Dos noches antes del Año Nuevo, Myriam Duarte durmió con su familia en la calle de un cerro en Valparaíso. Llegó a las tres de la tarde junto a sus dos hijas y su marido, instaló unas sillas y se puso a la fila. No venía por los famosos fuegos artificiales del puerto, sino porque un algoritmo matemático no asignó a su hija a ninguno de los 7 colegios públicos a los que la postuló para cursar su primer año de enseñanza secundaria.

“En este colegio quedó 230 en la lista de espera. En otro, quedó número 2 y no corrió nada”, cuenta Myriam, armada con su merienda en la puerta de un liceo porteño. Está preocupada por su hija: dice que la ve triste porque es una de los 7 estudiantes de su curso que aún no puede matricularse en ningún establecimiento. Por eso organizó a su familia en cuadrillas y esta noche están todos haciendo fila en la calle frente a varios colegios.

“Se supone que el día 30, que es mañana, se abre así como un libro de espera, entonces ahora la gente se anota en esos famosos libros, y en caso de que se produzca un cupo van a llamar. No es que yo me quede acá toda la noche y que tenga seguro que a mi hija la van a matricular acá”, explica.

Myriam postuló a su hija a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE), el nuevo mecanismo de ingreso de estudiantes a establecimientos particulares subvencionados y públicos. Aunque ya se aplicaba desde hace tres años en algunas regiones del país, fue en 2019 cuando se implementó por primera vez en todo Chile. El sistema se basa en la Ley de Inclusión Escolar, aprobada en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que, entre otras cosas, eliminó la posibilidad de que estos colegios seleccionen a sus estudiantes basados en su mérito académico, religión, etnia, sector socioeconómico u otro factor.

Este cambio de paradigma fue en gran medida resultado de las movilizaciones de 2011, cuando cientos de miles de estudiantes salieron a las calles a lo largo del país a protestar pidiendo educación de calidad y cambios profundos a la política educacional que perpetuaba uno de los sistemas escolares más segregados del mundo.

[caption id="attachment_103281" align="alignnone" width="640"] Camila Vallejo, una de las dirigentes que encabezó la movilización de 2011. (Imagen de archivo)[/caption]

Antes de la ley, Chile tenía políticas que agudizaban la segregación escolar. “La posibilidad de que los colegios particulares subvencionados cobraran una cuota a las familias, y la selección de estudiantes usando una diversidad de procedimientos, concentraba estudiantes de las mismas características en los establecimientos. En un barrio tienes dos colegios, por ejemplo, y la diferencia en salarios, en atributos en un territorio, se reflejaba de forma casi idéntica en la composición de esos colegios”, explica Alejandro Carrasco, director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Universidad Católica de Chile (CEPPE UC), e investigador del Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional UC.

El nuevo sistema busca asegurar que los menores no sean discriminados en el acceso a la educación escolar pública y particular subvencionada. Por eso, por primera vez en 40 años, si un colegio tiene más cupos que postulantes, está obligado a recibir al niño o niña que quiera estudiar ahí.

Pero Chile tiene un problema estructural. “Los establecimientos que tienen buena calidad son pocos, entonces hay menos cupos que cantidad de personas que quieren usar esos cupos, y eso genera una tensión hacia el sistema”, explica Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, una ONG que busca mejorar la educación en Chile.

Como hay menos cupos que postulantes, se debe decidir quién ingresa y quién no: un problema complejo de solucionar sin discriminar de forma arbitraria. Pero una fórmula matemática inventada en los años 60 por David Gale y Lloyd Shapley –dos economistas estadounidenses– puede ayudar. De hecho, ya se usa de forma exitosa para resolver este mismo problema en Nueva York y Boston, en los Estados Unidos, y en algunas ciudades de Holanda y Finlandia, según indica el Instituto para la Investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MIPP).

Se trata de un algoritmo llamado “de aceptación diferida”. En palabras simples, un algoritmo es una serie de instrucciones que se siguen para resolver un problema. En el caso de Chile: cómo asignar a los niños y niñas que postulan a establecimientos educacionales con cupos escasos, considerando sus preferencias y ciertos criterios de prioridad.

Algunos los llaman también robots, porque luego de ser programados trabajan de forma automática. “No es que los algoritmos tengan vida propia, sino que materializan ciertos principios y ciertos objetivos de política pública”, explica el investigador Alejandro Carrasco.

Los criterios de prioridad que aplica el algoritmo chileno son cuatro, según establece el decreto que regula el SAE. Primero, que en el colegio ya estudien hermanos o hermanas. Segundo, que el menor sea un estudiante prioritario, es decir que tenga cierto índice de vulnerabilidad. Esto aplica hasta completar el 15% de la matrícula disponible en cada nivel. En tercer lugar,  que el padre o madre trabaje en el establecimiento. Finalmente, que el niño o niña haya estudiado antes en ese colegio y no haya sido expulsado.

Luego de considerar estos factores, si hubiese empate en la prioridad el algoritmo opera asignándole al niño o niña un número de forma aleatoria. Para esos casos, “hay un número que hace que corra la bolita”, explica Carrasco. Es lo que se llama “valor semilla”, y en Chile proviene del último sismo que ha remecido al país. “Como tenemos tantos es un número muy dinámico. Esa es la lógica”, dice el investigador.

“La fuerza de primer orden es que el algoritmo trata de poner a los estudiantes en los colegios preferidos por los apoderados. Cuando no se puede, se utiliza el azar para eliminar la discriminación arbitraria”, explicó a la prensa José Correa, director del Núcleo Milenio ICR y académico de la Universidad de Chile, quien fue parte del equipo que trabajó con el algoritmo chileno para crear el SAE. Esto implica que el algoritmo siempre buscará asignar al niño o niña al colegio de su primera prioridad. Si no es posible, pasará a la segunda, luego a la tercera, y así hará el recorrido por todas las opciones que pusieron los padres, respetando el orden de prioridad que ellos eligieron.

Si el estudiante no queda en ninguno de los colegios a los que había postulado, el algoritmo lo ubica en el que aún tenga cupos, sea más cercano a su vivienda y no esté calificado como insuficiente por la Agencia de Calidad de la Educación.

Alejandro Carrasco aclara que “el sistema funciona para que en los hechos nadie quede sin colegio. Pero sucede que hay estudiantes que postulan a puros colegios sobre demandados, y quizás a pocos colegios, dos o tres, y quedan fuera de esos”.

De hecho, no es que la hija de Myriam Duarte no tenga colegio. El algoritmo sí le asignó un establecimiento educativo, pero ella no lo eligió y no está dispuesta a matricularla ahí.

-¿Por qué no les gustó el colegio al que se asignó a tu hija?, pregunta Chequeado.

-Porque es un liceo bastante malo, con bastante problemática de violencia.

-¿El proyecto educativo no los representa?

-No, para nada. Imagínate, mi hija estaba en un colegio católico, de básica, chiquitito. Entonces es un cambio demasiado grande, ella está acostumbrada a otro sistema.

En 2019, postularon 483.070 estudiantes a través del SAE a sus colegios de preferencia a nivel nacional. El 74% del total –más de 355 mil niños y niñas– seleccionó colegios con menos cupos que postulantes, por lo que operó el algoritmo en la selección.

Las cifras oficiales del Ministerio de Educación de Chile muestran que el 36% quedó en su primera opción y que seis de cada diez niños y niñas –el 62%– quedaron en alguna de sus tres primeras opciones. Sin embargo, hubo un 31% que, como la hija de Myriam, no quedó en ninguno de los colegios a los que había postulado. Para ellos y ellas se abrieron los libros donde se anotan los nombres de quienes quieren registrarse en las listas de espera.

La rabia de la clase media

Justo antes de que el SAE se implementara en todo el país, el Centro de Justicia Educacional UC hizo un seguimiento a 81 familias que habían postulado en cinco ciudades de Chile, con entrevistas semiestructuradas antes y después de la postulación. El estudio fue publicado en agosto de 2018 y muestra que las familias de sectores socioeconómicos más vulnerables aprueban el uso del algoritmo, porque tienen la percepción de que disminuye la brecha de acceso de sus hijos e hijas a los colegios por motivos de apariencia, ocupación de los padres u otro.

“No hay un criterio humano, de que te miren feo o mal, no hay subjetividad para la selección de mi hija, no hay foto de ella; nadie dice que es chica, negrita, blanca, china, no sé, no hay en ese sentido ese tipo de cosas, y por eso siento que fue algo positivo”, dijo a los académicos una mujer de sector socioeconómico bajo, quien vive en Iquique.

Pero las familias de sectores socioeconómicos medios rechazan el uso del robot, porque perciben que pierden poder de influir con elementos que antes eran clave para la selección, como las pruebas de admisión y las entrevistas a las familias. Según el estudio, estas familias sienten que tienen menos opciones para quedar en su liceo de preferencia, ya que ahora lo determinante no es el rendimiento del estudiante ni la reputación social asignada a la familia, sino los factores de priorización y un elemento aleatorio.

Otra mujer de Iquique, pero de sector socioeconómico medio, lo explicó así en el mismo estudio: “Antes el sistema hacía que los papás se involucraran, se preocuparan por sus hijos. Ahora no sé lo que verán, pero uno sabe que su hijo tiene buenos antecedentes, uno confía en su hijo, que está preparado, que tiene buen nivel académico, que habla bien, que aprende muchas cosas; por eso yo prefiero un examen de admisión, ahí se puede ver. Ahora todos somos lo mismo, nos comparan a todos con mamás que no se preocupan como uno. (...) No se puede seleccionar como se hacía antes y, lamentablemente, pasa que algunos niños no tienen la misma suerte que otros, pero no es culpa de nosotros. Yo entiendo, y me duele el alma porque son niños, pero lamentablemente perjudica al resto. (…) El sistema impone que todos tienen que tener la misma oportunidad, entonces tienen que mezclar a todos los niños, pero perjudican a todo el resto po’…”.

Carrasco opina que cierta mixtura socioeconómica y académica en las aulas genera valor para todos los estudiantes: “Valor académico, en habilidades blandas, en habilidades de orden superior, en aptitudes cívicas, en habilidades sociales. Y eso también es calidad educacional, calidad educacional no es sólo resultado Simce (un conjunto de pruebas estandarizadas que busca medir conocimientos y habilidades para evaluar la calidad de la educación). Lo que hace la educación con los niños y jóvenes es enseñarles a vivir en el mundo, entonces un sistema escolar más integrado genera valor en ese sentido, genera en los niños y niñas atributos educacionales importantes”.

Pero Myriam Duarte también resiente de este nuevo mecanismo.

-¿Qué te parece este sistema del algoritmo?

 -Malísimo, malísimo. Malísimo porque mi hija es una alumna que salió de octavo con un 6,4 (en escala de nota máxima 7,0). Ella es una alumna súper destacada. Es muy triste para ella.

-¿Crees que habría tenido más posibilidades con el sistema antiguo?

 -Sí, de todas maneras. Con el sistema con el que tú postulas, vas a dar una prueba, y por tí quedas o no en el colegio. Esto es como jugar al loto y no a toda la gente le va bien.

La directora ejecutiva de Educación 2020 no está de acuerdo. “Lo que hace el SAE es que democratiza la posibilidad de quedar en un colegio y de distribuir los cupos que hay. No es una tómbola, porque busca la mejor combinatoria de probabilidades posibles para todos los estudiantes”, explica Arratia.

Desde el punto de vista de la ética educativa y de un sistema escolar justo, Carrasco asegura que “debiese ser irrelevante para una sociedad cuáles son las condiciones iniciales de los padres en la educación que te voy a proveer. La instrucción que se le da al algoritmo es que todos los estudiantes son iguales. Y que no importan sus notas, el rendimiento previo, sus padres, todos son iguales. Una de las razones por las que no es legítimo tener selección es porque es discriminatorio. Eso es un principio moral. Aunque no redujera la segregación escolar, es valioso tener un sistema de admisión que no discrimine a los niños y niñas”.

El senador Carlos Montes, del Partido Socialista (PS), cree que “el gran problema nuestro es que tenemos colegios muy desiguales. Si los colegios que hoy aparecen con menos atractivo académico lograran fortalecerse, toda esta discusión sería muy distinta, pero es demasiado diferente el nivel de los colegios y eso es lo que genera más bronca en la clase media”. Montes es miembro de la Comisión de Educación del Senado y, junto a otros parlamentarios, presentó este mes una moción que busca modificar la norma de admisión escolar para facilitar el acceso de los y las estudiantes a los establecimientos educacionales con modalidad de internado.

La educación es un derecho, no un premio

En el país hay consenso en que el cambio de sistema provocó que sean las familias y no los colegios quienes tengan mayor poder de elegir dónde estudiarán sus hijos e hijas, reemplazando factores de discriminación aplicados de forma histórica por criterios transparentes de asignación de escuela. Sin embargo, hay fuertes discrepancias ideológicas respecto al fin de la selección.

La oposición cuestionó fuertemente la eficiencia del Gobierno para comunicar e informar cómo era el proceso de postulación y quiénes debían usarlo. Acusaron que esa mala gestión de la comunicación del sistema se basó en una diferencia político ideológica respecto al acceso a la educación. Las diferencias han sido reconocidas por los entonces subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, y la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Ésta renunció a su cargo en marzo de este año, para tener un rol activo en el debate sobre el cambio de Constitución y promover su rechazo, quedando Figueroa en su lugar.

[caption id="attachment_282373" align="alignnone" width="846"] Marcela Cubillos y Raúl Figueroa. AGENCIA UNO[/caption]

En aquel contexto, el Ministerio de Educación del gobierno del presidente Sebastián Piñera, presentó el proyecto de Ley “Admisión Justa” para modificar la Ley de Inclusión Escolar y poder, entre otras cosas, dar  mayores facultades de selección a los liceos de excelencia, para que puedan elegir a sus estudiantes en función de su mérito académico y así limitar el rango de acción del algoritmo. Hoy hay 200 de estos establecimientos, entre los más de 5.600 establecimientos públicos del país.

El proyecto se dividió en dos, y la iniciativa que afectaría a los liceos de excelencia ingresó a la Cámara de Diputados, donde fue rechazada en julio de 2019 con 80 votos en contra, versus 68 a favor.

“Así le dan un portazo en la cara a muchas familias que se esfuerzan por tener una educación de calidad”, dijo el diputado oficialista Diego Schalper luego del rechazo del proyecto, que deberá esperar un año para que la idea de legislar vuelva a ser votada.

En general, es la centro izquierda la que apoya la limitación de la selección en los establecimientos educacionales. La derecha liberal se opone, considerando que el algoritmo quita oportunidades a los estudiantes meritorios y que el sistema afecta la libertad de los liceos de excelencia o con ciertos proyectos educativos.

“Dado que hay pocos espacios en las escuelas públicas y subvencionadas que permiten un verdadero ascensor social para los estudiantes más vulnerables, pero tremendamente talentosos, me parece que es razonable hacer inclusión al mismo tiempo que con mérito”, dice el entonces diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y actual vocero de gobierno, Jaime Bellolio. “Nuestra propuesta era que el colegio que quisiera seleccionar también por mérito en cursos superiores –desde séptimo básico– tuviera que obligatoriamente tener la mitad de su matrícula preferente o prioritario, con lo cual haces mérito, pero también con inclusión”, aclara.

Arratia, de Educación 2020, es crítica de la selección por notas. “Hay algunos que creen que los cupos que son escasos hay que distribuirlos en función de lo que hagan los niños. Nosotros creemos que la educación no es un premio, es un derecho, y por lo tanto hay que distribuirlos de un modo lo más democrático posible entre todos los niños que quieran entrar a un determinado colegio”.

En rigor, no era sólo el rendimiento académico el factor que los colegios consideraban al elegir qué niños o niñas ingresaban a sus aulas. También ponderaban otros aspectos. Por ejemplo, algunos colegios católicos pedían un certificado de bautizo o del matrimonio religioso de los padres. Aunque esta es una forma clara de discriminación, a Magdalena Vergara, directora ejecutiva de la fundación Acción Educar, no le parece una medida discriminatoria, sino una forma de resguardar ciertos proyectos educativos.

“Uno podría incorporar en el algoritmo ciertos criterios igual de objetivos, pero que tengan mayor flexibilidad respecto a valores que determinados establecimientos buscan en la familia o en los estudiantes. Por ejemplo, colegios confesionales que siguen una determinada religión o ciertos colegios que buscan determinados talentos, en arte o deportes, e incluso colegios que buscan por misión hacerse cargo de niños de familias más vulnerables. Dar opciones a los establecimientos de, al menos, decidir quiénes pertenecen a su comunidad escolar para poder resguardar esos proyectos”, propone Vergara.

La discusión ideológica llevó a la oposición a presentar en septiembre último, una acusación constitucional contra la entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos, por considerar que había faltado a la “veracidad” en la implementación del SAE, lo que violaba el principio de probidad. La acusación fue desestimada en el Congreso. Cubillos declaró a la prensa que siempre supo “los costos personales” que tendría el “cuestionar reformas de valores distintos en materia educacional”.

Para el investigador Carrasco, “el valor que empujaría al Mineduc (Ministerio de Educación) es un principio moral según el cual, en contextos de escasez de recursos educacionales, conviene dar más oportunidades a los más aventajados (considerar rendimiento previo), en perjuicio de aquellos estudiantes cuyas historias de vida muestran una acumulación de desventajas que han perjudicado su trayectoria escolar”.

De todos modos, el cambio en la selección de alumnos por parte de liceos de excelencia se implementará de forma gradual. De hecho, 19 establecimientos tendrán un mecanismo transitorio hasta 2022, gracias al cual podrán seleccionar este año al 85% de sus estudiantes por su rendimiento académico o por pruebas de admisión a séptimo básico. Ese porcentaje irá bajando cada año.

“Es importante que en los procesos de admisión de establecimientos específicos, con proyectos educativos de alta exigencia, exista espacio para reconocer el rendimiento académico de los estudiantes. De lo contrario, estaremos frente a un sistema de admisión que no promueve la cultura del mérito, de la justicia, y que tiende a la homogeneización del sistema”, señala Bárbara Manríquez, asesora del Ministerio de Educación.

Las limitaciones de un algoritmo

Bellolio cree que si bien el SAE ha “emparejado la cancha” al momento de postular, no ha sido “específicamente efectivo en equidad, entendido como que más estudiantes vulnerables puedan ir a colegios que en el pasado eran menos vulnerables o que tienen mejores resultados”. La directora ejecutiva de Acción Educar asegura que  las  preferencias de las familias “no cambiaron sustancialmente como para decir que hoy día están efectivamente eligiendo otros colegios a los que antes no podían haber optado”.

La evaluación que hace el Gobierno del sistema también es crítica en ese aspecto. “Los estudios que se han realizado respecto al SAE muestran que el efecto sobre segregación socioeconómica ha sido moderado o nulo. Esto es bastante importante, porque un supuesto que establecieron quienes promovían la Ley de Inclusión fue que ocurría un fuerte filtro socioeconómico por parte de directores y sostenedores en la admisión a los establecimientos. Sin embargo, si esto fuese así, el efecto de la aplicación del SAE sobre la segregación sería considerable, y no es el caso”, confirma Manríquez, asesora del Ministerio de Educación.

Pero una de las razones –y que deja en evidencia las limitaciones del algoritmo– es que las familias de sectores vulnerables postulan en menor medida a establecimientos tradicionalmente más selectivos o con mejores puntajes en los índices de calidad académica. Arratia, de Educación 2020, explica que mucha gente de sectores sociales vulnerables siente que no puede postular a establecimientos de alta calidad, debido a una desesperanza o desafección aprendida. “Decían inmediatamente no, yo no puedo. Porque históricamente no habían podido ni siquiera participar de esa conversación, entonces ahora se filtran previamente ellos mismos”, señala la experta. Esto, quizás, cambie con el tiempo.

Otra limitación es la influencia de la enorme segregación residencial chilena, a su vez resultado de ciertas políticas habitacionales, de transporte, de diferencias en salarios y de desigualdad económica.

“Las familias escogen colegios por varios motivos, y la principal razón muchas veces es porque un familiar, un cercano a ellos, un vecino, tiene a alguien metido en un colegio y muchas veces son de las mismas comunas o sectores donde viven. Entonces no buscan más allá, y al informarse por las personas más cercanas van entrando a los mismos colegios que ya conocen que muchas veces son de menor calidad”, explica Vergara. “Es difícil que un alumno quiera cruzar tres comunas para ir a su colegio y ahí lograr encontrar una mejor educación”, asegura.

Por eso dice que “hay que hacerse cargo de la calidad de los colegios, de la calidad de información que se entrega, de cómo orienta uno de mejor manera a las familias más vulnerables, porque o si no no tiene sentido, si van a seguir postulando a los mismos colegios que ya conocen, entonces las posibilidades que abre el SAE no son finalmente utilizadas por las familias”.

En medio del estallido social que ha transformado a Chile, este algoritmo es la puerta de entrada a la modificación más profunda en la educación escolar del país en los últimos 40 años. El Ministerio de Educación informó que miles de padres y madres descontentos, participaron en cabildos de apoderados en todo el territorio nacional para discutir cómo mejorar el sistema. En su cuenta pública de este año, el Ministerio informó que recogió esos resultados y que estos “se convertirán en un valioso insumo para ser utilizado en el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de políticas públicas”, sin dar mayores detalles de las conclusiones obtenidas.

En diciembre de 2019, el Gobierno modificó el reglamento del SAE para dar mayor flexibilidad en la declaración de cupos a los colegios y liceos con alta demanda, y así facilitar que los establecimientos puedan recibir más alumnos una vez concluido el proceso de admisión. Si los cupos aumentan lo suficiente, por esta vez la hija de Myriam Duarte podrá saltarse el algoritmo y matricularse en el colegio que su familia quiere para ella.

“La fantasía de que el sistema que teníamos antes no tenía ese descontento no es real. Lo que pasaba antes, es que los que quedaban fuera eran los más frágiles, entonces ellos tampoco levantaban una voz para reclamar ese espacio”, asegura Arratia.

Los académicos coinciden en que al aumentar la equidad en el acceso a los colegios públicos, este mecanismo tiene el potencial de favorecer que los establecimientos sean efectivamente lugares de encuentro donde puedan formarse habilidades para la vida en democracia.

En general, en la mayoría de países latinoamericanos el nivel socioeconómico de la familia –que tiene que ver con los ingresos, pero también con el capital cultural– se relaciona con el éxito escolar de los y las estudiantes, lo que incluye desde a qué escuela van, hasta a qué nivel llegan en el sistema educativo, explica Cecilia Veleda, doctora en Sociología y experta en políticas educacionales. Sin embargo, la académica dice que numerosos estudios internacionales demuestran que los países que logran mayor heterogeneidad social en cada escuela, tienden a obtener mejores resultados globales.

Para Veleda, la diversidad en las escuelas tiene que ver con la calidad educativa y con principios morales, pero también con argumentos que apuntan a la sostenibilidad de la democracia. “Poder compartir con otros distintos en el espacio escolar –que es el espacio de socialización por excelencia de la infancia y la juventud– permite construir una mayor cohesión social. En el contexto de fuerte polarización en el que estamos, permite poder encontrarse con el otro”. La experta advierte que si eso no sucede en la escuela, es muy difícil que suceda en otros espacios.

“Cuando tienes un sistema escolar segregado se genera distancia social y se produce lo que estamos viendo: violencia, grupos que se sienten excluidos. Lo que vemos en los extremos es cómo grupos socioeconómicos altos encuentran que los bajos son otros extraños, distintos a mí, que no compartimos nada, y al revés pasa lo mismo”, explica Carrasco.

Un sistema educacional más integrado, en cambio, disminuye la distancia que existe entre los grupos sociales y eso produce mayor diálogo, empatía social, una sociedad más horizontal, menos jerarquizada, lo que le da estabilidad a la cohesión social, asegura el investigador. Para él, “en eso la educación tiene un rol, esa es la importancia de disminuir la segregación escolar, esa es la calidad en la educación”.

*Esta nota es una de las ocho investigaciones latinoamericanas sobre las implicancias éticas del uso de inteligencia artificial y algoritmos en políticas públicas y empresas privadas a nivel regional. Todas estas piezas son financiadas por Chequeado gracias al apoyo de Knight Foundation.