Pablo Longueira ha popularizado, y también comienza a implementar, la estrategia de la licuación del significado del plebiscito al apoyar el Apruebo y la Convención Constitucional. Su argumento no se basa en querer una nueva Constitución para Chile, si no que busca un “continuismo constitucional corregido” según las nuevas condiciones del país. Así, daría lo mismo votar Apruebo y luego en la Convención pactar con los sectores de la ex–Concertación proclives al actual modelo económico, para derrotar democrática y paradójicamente a las fuerzas sociales y políticas que están por superar el neoliberalismo.

Una estrategia similar en el plano de los Derechos Humanos está desarrollando el gobierno en compañía de aquellos sectores que –como Piñera–, habiendo votado NO en 1988, asumen que el actual orden institucional sólo requiere adaptaciones similares a las presentadas por el Presidente en un reciente memorándum público sobre los contenidos constitucionales. Estos sectores añoran el respeto al viejo orden, abusivo y desigual. Interpretan que las violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el 18 de octubre del 2019 tienen su causa en la violencia delictiva, la intervención de grupos extranjeros y de vándalos que operan por órdenes de partidos, ante lo cual las fuerzas de seguridad debieron actuar con lo que tenían y como pudieron, para evitar el fin del orden democrático. Según este relato serían violaciones a los derechos humanos, pero circunscritas a algunos militares y muchos carabineros sin la debida formación y con escasos medios disuasivos modernos, a los que quizás haya que juzgar si la investigación administrativa o judicial lo estimara.

La licuación de los derechos humanos consiste en declarar que se le respetan (aprueban su existencia), pero en la interpretación avalan su violación y en la práctica esconden a los responsables políticos e institucionales de ella.

Bajo el actual gobierno –está documentado– se violaron los derechos humanos de manera grave y reiterada entre los meses de octubre y diciembre de 2019. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Right Watch, son algunas de las instituciones que así lo afirmaron. Pero el Presidente le ha dicho a la Asamblea General de la ONU, este 22 de septiembre, que: “Durante estos meses difíciles y violentos, mientras ejercíamos nuestro deber de restaurar el orden público y resguardar la seguridad ciudadana, para lo cual debimos recurrir a Estados de Excepción contemplados en nuestra Constitución, nuestro gobierno tomó todas las medidas y precauciones posibles y necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de todos”. Y agregó: “Haremos todos los esfuerzos para que en Chile no haya impunidad, ni para los que vulneran los derechos humanos ni para los violentistas que atentan contra la sociedad”. Es decir, el gobierno licúa los derechos humanos, dice aceptarlos, pero “restaura” el orden público con más de 25.000 detenciones en contexto de protestas y manifestaciones en un mes (18 octubre a 17 noviembre). Según la información reciente del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hubo 3.800 heridos, de los cuales 460 son por trauma ocular; 8 homicidios consumados y 36 frustrados; y 257 denuncias por abusos sexuales, en tanto 1.083 los son por tortura y tratos crueles, todo ello imputado a agentes del Estado. Del total de 2.499 querellas presentadas por el organismo hay sólo 68 personas formalizadas, y de las 168 querellas involucran a los heridos por trauma ocular, en solo tres causas hay formalizados. Respecto de los “violentistas”, el gobierno presentó 1.914 acciones judiciales contra 3.274 personas acusadas de incendio, agresión a uniformados y, principalmente, desórdenes y de éstos, a julio, 497 permanecían privados de libertad sin comprobarse aún su responsabilidad en los hechos.

Mientras esto ocurre, en paralelo el propio gobierno ha impulsado una agenda que, en vez de expandir derechos, genera una “nueva legislación corregida”, la que permite restringir derechos como a la privacidad, a la libre circulación y dota a las Fuerzas Armadas y Carabineros de nuevas atribuciones y herramientas represivas para intervenir en las manifestaciones de protesta. Tal es así, que se busca restringir la potestad de investigación de la Corte Penal Internacional sobre denuncias de crímenes de lesa humanidad, al traspasar la decisión de su actuación desde la Fiscalía Nacional a la Cancillería, es decir a una autoridad política y no judicial. Asimismo, el gobierno pretende “fortalecer los servicios de inteligencia”, creando una agencia con mayor autonomía para investigar a la ciudadanía y a las instituciones, lo que permitiría su uso para operaciones políticas. Esto entre otras iniciativas ya aprobadas, como la ley “anti-barricadas”.

Hay que agregar, entonces, el otro componente de esta estrategia de licuación. Es la ambigüedad del principal organismo autónomo de los derechos humanos del país: el INDH. Su informe de violaciones a los derechos humanos 2019 fue una expresión de esto: claridad en las cifras de la existencia de violaciones graves, generalizadas y con patrones de represión en casos de violencia sexual y traumas oculares, los que sin embargo fueron subsumidos en un lenguaje y recomendaciones que evitaban concluir en las responsabilidades políticas y de mando institucional en las violaciones que denunciaba.

En esta misma línea, en las declaraciones al sumario de la Contraloría, el director del INDH afirma que las violaciones de derechos humanos cometidas por Carabineros se deben a “la capacidad técnica (carros lanzagua y lanzagases) y personal de Carabineros de Chile es demasiado baja para mantener el orden público”, su escasa formación los lleva a “no respetar los protocolos” y señala que en las detenciones hubo un número “no menor” de “vejaciones con connotación sexual”. Es decir, no afirma que el Alto Mando hizo caso omiso a las denuncias presentadas, protegió a sus subalternos y siguió disparando a los ojos. Todo esto con la defensa pública del gobierno al actuar de Carabineros. Conclusión: más dinero fiscal para seguir armando a Carabineros, en vez de exigir su completa reestructuración y subordinación a la autoridad civil.

Otro ejemplo es la actuación en el caso del pueblo mapuche: ya en mayo 2019 el INDH no cuestionó la legitimidad de la pregunta de la Consulta Indígena, que llevaba a la liberalización del mercado de tierras comunitarias, y su informe como observador de ésta fue “neutral”. Se suma, este mes de septiembre, la “observación” del Trawün de Carahue –que terminó en Temuco debido al rechazo de las propias comunidades mapuche y del alcalde–, donde el INDH aparece más en un “parlamento” instalado por el gobierno para su política en la región, que en un esfuerzo de diálogo real sobre temas de fondo (aplicación del Convenio 169 de la OIT) que busque transformar un orden que por décadas se ha resistido a la ética de los derechos humanos.

Su silencio respecto de la necesaria ratificación del Acuerdo de Escazú también es relevante, pues debió jugar un papel protagónico en respaldarla, porque es parte de su labor (Artículo 3, N° 2: “Comunicar al gobierno, y a los distintos órganos del Estado que estime convenientes, su opinión respecto de las situaciones relativas a los derechos humanos que ocurran en cualquier parte del país”), sin embargo quedó a la espera de la decisión gubernamental.

El INDH debiera salir de su posición de “Instituto Nacional de Estadísticas de los Derechos Humanos”, para jugar un rol proactivo en la protección y defensa de estos, impidiendo su licuación en interpretaciones y acciones que lo desnaturalizan. Para que ello ocurra es clave reforzar su autonomía y con el apoyo de la sociedad civil, ir redefiniendo su rol e institucionalidad. Un nuevo marco constitucional podría contribuir a este propósito.