Los hechos de vandalización derivados del estallido social impulsaron a diversas empresas a focalizarse en el resguardo de sus propiedades y negocios, siendo una de ellas el Grupo Falabella.

De acuerdo a un reportaje que publica este martes Interferencia, la compañía reportó entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado pérdidas por unos 36 millones de dólares a causa de daños generados como consecuencia del movimiento ciudadano, una merma de la que pudo recuperarse debido a los seguros contratados.

No obstante lo anterior, en la empresa se dieron a la tarea de reforzar su equipo de seguridad y vigilancia, relacionándose estrechamente con Carabineros, Fuerzas Armadas y autoridades políticas vinculadas a este ámbito.

Fuentes citadas por el medio aludido al interior de Falabella, apuntan a que el encargado de reforzar y reformular los equipos de seguridad en medio de la pandemia es uno de los gerentes, Antonio Braghetto, quien hace 15 años trabaja para Mall Plaza.

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Primero fue subgerente de seguridad y luego asumió como gerente de operaciones. Antes de llegar a la compañía de retail, Braghetto fue gerente en la filial chilena de G4S, la principal empresa de seguridad del mundo con sede en Londres, Inglaterra. Previamente, en los años 80, estudió en la Escuela Militar, donde se graduó como Oficial de Artillería.

Desde hace algunos años este funcionario venía llenando un vacío de liderazgo en la comisión de seguridad de la empresa, que funcionaba más bien de facto y a través de reuniones esporádicas. Previo a octubre de 2019, fue quien implementó una modalidad que establece que los jefes de seguridad de cada empresa del grupo integrado por Falabella, Sodimac, Tottus, Banco Falabella, Mall Plaza, Lineo y CMR Falabella, debe coordinar conjuntamente sus labores de seguridad y vigilancia.

Tras el estallido, la figura de Braghetto se fortalece. El funcionario contrata a nuevos asesores para esta comisión tendientes a realizar planificaciones de seguridad e informes para gerencia.

El perfil de los nuevos funcionarios

Entre los expertos que sumó a su equipo de seguridad de Falabella aparecen oficiales en retiro del Ejército procesados por violaciones a los derechos humanos y vinculados a casos de corrupción en esa institución.

Dentro de la compañía, no todos saben de la existencia de este nuevo equipo de seguridad, sí hay rumores de pasillo sobre el pasado de algunos de los contratados en el área. En algunas gerencias que recepcionan los informes de seguridad catalogados como material "altamente confidencial”,  ha existido cierta incomodidad a causa del tenor “político” más que técnico de los reportes.

Uno de los asesores externos contratados es Alfredo Iturriaga Neumann, teniente coronel en retiro del Ejército y sindicado como agente de la Brigada Mulchén de la DINA. Su pertenencia a esta unidad de la de la dictadura se acreditó en el proceso por el crimen del diplomático español Carmelo Soria y en otras investigaciones lideradas por el magistrado Alejandro Madrid. A esta brigada que operó clandestinamente incluso tras la disolución de la DINA, se le ha vinculado a experimentos con gas sarín e incluso a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva.

En efecto, el asesor de seguridad de Falabella proviene de familia de militares. Su hermano Raúl Iturriaga Neumann tiene un prontuario relevante en materia de violaciones a los derechos humanos. Fue uno de los represores más violentos de la dictadura de Augusto Pinochet, sindicado como el ideólogo de la Operación Colombo y sentenciado en Italia por el intento de asesinato de Bernardo Leighton,  condenado por haber participado en el atentado a Carlos Prats, y jefe de la Brigada Purén de la DINA.

Sus ilícitos lo mantienen preso en Punta Peuco cumpliendo condenas por crímenes de lesa humanidad. Otro de sus hermanos, Jorge Iturriaga Neumann, también está sentenciado por el doble asesinato de Prats y su esposa el año 1974.

Tras salir del Ejército, Alfredo Iturriaga Neumann se ha volcado a trabajar en asesorías de seguridad y vigilancia en el ámbito privado. Fundó la empresa de seguridad corporativa RacoWind Consultores, entre cuyos clientes se encuentra Mall Plaza.

Adicionalmente, integra la organización ASIS International, que reúne a profesionales de la seguridad de todo el mundo, actividades que desempeña pese a seguir vinculado a procesos de violaciones a los derechos humanos en dictadura, por lo que no es extraño verlo frecuentando oficinas de tribunales.

La presencia militar se impone en el grupo de seguridad de Falabella

Otros dos ex militares del Ejército fueron reclutados el 2019 por el comité de seguridad de grupo Falabella, tras ser recomendados por Braghetto. Se trata del general Jorge Lecanda Ricalde, ex director de Operaciones del Ejército, y el general de brigada Germán Schell, ex comandante de la División de Adquisiciones del Ejército. En el caso de ellos, ambos pasaron a retiro en noviembre de 2018, luego de una renovación del alto mando derivada de  la investigación por el fraude en el uso de dineros de la ley Reservada del Cobre a cargo ministra Romy Rutherford y tras conocerse la arista alusiva al uso irregular de viáticos y pasajes en la institución. Investigación que, por cierto, aún sigue en curso.

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Schell, contratado por Mall Plaza y quien integra el comité de seguridad liderado por Braghetto, en junio de 2017 hizo noticia en medio de la revelación de que había invertido cerca de 193 millones de pesos en el Grupo Arcano, la estafa piramidal que dirigió Alberto Chang. Su inversión le sumó otro problema, esta no figuraba declarada como tal. Ni como pasivo en su declaración de patrimonio, como la ley indica para estos cargos. Figuraba, de ehcho, como una potencial fuente de conflicto de interés.

En 2018 se vuelve a saber de Schell, quien recibió una visita de la ministra Rutherford en las oficinas de la División de Adquisiciones del Ejército (DIVAE). La jueza requería documentos y antecedentes vinculados a compras ilegales y desfalcos en el Ejército.

En marzo de 2019 Ciper publica que las inversiones que Schell en la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército (JAVE) levantaron una alerta “acerca de que la JAVE pueda estar siendo usada no solo como un programa de asistencia para el personal, sino como una fórmula financiera que rinde altos intereses”.

Consultados por el currículum de sus contrataciones, desde el grupo de seguridad de Falabella y el departamento de comunicaciones del holding respondieron al medio que publica este reportaje de manera escueta. “Sobre las referencias a las personas mencionadas, la compañía no maneja ningún antecedente y de haberlos, tomará las medidas pertinentes”, detalla Interferencia.

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“Falabella cuenta con un comité que opera, desde hace años, elaborando permanentemente protocolos de prevención y seguridad. Está compuesto por ejecutivos expertos en seguridad de la compañía y asesores externos, que poseen experiencia certificada y han trabajado para varias empresas”, aseguraron en relación a la existencia y las funciones de su comité de seguridad.

Los cuestionados informes  

Tras la inclusión de ex militares en el comité de seguridad, los informes emitidos a los gerentes y subgerentes de las empresas empezaron a adoptar un “sesgo político”, asegura una fuente citada por el medio.

En uno de ellos al que accedió la redacción a cargo del reportaje original, se establece que el holding se va a relacionar con autoridades, Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas y el gobierno frente a eventuales “casos de emergencia”, lo que les otorgará una “mayor probabilidad de obtención de información útil y alertas tempranas efectivas” para la empresa.

En el documento a Braghetto se le asigna una vinculación con el Ministerio del Interior, a Schell con el Ejército y la FACH y a Lecanda se le describe como analista senior encargado de enviar los informes a los gerentes de seguridad de la empresa vía email.

Adicionalmente, a cada encargado se le convoca a solicitar, vía ley del lobby, reuniones con las autoridades nacionales y regionales de las instituciones públicas nombradas. Uno de los propósitos que se persigue es “coordinar apoyos en caso de emergencia, para las instalaciones del grupo que lo requieran, producto de graves alteraciones al orden público”.

Más adelante el documento agrega que se deben solicitar reuniones “preventivas” con las autoridades tendientes a atender hitos relevantes a nivel nacional, que pudieran afectar "la seguridad de personas e instalaciones del grupo”.

Muchos de ellos versan sobre la contingencia nacional, apuntando a protestas relacionadas con demandas sociales. Para algunos gerentes y subgerentes, de hecho, esta arista corroboraría un “sesgo político” y una información que no aporta herramientas para mejorar la seguridad y vigilancia de la compañía.

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Uno de los informes apunta a lo sucedido el 26 de diciembre de 2019 en la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros (Dioscar) de Carabineros, donde parte de este comité de seguridad se reunió con el alto mando de la institución policial.

A la mencionada reunión asistió el actual general director Ricardo Yáñez Reveco, además de los generales Raúl Agurto Silva, Enrique Bassaletti, Luis Fernando Mayer, el teniente Erick Carvajal San Martín y el abogado Jorge Carrasco Castro. Por parte del holding y específicamente como funcionarios de Mall Plaza, figuran Germán Schell y Antonio Braghetto, además de seis empleados de la compañía.

La cita, de hecho, apunta a la preocupación de comité frente al estallido social.

“Dar a conocer 4 áreas de trabajo del Grupo Falabella, frente al estallido social: 1.- Infraestructura 2.- Recurso Humano 3.- Legal 4.- Entorno de Infraestructura (Sistema de vigilancia). Manifiestan y solicitan los siguientes aspectos: 1.- Establecer niveles de coordinación con Carabineros de Chile (Representantes a nivel regional y región Metropolitana), 2.- Realizar reunión con el objeto de revisar lo acordado, 3.- conocer la estrategia de Carabineros en las zonas más afectadas por la contingencia social, 4.- Ofrecen colaboración a la Institución”, asegura el registro de la ley de lobby.

En el registro de la mencionada ley, Braghetto aparece como habitual gestor de de Mall Plaza en 13 reuniones con autoridades, algunas de las cuales se relacionan con temas de construcción y urbanismo donde están emplazados los mall, otras apuntan al plan de trabajo de los empleados durante la pandemia y algunas están orientadas a medidas de seguridad y emergencia. Por último, destacan cuatro reuniones con el subsecretario Mahmud Aleuy entre los años 2016 y 2017 alusivas a materias de seguridad y robos que afectaron a tiendas ubicadas en Mall Plaza.