Carabineros de Chile ingresó en un espiral de crisis en 2016, cuando salieron a la luz los hechos comprendidos en el denominado “Paco Gate”, un fraude que tiene a 31 imputados por la malversación de caudales públicos por un monto superior a $ 28.000 millones. De ahí en más, un hecho “aislado” tras otro. Hasta que el 18 de octubre pasado el espiral de crisis pasó a ser una crisis permanente.

“Operación Huracán”, “Caso Catrillanca”… Desde el estallido social, 2.329 querellas en contra de la institución han sido interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que además contabiliza 3.838 personas heridas por policías, 2.146 vulneraciones constatadas, 23 homicidios frustrados y 206 casos de violencia sexual. Después, un pequeño remanso pandémico, hasta que el pasado viernes 2 de octubre un carabinero tiró a un joven de 16 años desde puente Pío Nono al río Mapocho.

Es en el transcurso de esos hechos que comenzó a rondar con fuerza la idea de reformar a la policía uniformada. Nosotros hemos respondido con la certeza de que no se puede reformar una institución viciada desde sus fundamentos. Sólo cabe refundar. Y no lo decimos sólo como un juego de palabras, pues en efecto son los fundamentos de Carabineros los que han hecho crisis y le han costado al país muertos y mutilados. Esos fundamentos son, en lo principal, su militarización y su excesiva autonomía respecto al control civil democrático, que ha redundado en violaciones masivas a los derechos humanos.

La pregunta es entonces: ¿cómo se refunda una institución que ha mostrado un funcionamiento altamente deficiente, pero que a su vez es tremendamente necesaria –qué duda cabe– para el país?

La propuesta del ministro del Interior, Víctor Pérez, ha sido la conformación de una comisión compuesta por diez personas, cinco de ellas “independientes” (independientes de qué, nos preguntamos) más representantes de las subsecretarías del Interior y de Prevención del Delito, y de los ministerios de Justicia, Hacienda y de la Mujer.

Inmediatamente saltan a la vista dos vacíos importantes, que pueden sugerir que al gobierno en realidad no le interesa mucho solucionar los temas de fondo con Carabineros. Si los tres conflictos históricos más grandes de la institución son con los pueblos indígenas y con las arcas fiscales, más un uso desmedido de la fuerza en manifestaciones, ¿por qué no hay representantes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), de la Contraloría General de la República y del INDH en la comisión? ¿Será que se pretende mantener intacta la militarización del Wallmapu y la falta de regulación en los gastos? ¿Que se pretende seguir mutilando?

Por el contrario, pensamos que si los problemas fundacionales de Carabineros, por los cuales debe ser refundado, son su militarización y su autonomía respecto al poder civil. Esta reforma no puede ser discutida a espaldas del poder civil legítimamente constituido, suplantando al Congreso Nacional por una camarilla reducida de diez personas, mucho menos en el plazo de un mes, que es lo que el ministro Pérez pretende que se tarde la comisión para una propuesta final.

Necesitamos un debate amplio, democrático y urgente. La demora en una acción decidida de refundación acumula cada día más casos de violaciones a los derechos humanos que los que una democracia puede resistir.