A lo largo de los últimos años ha comenzado a develarse un problema que se ha vuelto cada vez más patente, pero que los resultados del plebiscito del 25 de octubre terminaron de poner en evidencia. Las tres comunas de la Región Metropolitana en las que se impuso el Rechazo a redactar una nueva Constitución (Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea), concentran a la élite política y económica más poderosa de nuestro país.

Es en ese pequeño reducto, que contiene el 2,8% de la población chilena (Censo 2017), donde se toman las decisiones que nos afectan a todos, y habitan quienes se oponen con fuerza a cualquier cambio que disminuya sus privilegios, a costa del bienestar del resto de los ciudadanos, que muchas veces solo pueden aspirar a condiciones que apenas les permiten sobrevivir.

Las diferencias entre las tres comunas y el resto del país no sólo son político-económicas, también incluyen importantes diferencias sociales injustas, que impactan en diversos aspectos de la vida de las personas, incluyendo su estado de salud. El ingreso promedio por comuna es un claro ejemplo de esto ya que, al comparar su diferencia entre distintos grupos de la población y la diferencia entre los porcentajes de pobreza, los resultados son abrumadores. Los habitantes de Vitacura reciben un ingreso promedio por hogar 7,3 veces más alto comparado con la comuna más pobre de la región. A esto se suma que, en Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, en promedio sólo existe un 1,3% de pobreza por ingresos, versus el 8,6% que existe a nivel nacional y el 14,1% de la comuna de La Pintana, la cual concentra el mayor porcentaje de pobreza por ingresos de la región (Casen, 2017).

Estas diferencias, junto al contexto neoliberal en el que se encuentra Chile y una Constitución Política subsidiaria, que deja a disposición del libre mercado las necesidades sociales básicas de la población, son algunas de las causas de los principales problemas de nuestra sociedad actual. No es una coincidencia que los mejores resultados en la calidad de la educación, los mas altos índices de bienestar, las mejores condiciones de vivienda, el mayor número de áreas verdes por metro cuadrado o los mejores resultados de salud, se concentren en estas tres comunas. Es decir, las condiciones de vida en la que las personas viven, trabajan y se desarrollan impactan directamente en su percepción de bienestar y los índices de enfermedad.

Esta relación entre pobreza y resultados en salud se evidencia en diversos ámbitos. Un ejemplo de esto es la mayor prevalencia de malnutrición en los grupos más desposeídos. En esta línea, los indicadores del Ministerio de Salud dan cuenta que los niños que tienen entre 0 y 9 años presentan una prevalencia de malnutrición de 20,4% en el quintil de ingresos más bajos de la población, y de un 11,4% en el quintil más alto, o que el porcentaje de obesidad en los estratos socioeconómicos más bajos se duplica al ser comparado con datos de los estratos más altos.

Otra cara de este mismo problema se puede ver en una de las enfermedades más catastróficas que afectan a nuestro país, ya que se ha evidenciado una relación positiva entre la prevalencia de cáncer y la pobreza, incidiendo también en los índices de supervivencia. Es así como el cáncer gástrico afecta de forma diferenciada a los sectores más vulnerables de la población, debido a la asociación que existe entre el hacinamiento y la infección gástrica por Helicobacter Pylori (uno de sus factores de riesgo más importante). Pero el cáncer gástrico no es el único que se vincula a las condiciones socioeconómicas: también sabemos que las mujeres con cáncer de mama y baja escolaridad presentan una tasa de mortalidad casi tres veces mayor que aquellas que accedieron a educación superior, y los hombres con cáncer de próstata y baja escolaridad sufren una tasa de mortalidad 18 veces mayor que aquellos que tienen estudios superiores, de acuerdo al estudio realizado por el “Foro Nacional de Cáncer: construyendo juntos una estrategia nacional para Chile”, en conjunto con el Ministerio de Salud el año 2013.

Como si esto no fuera suficiente, existe una brecha enorme entre la esperanza de vida al nacer de las personas que habitan en una de las tres comunas del Rechazo y el resto de Chile. La expectativa de vida de una mujer de Vitacura alcanza en términos medios los 88 años, en comparación con los 11 años menos que viviría una mujer de La Pintana; o un hombre que vive en Las Condes tiene una expectativa de vida de 83 años, en comparación con sólo 74 para un hombre que habita en La Pintana.

Se hace imperativo, entonces, al menos igualar las condiciones de salud de las tres comunas que concentran las mejores condiciones de vida del país con el resto de las 343 comunas chilenas, dando énfasis a los sectores menos privilegiadas de Chile, favoreciendo mejores condiciones de vivienda, de educación, de acceso a una alimentación saludable y a atenciones de salud oportunas y de calidad.

La asociación antes mencionada entre la salud y las condiciones de vida no es una reflexión nueva. Ya era conocida por los médicos franceses de la primera mitad del siglo XIX, entre los cuales Virchow, Premio Nobel de Medicina, expresó tan ilustrativamente: "La medicina es una ciencia social, y la política no es otra cosa que la medicina en gran escala, (…) los médicos son los abogados naturales de los pobres, y los problemas sociales deberían ser resueltos principalmente por ellos", reflejando así que la pobreza y los problemas sociales inciden directamente en la situación sanitaria de la población y que los trabajadores de la salud tenemos mucho que aportar al respecto.

Esta realidad, lejos de quedarse archivada en un informe, representa una necesidad sentida por la población, y se corresponde al mismo tiempo con muchas de las demandas que se han levantado luego del 18 de octubre de 2019, y que podrían comenzar a satisfacerse a partir de una nueva Constitución, que genere las condiciones para fortalecer un Estado que se haga cargo de las necesidades básicas de la ciudadanía y trabaje en contra de estas desigualdades injustas y evitables.

Paradojalmente, los habitantes de estas tres comunas, donde se concentran las mejores condiciones de salud y los mayores privilegios de la sociedad chilena, son las que con más fuerza se han opuesto a un cambio constitucional, posiblemente por el temor a un deterioro en sus condiciones de vida. Pero este no es el objetivo de la nueva Carta Magna ya que, en la medida en que disminuyen las inequidades, mejora la calidad de vida de la población completa, como se ha visto en países con un mayor Estado de Bienestar.

Es por esto que se vuelve urgente que las condiciones sanitarias mejoren para todos y todas las personas que habitan nuestro país, sin restar bienestar a nadie, más bien asegurando el acceso de todos los ciudadanos a condiciones de vida dignas como un derecho humano fundamental, donde el acceso a la salud sea reconocido como una garantía constitucional.

Está claro que una nueva Constitución no es una receta mágica para resolver todos los problemas sociales, pero este cambio generará las condiciones políticas necesarias para disminuir las diferencias sanitarias injustas que existen debido a los altos niveles de pobreza de nuestro país, convirtiéndose este proceso una responsabilidad ética en la que debemos participar todos los ciudadanos.