La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, de dependencia directa de Michelle Bachelet, solicitó una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el puente Pío Nono, que terminaron con un adolescente de 16 años grave.

Paralelamente, la oficina valoró que la Fiscalía iniciara oportunamente una investigación, y solidarizó con el adolescente y su familia.

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"Es necesario investigar y, si procede, juzgar y sancionar no sólo la responsabilidad individual del funcionario de Carabineros directamente involucrado, sino investigar la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la operación", planteó.

De acuerdo a la entidad, "resulta especialmente preocupante la omisión de asistencia por parte de carabineros a la víctima, que tuvo que ser auxiliada por otros manifestantes y rescatistas civiles".

“Las y los rescatistas civiles merecen todo el reconocimiento y apoyo de la sociedad chilena,” señaló el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.

ONU: Caso "se suma a extensa lista de otros casos de violaciones de DD.HH"

De acuerdo a la oficina, el caso del puente Pío Nono "no es excepcional, sino que se suma a la ya extensa lista de otros casos de violaciones de Derechos Humanos por parte de fuerzas de orden cometidas en el contexto de manifestaciones sociales".

Posteriormente, el organismo aclaró que estos hechos "han sido documentadas en distintos informes a nivel internacional y nacional como el la propia Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos después de su misión en 2019, los de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, del Instituto Nacional de Derechos Humanos; e incluso después de estos informes".

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“Preocupa el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad, pues son conductas reiteradas", relevó Jarab.

Adicionalmente, alertó respecto de la manera en que opera la entidad liderada por Mario Rozas. "Hago un llamado a que se identifiquen los patrones y analicen las causas que favorecen estas conductas”, dijo.

El representante enfatizó en que “se necesita una reforma profunda de las fuerzas del orden y seguridad, que tenga como pilares la profesionalización de sus agentes, formación en DD.HH, subordinación a la autoridad civil y especialmente, mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles".

El organismo internacional, subrayó la necesidad de "abordar las causas estructurales de la conflictividad en la sociedad, como la desigualdad socioeconómica y la inequidad social.

Por último, especificó que "el Estado debe proteger los derechos humanos de todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación”.