Durante estos días, las partidas de Educación Superior han sido motivo de fuerte controversia en el contexto de la discusión de la Ley de Presupuesto 2021. Los recursos propuestos por el gobierno fueron rechazados por la Comisión Mixta de Presupuestos, siendo esto también refrendado por la sala de la Cámara de Diputados.

Hay buenas razones para tal rechazo. Bajo el pretexto de ampliar la gratuidad –con sus conocidos problemas de diseño y el daño financiero que ha significado para las mejores y más complejas instituciones del sistema– se han impulsado dramáticos recortes en los recursos destinados a las instituciones: ítems como el Aporte Fiscal Directo, los aportes basales, o el programa PACE, por nombrar algunos, son fuertemente disminuidos en la propuesta gubernamental. Y otros, como los Fondos de Desarrollo Institucional, son abiertos indiscriminadamente a todo tipo de instituciones, incluido el sistema privado lucrativo escasamente regulado. La propuesta de presupuesto para la educación terciaria representa así el enésimo intento del gobierno por aprovechar políticamente la pandemia, redirigiendo cada vez más recursos y facilidades a las instituciones privadas, a expensas de la educación pública.

Sin embargo, ha sido mucho menos atendido el incremento de 6,5% en los recursos destinados al Crédito con Aval del Estado (CAE). Una política que ha sido emblemática tanto para promover el crecimiento de la educación privada con recursos públicos y el enriquecimiento de la banca como en cuanto a las realidades dramáticas que ha generado en miles de familias injustamente endeudadas y precarizadas. Un saco roto que, desde su creación en 2006, durante el gobierno de Ricardo Lagos, ha costado al Estado más de 4,57 billones de pesos (6.118 millones de dólares), donde el mayor desembolso corresponde a la compra de la cartera a los bancos comerciales por 3,8 billones de pesos (5.113 millones de dólares), siendo un tercio de ese valor pagado por concepto de recarga, es decir, utilidad.

Abundan casos extremos que dan cuenta del drama humano que genera esta política pública. Uno de ellos es el de Dominique Fonseca, quien contrajo el CAE con el banco Scotiabank en 2007 y en 2013 tomó un crédito hipotecario; sin embargo, tras quedar sin trabajo debió priorizar el pago del crédito hipotecario, no pudiendo seguir pagando el CAE, el que, por cierto, ya estaba pagado por el fisco al banco. La respuesta del banco fue el bloqueo de su RUT para pagar el crédito hipotecario, obligándola a una moratoria que terminó con el remate de su casa y un proceso de desalojo en curso.

Este tipo de historias se cuentan por miles y no pueden ser olvidadas. El profundo agobio y malestar con la deuda educacional ha sido parte fundamental del corazón de las movilizaciones sociales de la última década: lo fue con fuerza en 2011 y lo fue también en 2019, con más endeudados y más recursos públicos desperdiciados en el CAE. Este mismo malestar motivó en su momento que el presupuesto destinado para el CAE fuese rechazado el año pasado en el Senado, y se conformase una mesa de discusión entre el gobierno y los rectores para resolver la crisis, proceso que no arribó a puerto alguno. La lucha contra el CAE es de todo el pueblo chileno, y aquello debe reflejarse también en la discusión presupuestaria, abriéndose la posibilidad de un acuerdo gradual pero decidido hacia la condonación de la deuda educacional y el fin del Crédito con Aval del Estado.

El proceso constituyente abre una oportunidad valiosa para Chile. Imaginar y concretar un Pacto Constitucional que excluya la voracidad del capital financiero de los servicios sociales puede ser una gran conquista del pueblo chileno. Pero no hay que olvidar que, si es que hoy es posible asumir el desafío de un proceso constituyente, es gracias a movilizaciones sociales impulsadas por conflictos materiales y concretos, agobios y explotaciones urgentes que requieren ser abordadas. Las necesarias alianzas sociales y políticas para impulsar un programa de transformación constitucional que permita superar el neoliberalismo, deben también construirse en el día a día, impulsando conquistas materiales concretas que acompañen el proceso. La reparación a miles de deudores educacionales injustamente precarizados es una de ellas que no puede ser olvidada, y que deberá ir de la mano con la lucha constitucional de largo aliento por el derecho a una educación pública, gratuita, de calidad y sin deuda para todas y todos.