Como fue reconocido explícitamente por su principal artífice, la Constitución de 1980 tiene por objetivo central resguardar, con indiferencia respecto de quien gobierne, el modelo económico instaurado en el periodo dictatorial. En el desarrollo de esta tarea, el Tribunal Constitucional (TC) se ha erigido en un bastión impenetrable de la política económica de inspiración monetarista. Sin embargo, a pesar de este cerrojo, la crisis sanitaria ha evidenciado grietas e incongruencias que permanecían ocultas y que hoy salen a la luz. Una de estas incongruencias es la intención del Ejecutivo de dictaminar la inconstitucionalidad del proyecto que busca concretar un segundo retiro de fondos previsionales. Veamos por qué.

Como bien lo describió Foucault en su curso Nacimiento de la Biopolítica, el instrumento principal de la política social neoliberal es la privatización. Esto quiere decir que la sociedad pensada por el neoliberalismo no busca proteger a las personas de los riesgos individuales y colectivos, sino que procura “que cada individuo tenga ingresos lo bastante altos para poder, ya sea directamente y a título individual o por el medio colectivo de las mutuales, autoasegurarse, sobre la base de su propia reserva privada”. En tal sentido, el proyecto de retiro de fondos previsionales es una política social –“si es posible llamarla política social”, como irónicamente expresó Foucault al describir la asocialidad intrínseca de esta forma de gobierno– que cabe perfectamente en el encuadre neoliberal. Sin embargo, a pesar de lo anterior, el gobierno ha decidido llevar este proyecto al TC para declararlo constitucionalmente inadmisible.

La argumentación del Ejecutivo en esta materia ha sido errática y dos veces inconsistente pues, por un lado, busca decretar la inconstitucionalidad de un proyecto que ya fue ejecutado previamente, por lo que nos encontramos ante una inconsistencia jurídica, y, por otro, no se trata de un rechazo al retiro en sí mismo –es más, el gobierno ha presentado su propio proyecto–, sino a la forma, lo que representa lo que podría denominarse inconsistencia ideológica, pues, como hemos señalado, la política social neoliberal pretende precisamente lo que el proyecto del Congreso consigue, esto es, que cada persona se encargue de sí misma a través de su propia reserva privada. Por supuesto, el argumento utilizado por la oposición para liderar esta iniciativa es que el retiro es indeseable, pero que debe hacerse ante la insuficiencia de la política económica del gobierno. Sin embargo, en lo concreto, se trata de una política pública neoliberal en el sentido recién descrito.

Las inconsistencias anteriores nos llevan a la siguiente interrogante: ¿por qué el gobierno ha decidido recurrir al TC para bloquear este proyecto? Las tesis son diversas: las más optimistas aseguran que existe una genuina preocupación por la regresividad del proyecto –tesis cuestionable, considerando la despreocupación histórica del sector por este asunto–, algunas apuestan al personalismo del Presidente –en su intención por retomar el control de la agenda, ha decidido frenar al Congreso, golpear la mesa y presentar un proyecto propio– y otras señalan que el objetivo es resguardar al sistema de capitalización individual en cuanto principal sostén del sistema financiero chileno.

Independiente de la motivación que subyace a este bloqueo, lo verdaderamente relevante de la pregunta anterior se devela en lo siguiente: el gobierno parece haber caído en una trampa que, tras el incuestionable resultado del plebiscito del pasado 25 de octubre, se exhibe como el clímax idóneo para el proceso de fenecimiento de la Constitución de 1980. El gobierno ha recurrido al TC, guardián infranqueable del neoliberalismo criollo, para frenar un proyecto que bien podría representar el corazón de la política social neoliberal. Es decir, el artefacto calibrado para la protección del modelo ha sido utilizado en contra de lo que ese modelo representa.

Lo anterior no representa una mera anécdota política. Se trata de una contradicción vital propia de la crisis que vivimos. Como ha descrito Habermas, “las crisis surgen cuando la estructura de un sistema de sociedad admite menos posibilidades de resolver problemas que las requeridas para su conservación”. Ocurre, entonces, que presenciamos la agonía de una estructura –la Constitución y el modo de organización social contenido en ella– que entra en contradicciones internas porque ha devenido sistémicamente insostenible. En otras palabras, la contradicción que supone emplear contra el espíritu del neoliberalismo la misma Constitución creada para preservarlo es un indicio de la crisis de una forma de entender la vida en sociedad.

Una crisis como la descrita ofrece más incertidumbre que certezas. Sin embargo, nos aporta la posibilidad de plantear algunas reflexiones de futuro. Aquí esbozamos dos. En primer lugar, esta contradicción nos debiese recordar la relevancia de construir un acuerdo constitucional amplio y desprovisto de trampas pues, como vemos, ellas otorgan una estabilidad aparente y riesgosa. En segundo lugar, este fenómeno debiese llevarnos a reflexionar en torno a la posibilidad de designar ciertas áreas de lo humano, como las políticas económicas de crisis y la seguridad social, como áreas protegidas, esto es, como áreas que no estén sometidas totalmente a la lógica del mercado; Chile, con estallido social y crisis económico-sanitaria mediante, ha mostrado que la aplicación de esta dinámica en áreas no mercantiles es insuficiente y, en consecuencia, debe ser profundamente repensada.