De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Foro Económico Mundial en el mundo se desechan aproximadamente 50 millones de toneladas de desechos electrónicos y eléctricos por año, de los cuales sólo el 20% se recicla formalmente. Se estima, además, que estas cifras podrían triplicarse a 120 millones de toneladas para 2050 si no se toman medidas concretas para revertir esta tendencia.
Una de los factores que han propiciado esta situación tiene relación con la denominada obsolescencia programada o planificada, concepto que hace referencia a la programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño del mismo, este se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible por diversos motivos, por ejemplo por falta de repuestos, provocando la necesidad de comprar un nuevo producto que lo sustituya.
Esta practica tiene su origen un 23 de diciembre de 1924 cuando se reúnen en Ginebra los principales fabricantes mundiales de bombillas de la época, entre ellos compañías como Osram, Phillips o General Electric. Allí firmaron un documento por el que se comprometían a limitar la vida útil de sus productos a 1.000 horas, en lugar de las 2.500 que alcanzaban hasta entonces. El motivo, claro está, era lograr mayores beneficios económicos.
Cerca de 100 años después, y con el fin de revertir las consecuencias ambientales provocadas por esta práctica empresarial, el Parlamento Europeo aprobó, por 395 votos a favor, 94 en contra y 207 abstenciones, el denominado “derecho a reparar de los consumidores”.
De acuerdo a lo informado por el parlamento del viejo continente, el objetivo de esta iniciativa es “impulsar la sustentablidad promoviendo la reutilización y las reparaciones y abordando prácticas que acortan la vida útil de los productos”.
Se espera que la nueva normativa “otorgue a los consumidores el ‘derecho a reparar’ haciendo que las reparaciones sean más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea ampliando garantías, proporcionando garantías para las piezas reemplazadas o mejorando el acceso a la información sobre reparación y mantenimiento”.
En este sentido, el medio Xataca indica que tras la aprobación de la medida, la Comisión de la Unión Europea tendrá que desarrollar un conjunto de reglas para garantizar que las empresas cumplan ese derecho incluyendo un “etiquetado obligatorio para proporcionar información clara, inmediatamente visible y fácil de entender a los consumidores sobre la vida útil estimada y la capacidad de reparación de un producto en el momento de la compra”.
Se espera que la legislación elimine los obstáculos que impiden la reparación, reventa y reutilización de dispositivos, además de fomentar los mercados de bienes de segunda mano.
