“Dominga te cuida” decían los termómetros incluidos dentro de cajas de alimento que fueron entregadas a las y los vecinos de La Higuera en contexto de pandemia. La donación de 2.000 termómetros digitales fue hecha a la municipalidad por Andes Iron SpA, propietaria del proyecto Dominga.

La Contraloría General de la República consideró que la acción es improcedente ya que la municipalidad de La Higuera está involucrada en la evaluación ambiental del proyecto. Según el dictamen, la municipalidad “deberá abstenerse de continuar recibiendo aportes como el de la empresa para el ejercicio de la función pública municipal, ya que podría mermar la debida imparcialidad  en el cumplimiento de la función consultiva que le corresponde”.

Dominga considera la explotación de dos minas de hierro y cobre y la construcción de un mega puerto. El proyecto es cuestionado por el impacto que tendría en el Archipiélago de Humboldt, uno de los lugares más biodiversos del mundo. Dominga fue rechazado pero existe una reclamación por parte de la empresa ante esa decisión. La resolución está en manos del Tribunal Ambiental de Antofagasta, cuyo fallo está por conocerse.

Apoyo político al proyecto

Otro dictamen de la Contraloría refiere a un voto político realizado en abril por parte del Consejo Regional (CORE) de Coquimbo, a favor de que se desarrolle el proyecto minero Dominga. Según los mismos consejeros, el voto no es vinculante, pero demuestra la visión política del Gobierno Regional sobre el proyecto.

“Frente a los devastadores efectos sociales y económicos provocados por la pandemia, los cuales golpean a diario a miles de familias, en especial a aquellas más vulnerables (…) manifestamos nuestro voto político de apoyo claro y decidido a toda inversión minera sustentable presente y futura en nuestra región, incluyendo en este sentido el proyecto de la empresa Minera Dominga (…) que anticipa un impacto positivo no solo en el ámbito minero sino en el sector productivo en su totalidad”, dice el texto del acuerdo.

Según lo que dictaminó la Contraloría, el acuerdo no se ajusta a derecho porque pronunciarse a favor de proyectos no es una atribución del CORE, menos aun cuando se trata de proyectos judicializados. El texto del organismo fiscalizador solicita que el CORE se abstenga de adoptar a futuro votos políticos de ese tipo y que será competencia del Tribunal Electoral pronunciarse sobre conductas que falten a la probidad administrativa.

La abogada representante del Movimiento de Defensa del Medio Ambiente (Modema), Alejandra Donoso, coincidió con Contraloría. “Los órganos del estado, municipalidades y gobiernos regionales no pueden invertir sus recursos humanos, económicos y de poder para privilegiar y apoyar públicamente empresas de ningún tipo y menos una que está siendo cuestionada judicialmente, precisamente por la desprolijidad que existe en las decisiones en materia administrativa”.

El dilema laboral

Uno de los principales argumentos de los consejeros regionales para apoyar el proyecto alude al desempleo en la comuna y cómo este proyecto podría contribuir a la economía del sector. La disyuntiva entre los impactos ambientales y los empleos que genera un proyecto es frecuente e incluso genera división dentro de las comunidades como la de La Higuera.

“Dicen que en La Higuera no hay trabajo, pero aquí vivimos de la pesca artesanal, de la agricultura, de la ganadería y del turismo sustentable. En punta de choros existe el área de manejo de locos más grande de la zona norte de Chile. Dicen que la empresa da trabajo, pero también va a destruir los trabajos de estas actividades que realizamos históricamente. En la Higuera sí hay pobreza. Nuestro planteo es que se puede hacer un centro turístico para las personas que pasan, de camino a Punta de Choros. La Higuera tiene paisajes, montañas para hacer trekking, se pueden poner cabañas y restaurantes. Lo único que falta es voluntad. Sobre todo, voluntad política”, afirma Carolina Bahamondes, representante de MODEMA.

La activista también recuerda que la minería además de generar puestos de trabajo ha generado daños ambientales como contaminación de cursos de agua por filtración de relaves, como sucedió con la minera Los Pelambres, o contaminación del aire como sucede en Andacollo que ha sido declarada zona saturada por material particulado. Coquimbo es además la región del país con mayor cantidad de relaves mineros.

Municipios mineros

Los regalos y donaciones por parte de empresas contaminantes hacia las comunidades y autoridades, no es una práctica aislada. Alejandra Donoso, que ha trabajado como abogada en diversas situaciones de conflicto socioambiental, afirma que “las empresas tienen dentro de sus costumbres entregar dadivas y regalos que no corresponden, tanto a las autoridades como a las comunidades. Esto va en contra incluso de estándares internacionales de empresas y derechos humanos, que no se exigen en este país”.

La Defensoría Ambiental, organización donde trabaja Alejandra, ha denunciado anteriormente esta práctica como una estrategia comunicacional para mejorar la imagen de una empresa contaminante, sin atender a los impactos que generan sus propias actividades.

La práctica de empresas mineras de hacer donaciones a los municipios donde se emplazan fue investigada en el 2017 por CIPER, detectándose más de $ 44mil millones donados por mineras. Muchas de esas donaciones, según se descubrió, coinciden con episodios de contaminación, o con momentos en que los municipios debían pronunciarse sobre proyectos.

La Contraloría ha dictaminado desde el 2010 que las municipalidades deben abstenerse de recibir donaciones de privados que pongan en juego su imparcialidad. Los montos de donaciones detectados demuestran que el dictamen no es tomado en cuenta. Durante la investigación realizada por CIPER en esa ocasión, el municipio de La Higuera fue uno de los que desatendieron la solicitud de transparencia. 

https://www.eldesconcierto.cl/2020/10/28/estudio-revela-que-75-de-las-inversiones-nacionales-de-las-afp-van-a-empresas-extractivistas-de-alto-impacto-ambiental/