grado de protección no ha sido impedimento para el desarrollo inmobiliario a su alrededor. Los proyectos, al no estar insertos en el campo dunar sino inmediatamente al lado, eran construidos sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Pero en los últimos años, la preocupación ciudadana por este ecosistema ha crecido, y entre varias organizaciones de la sociedad civil han abierto cuatro casos en la justicia donde la Corte Suprema ha ordenado que distintos proyectos suspendan su construcción e ingresen a evaluación de impacto ambiental para determinar si es posible mitigar el impacto que tendrán en el santuario o si por el contrario se prohíbe la construcción. Además, el movimiento Duna Viva que engloba a distintas organizaciones del sector, presentó una querella contra el Director de Obras Municipales de la municipalidad de Concón, por no invalidar los permisos de obras, lo que fue ordenado por la Corte Suprema.
“No hay conflictos ambientales. Hay conflictos socioambientales. En la medida en que la protección del medio ambiente no le haga sentido a la comunidad (y debería hacernos sentido), no habrá conflicto; solo devastación del privado. Tenemos que instalar la preocupación por el medio ambiente en las normativas, lo institucional y en el sentido común”, reflexiona Hernán Madariaga, vocero de Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, agrupación integrante de Duna Viva. El objetivo en el futuro cercano es juntar a más organizaciones de Viña y Concón para fortalecer un frente común ciudadano que proteja el patrimonio natural.
Prácticas devastadoras en las dunas
El estallido social generó una ebullición de debate ciudadano que dio lugar a nuevas organizaciones. Es el caso de la organización ciudadana para lograr que el campo dunar Gota de Leche se convierta en santuario, la cual nació de un cabildo ambiental en octubre del 2019. Gota de Leche es parte de uno de los pocos grandes campos dunares que quedan en el litoral central, conformado por unas 500 hectáreas, y hogar de la “hierba de El Tabo”, una vegetación que solo existe en esta parte del mundo.
Una de las actividades que más ha deteriorado este ecosistema es la extracción de áridos; una actividad con alto grado de ilegalidad y que se ha realizado en Gota de Leche tanto de forma artesanal como a escala industrial, utilizando maquinaria pesada. En febrero de este año, el ex alcalde de El Tabo, Emilio Jorquera, fue removido de su cargo por participar en una empresa de extracción de áridos en la zona. En octubre, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos por daños gravísimos contra otra empresa similar, por el daño generado en el ecosistema.
El movimiento ciudadano Salvemos Gota de Leche ya cumplió su primer año de actividades, capacitando a la ciudadanía en torno al cuidado de este espacio. En febrero del 2020 realizaron un trabajo de gestión que logró suspender el “Mutantazo Summer Fest 2020”; un evento de carreras de jeep y autos que se iba a realizar en las dunas. El gran hito de esta agrupación ha sido presentar el expediente ante el Ministerio del Medio Ambiente para iniciar el proceso de declarar el campo dunar como Santuario de la Naturaleza.
“Hemos hecho limpiezas, murales, visitas guiadas y más para difundir el valor natural de este lugar. Lo importante es que la comunidad se empodere del uso y protección de estos ecosistemas. Que sea declarado santuario no garantiza su protección si no hay una comunidad preocupada detrás”, reflexiona Nicolás Acuña, biólogo de la agrupación.
Hacia una protección efectiva para las dunas
“Es de la mayor relevancia el liderazgo de los municipios mediante la adecuada planificación territorial, ya que tienen un rol clave en el desarrollo sustentable de sus comunas y la preservación del patrimonio natural”, indica Victoria Gazmuri, Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso.
Los esfuerzos municipales son mencionados como la pieza clave por varios actores. “El municipio es el llamado a hacerse cargo de la protección del patrimonio natural y las comunidades también pueden buscar figuras de protección, impulsando al municipio o trabajando en conjunto. En el Observatorio de la Costa desde la academia buscamos poner a disposición la información científica que apoye los objetivos de protección de estos ecosistemas. La alianza entre ciencia, ciudadanía y tomadores de decisión es un circulo virtuoso efectivo para generar transformaciones reales”, declara Carolina Martínez.
Uno de los aspectos fundamentales para que los municipios logren proteger el patrimonio natural, es el ordenamiento territorial. “Hay un problema en Chile con la falta de planificación territorial, donde se deja que el mercado vaya regulando donde se construye y el cambio en el uso de suelo ha sido un tremendo impacto”, describe Juan Luis Celis. Uno de los instrumentos para esto es el Plan Regulador Comunal, aunque se trata de un instrumento que demora en generarse y no logra estar a la velocidad de las transformaciones en el borde costero.
El mundo académico está liderando un diálogo para generar una propuesta de Ley de Costas, que le dé una nueva gobernanza y protección al borde costero en Chile. “Lo que se busca es reemplazar el concepto de borde costero por el de zona costera, que abarca no sólo la playa sino los ecosistemas que interactúan con ella y que quedan hacia atrás. Esto da una mayor capacidad de protección que no dependa de la responsabilidad social y la voluntad de los municipios, y que se gestione de forma integral el territorio costero”, aclara Martínez. Desde la Seremi de Medio Ambiente señalan también al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuya creación está en trámite en el Congreso, como un organismo que podría apoyar en la protección de ecosistemas de interés público como las dunas.
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¿De quién es la costa chilena?
Uno de los grandes bloqueos para la protección de ecosistemas costeros, se da cuando el terreno es propiedad de un privado, o de varios. En las dunas de Concon, el propietario del predio dunar es la empresa Reconsa; una de las que fue ordenada por la Corte Suprema para dejar de construir hasta que no se sometiera a evaluación de impacto ambiental. Para aquellos lugares que están en proceso de ser declarados santuario, una de las solicitudes del Ministerio del Medio Ambiente suele ser la de adjuntar una carta de respaldo de los propietarios con respecto a la solicitud.
En Gota de Leche, hay varios propietarios del campo dunar. “Nosotros hemos tenido acercamiento en distinta profundidad con todos ellos, y algunos están más dispuestos que otros a proteger el lugar, y a cederlo para bien público. Nosotros les planteamos alternativas como ejecutar proyectos ecoturísticos y realizarlos junto a la comunidad. Vamos a seguir trabajando en concientización y diálogo para lograr que todos y todas comprendan el valor de este espacio”, declara Nicolás Acuña.
El debate entre la protección del medio ambiente y la propiedad privada es recurrente en el país y ha marcado el debate previo al proceso constituyente. “Aunque estén en manos de privados, se trata de protección de bienes comunes y ahí hay un rol que el estado no está ejerciendo, porque deja en manos del modelo económico estos recursos. Pero si a estos ecosistemas se les asigna el carácter de valor público, el estado debería hacerse parte, al menos de la mediación para que los privados pongan a disposición esos terrenos para su protección”, analiza Carolina Martínez.
Para Hernán Madariaga, el proceso constituyente abre una puerta para avanzar en este sentido, desde un cambio más profundo sobre la concepción de la naturaleza como bienes comunes de uso público y objetos de protección, como una aspiración que vaya más allá de la propiedad privada. “Estamos en un momento en el país que es propicio para discutir una constitución ecológica que reconozca lo ambiental como lo más preciado que tenemos para resguardar nuestra propia existencia”, manifiesta.
