La mañana de este martes, la diputada Camila Flores (RN) junto a sus pares Osvaldo Urrutia (UDI), Francisco Undurraga (Evópoli) y Luis Pardo (RN), acudieron al Tribunal Constitucional para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que pretende sancionar el negacionismo, respectivo a los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura.

La iniciativa actualmente se encuentra en el Senado, luego de que el 22 de septiembre pasado fuera aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, y desde Chile Vamos pretenden frenar su aprobación acudiendo al citado tribunal.

"Creemos que esta norma que se aprobó en la Cámara es tan grave, tan impresentable lo que se quiere hacer, pero nos parece que es fundamental que estas normativas no pretendan tener ningún buen puerto en nuestro país", expresó Flores en la instancia, dando cuenta además de que su iniciativa cuenta con el patrocinio de 56 parlamentarios de la coalición de gobierno que se oponen a la ley contra el negacionismo.

Para la parlamentaria, la normativa es señal de un sector de la política nacional que busca coartar "la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de los padres a educar a sus hijos y la libertad de culto".

"Este requerimiento busca restablecer un derecho que en toda democracia fuerte y con cimientos importantes, es fundamental, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es fundamental para poder desarrollarnos más allá de las legítimas diferencias de opiniones que podamos tener, pero debemos respetarnos”, agregó en esa línea.

"Ley fascista"

Incluso, los parlamentarios de Chile Vamos llegaron a referirse a esta normativa como una "ley fascista", apuntando sus dardos específicamente al PC.

"Lamento que el PC, aquellos que señalaron en el pasado que fueron perseguidos por sus ideas, hoy pretendan hacer con nosotros lo mismo: perseguirnos porque no pensamos como ellos y que además nos pretendan encarcelar por tener una opinión distinta”, indicó Flores.

Desde la UDI, el diputado Osvaldo Urrutia agregó en la misma línea que "pretender sancionar con cárcel, con pena aflictiva a una persona que piensa distinto, nos parece que no solo es antidemocrático sino que también contrario a los convenios internacionales que ha firmado Chile”.

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"Las ofensas por duras que sean se deben contestar con argumentos, no amenazar con cárcel y meter preso a las personas que piensan distinto”, añadió el parlamentario, tildando la iniciativa como "ley fascista".

Asimismo, su par de Evópoli, Francisco Undurraga, llegó a sostener que la normativa atropella "los derechos humanos de muchos chilenos que sienten y piensan distinto incluso a mí, en relación a esta materia". 

Desde el gobierno en tanto, el ministro del Interior, Víctor Pérez, no tomó postura en la temática, y se limitó a expresar que los parlamentarios están "ejerciendo su derecho".