El pasado sábado 26 de septiembre se cumplió el plazo para firmar el Acuerdo de Escazú, tratado internacional en materia medioambiental cuya creación Chile impulsó, pero del que finalmente decidió restarse.

Para negarse al mismo, el gobierno ha argumentado la generación de incertidumbre jurídica y que obligaciones para el Estado son indefinidas, amplias y ambiguas, lo que podría generar potenciales problemáticas en el futuro.

No obstante, estos argumentos han sido rebatidos por quienes sostienen que más bien, la negativa estaría basada en consideraciones económicas, lo que estaría develando que las prioridades del Ejecutivo le permiten incluso pasar por sobre la preocupación por el medio ambiente.

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Así lo sostuvo el director nacional de Greenpeace, Matías Asun, quien en conversación con Radio Universidad de Chile, señaló que “la voltereta del gobierno en el Tratado de Escazú, tratado que insistió a otros países en firmar y que el Presidente de la República públicamente en julio de 2018 comentó que iba a apoyar, muestra claramente una posición regresiva del gobierno en materia medioambiental”.

“Un país que se planteaba como un líder medioambiental hoy está siendo señalado por Naciones Unidas como un país donde los negocios valen más que los derechos humanos, donde finalmente las industrias contaminantes tienen más privilegios legales y más apoyo de las instituciones de gobierno que los tratados de derechos humanos y que la protección del medio ambiente", complementó Asun.

En ese sentido, enfatizó que con esto, "se termina de develar que Chile, a través de su gobierno, hoy lo que está buscando es justamente una reactivación económica que no cambie en nada la contaminación y el abuso del medio ambiente que nos llevó a vivir situaciones extremadamente graves durante esta pandemia”.

Greenpeace: "Es como retirar al arquero de arco"

Por otra parte, Asun utilizó una analogía de fútbol para explicar que, el no firmar este tratado, básicamente implica dejar un flanco sin cubrir, lo cual dejará a su vez la puerta abierta para empresas e inversionistas que saben que en otros países serán rechazados por cuestiones de sustentabilidad.

“De alguna u otra manera esto es como si en un partido de fútbol el entrenador le da instrucciones al arquero de que se retire del arco, es la posibilidad muy clara de que nos sigan metiendo goles, y el mundo entero sabe que Chile tiene el agua privatizada, sabe que en Chile no hay una ley de glaciares, sabe que en Chile uno puede ser dueño de ríos completos. Situaciones como esas evidentemente atraen inversiones que no tienen que ver con la sustentabilidad, tienen que ver con el abuso del medio ambiente y la certeza jurídica es que finalmente no hay nadie que les impida a esas empresas afectar el medio ambiente de manera irremediable”, señaló.

En esa línea, el director nacional de Greenpeace agregó que "el Tratado de Escazú no iba a resolver todos esos problemas, pero sin duda nos habría dado herramientas importantes para impedir la desigualdad, la asimetría que hoy permite que proyectos como esos operen de manera inmune, que situaciones como las de Quintero y Puchuncaví sigan existiendo y que sigamos recibiendo notificaciones de los Comisionados de Derechos Humanos señalando que en Chile los negocios son lo único que le importa a nuestro gobierno”.

En cuanto a una posible adhesión futura al tratado -la cual aún es posible aunque ya no como estado originario- Matías Asun indicó que aún existe la esperanza de que se reconozca el error.

“La chambonada que ha hecho el gobierno de Chile destruyendo su reputación internacional cambiando inexplicablemente, todos sabemos la verdadera razón, pero cambiando inexplicablemente de posición se puede revertir si se reconoce el error y se firma el tratado, que sabemos está para firmar desde hoy en la mañana en Nueva York. Por lo tanto, en términos prácticos cada día que pasa es un día más que le pesa a este gobierno con no firmar un tratado de derechos humanos que tan bien le haría a su reputación internacional, además de al medio ambiente”, afirmó.