“Se deben deslindar todas las responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales, hasta el máximo nivel, de todas aquellas personas que en su posición de garantes conocían o debieron conocer la magnitud de las violaciones de derechos humanos y no las evitaron, aunque tuvieron la capacidad y la obligación de hacerlo”.

Con esa declaración, la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas, resumió una parte importante de las conclusiones a las que llegaron, luego de realizar un informe acabado sobre las protestas iniciadas el 18 de octubre de 2019 en nuestro país, que será publicado este miércoles.

En dicho trabajo, se concluye que los altos mandos de Carabineros deberían ser investigados por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido social.

“Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social” es el nombre del texto, cuya presentación oficial estaba agendada para las 11:00 horas de este miércoles, y donde se detalla la actuación de oficiales de Carabineros entre el 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019.

"Política cuyo fin era desalentar la protesta social"

En esa línea, Guevara Rosas explicó que el informe sostiene que “los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes“, y que “la cadena de omisiones que Amnistía Internacional identificó a lo largo de las rutas institucionales que podrían haber puesto fin a las violaciones de Derechos Humanos por parte de los mandos estratégicos de Carabineros, evidencia que lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social”.

A estas prácticas, Amnistía las contextualiza dentro de lo que denomina un “patrón histórico“ de comportamientos dentro Carabineros, “que pone en evidencia la necesidad de reformar estructural y profundamente la institución, incluyendo mecanismos eficaces e independientes para el control y la rendición de cuentas“.

Así, Guevara Rosas mencionó específicamente las responsabilidades de “al menos el general director, Mario Rozas; el general subdirector, Diego Olate; y el director de Orden y Seguridad de Carabineros, Ricardo Yáñez“, todos quienes habrían tenido conocimiento de las violaciones de derechos humanos a través de información pública y oficial.

Ausencia de sanciones

Otra de las dimensiones de esta problemática analizadas por Amnistía fue que ante estas evidencias, la institución prácticamente nunca sancionó a sus funcionarios. Más aún, estas acciones de violencia siguieron ocurriendo durante todo este 2020.

De hecho, la organización citó como ejemplo de nuevos episodios de violencia la reciente caída de un adolescente de 16 años desde el puente Pío Nono hacia el Río Mapocho, hecho cuya responsabilidad se le objeta a uno de sus funcionarios, Sebastián Zamora, actualmente formalizado por homicidio frustrado.

En cuanto a las sanciones, en el período analizado, prácticamente no hubo sanciones disciplinarias, a pesar de que había más de 4.000 denuncias ante la Fiscalía en contra de oficiales de Carabineros. Así, de las 170 sanciones anunciadas por la institución policial en el mes de julio de 2020, solamente 16 terminaron con el cese del puesto del funcionario aludido.

“Oficiales de Carabineros reprimieron las protestas disparando munición altamente lesiva, de amplia dispersión y contraria al estándar internacional sobre uso de la fuerza“, agregó la vocera de Amnistía en relación a los disparos de balines de goma, agregando que, sin embargo, “lejos de prohibir estos balines de goma y metal como munición antidisturbios, como se debería haber hecho, fueron disparados de manera descontrolada, en ocasiones con la intención de dañar a los manifestantes, o sabiendo que era probable que ocurriese”.

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“Esta estrategia de impunidad se vio favorecida por la falta de trazabilidad de la munición empleada, debido a que no quedaban huellas en el arma desde la que se disparaba”, agregó.

En este punto, se menciona específicamente a ciertos mandos operativos de la Región Metropolitana, como el jefe de Zona Metropolitana (STGO1) o el jefe de Zona de Orden, Control e Intervención (STGO4), quienes permitieron y avalaron estos comportamientos delictivos.

“El hecho de que estos mandos operativos de la Región Metropolitana dirigieran y coordinaran las operaciones y estuvieran directamente implicados en violaciones de derechos humanos, habría alentado al resto de sus subordinados a operar de la misma manera en contra de manifestantes”, indicó Guevara Rosas

La responsabilidad del gobierno

Según el reporte de Amnistía Internacional, los intentos del Ejecutivo por controlar a la institución policial fueron “insuficientes” y el discurso de apoyo a la labor de Carabineros favoreció la continuidad de dicha estrategia.

“Se deben deslindar todas las responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales, hasta el máximo nivel, de todas aquellas personas que en su posición de garantes conocían o debieron conocer la magnitud de las violaciones de derechos humanos y no las evitaron, aunque tuvieron la capacidad y la obligación de hacerlo”, recalcó.

Según Guevara Rosas, “la Fiscalía Nacional y el poder judicial tienen una labor titánica por delante, pero crucial para el bienestar del país: terminar con la tradición de impunidad de las violaciones de Derechos Humanos cometidas por Carabineros”

 “La justicia, la verdad y la reparación a las víctimas es el mejor remedio para un país herido”, concluyó la directora para las Américas de Amnistía.