La bancada de Convergencia Social denunció a la Contraloría, una nula respuesta a sus oficios de fiscalización de parte de Carabineros y el Ministerio del Interior entre 2019-2020.

A través de un comunicado, los parlamentarios oficializaron la acción que lideran argumentando las razones que motivaron el trámite.

"Incorpora oficios de fiscalización a la institución y también al Ministerio de Interior que a la fecha siguen sin respuesta, realizados por Gael Yeomans, Gabriel Boric, Gonzalo Winter y Diego Ibáñez entre el junio del 2019 y 16 de septiembre 2020", denuncian.

Los parlamentarios relevan que se trata de “una situación muy grave que atenta (contra) el principio de eficacia y probidad que debe mantener un organismo público, además de que se encuentra en una infracción directa a la Constitución al no responder dentro de los plazos legales a un organismo como es la Cámara de Diputados de la República”.

Winter: "No podemos avanzar sin una refundación de Carabineros”

En este sentido, la diputada Gael Yeomans es clara. “En un contexto donde el actuar de la institución de Carabineros de Chile ha estado profundamente cuestionado, es más urgente que respondan a las instituciones civiles".

"No puede ser que simplemente decidan no ser fiscalizados. Los parlamentarios oficiamos a Carabineros con el fin de asistir y obtener información, en casos vinculados a vecinas y vecinos de nuestros distritos y a personas que han sufrido horribles apremios por parte de la institución”, comenta luego la parlamentaria.

Y dan cuenta de la envergadura de su denuncia al ente fiscalizador. “Como bancada hemos presentado, desde el 18 de octubre, 70 oficios de fiscalización por su actuar represivo a Carabineros y al Ministerio del Interior, y ninguno ha recibido respuesta", acusa Gabriel Boric.

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A juicio del parlamentario, resulta "inaceptable que no respondan por sus acciones como deben hacer todas las instituciones. Hemos decidido recurrir a Contraloría para que se haga cumplir la ley”, declara Boric.

Por su parte, el jefe de bancada, Gonzalo Winter, apunta a la situación de vulneración a la que se han visto afectas muchas personas en nuestro país.

"Después de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido, Carabineros no ha contestado a ningunos de nuestros requerimientos de fiscalización, esto demuestra que la institución cree que está por sobre el poder civil y eso no corresponde en una democracia", dice enérgicamente el parlamentario.

Y recoge un clamor generalizado en sectores diversos de la sociedad civil. "Es evidente que no podemos avanzar sin una refundación de Carabineros”, cuestiona.

Diego Ibañez, en tanto, abraza la certeza de que la entidad liderada por Mario Rozas, debe responder frente a su accionar. “Hoy Carabineros ha perdido la legitimidad con la que alguna vez contó y una de las máximas expresiones de esta crisis ha sido su absoluta falta de transparencia. Para este tipo de situaciones no debemos dejar espacio a la duda. Las policías, sobre todo con los oscuros antecedentes que han dejado en los últimos años, deben rendir cuentas", asegura.

"Esquivar esos procesos debe ser objeto de una revisión acuciosa de parte de Contraloría, órgano a la que la ley le ha dado estas atribuciones”, dice Ibáñez.

Marchas a favor del Rechazo

Entre los oficios, destacan denuncias alusivas a agresiones recibidas por transeúntes y profesionales de medios de comunicación en el contexto de convocatorias a favor de la opción Rechazo del Plebiscito del 25 de octubre.

Y se ejemplifica en una situación particular, ocurrida el 5 de septiembre del año en curso. "A través de los medios de comunicación, distintas redes sociales y vecinos/as nos enteramos de la declaración del abogado Sr. Raúl Meza quien agradece públicamente al General Carlos Ricotti Velásquez haber autorizado una manifestación de apoyo a la opción “rechazo” del próximo Plebiscito", se lee en uno de los documentos adjuntos.

Respecto de Meza, destacan que en su declaración, "menciona que el gobierno le ha entregado todas las facilidades para realizar dicha actividad en la comuna de Las Condes".

"En periodos legales de campaña, es un valor fundamental que el gobierno y las instituciones no deliberantes y obedientes al poder político entreguen garantía de seguridad e imparcialidad a las distintas manifestaciones de apoyo a la opción Apruebo y Rechazo", destacan luego relevando la que a juicio de Convergencia Social debe ser la labor de la entidad uniformada.

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En este sentido, la intención de colectivo es que se les informe cómo se opera para hacer este tipo de convocatorias. "Solicitamos que el Ejército indique el protocolo para solicitar permisos para actividades de campaña. De igual forma, solicitamos se nos señale el documento oficial que presentó el Sr. Raúl Meza para contar con la venia del Ejército para este acto", especifican.

"De igual modo, solicitamos al Ministerio del Interior garantice la igualdad de trato a las opciones Apruebo y Rechazo para el plebiscito. Por último, solicitamos al Ministerio del Interior y Defensa se nos informe sobre los memorandos u oficios entregados por el gobierno para indicar tanto a Carabineros como las FFAA la igual de trato e imparcialidad en periodo de campaña", agregan.

Represión desmedida de Carabineros a profesionales de la Salud

En otra de las denuncias, se apunta a hechos ocurridos también durante el mes en curso. "Fuimos testigos de la represión por parte del personal de Carabineros a la manifestación pacífica del personal Técnico de la Salud", argumentan.

Y aseguran que el desarrollo de esta actividad les permitió constatar "que la policía uniformada mantiene la misma forma que pone en riesgo a manifestantes y personas que circulan por dicha zona. Se mantiene un modus operandi de hacer daño directo a la persona, fuera de todo protocolo y contra la ley vigente en Chile".

Las agresiones, a juicio del colectivo, tienen un responsable identificado. "Se ejerce un accionar de fuerza desmedida por el teniente Erazo, quien violentamente agredió con gas pimienta a los ojos de una manifestante, sin motivo, provocación ni justificación alguna", acusan.

La certeza de los denunciantes es que "una medida así, debe responder a un principio de necesidad y proporcionalidad y no ser un recurso inmediato al cual se acude para dispersar una manifestación".