Los días de búsqueda de Ámbar Cornejo nos tuvieron en vilo y el hallazgo de su cuerpo se recibió con dolor, rabia y frustración en toda la población, especialmente en Villa Alemana, donde vivía. Es desolador constatar cómo, pese a todas las vulneraciones sufridas, a su temprana edad desarrolló estrategias de resistencia a la realidad que vivía. Es por eso que como feministas no podemos quedar indiferentes ante el aparataje comunicacional montado por parlamentarios de todo espectro político a propósito de la libertad condicional de su femicida, Hugo Bustamante, acusando constitucionalmente a la jueza que presidía la comisión de varios jueces que se la otorgó.

Es evidente la necesidad de las y los parlamentarios de mostrarse proactivos ante la rabia de las personas, pero la acusación constitucional desvía el foco del verdadero problema. Quizás debieran haber mostrado proactividad quienes llevan más de un periodo en el Congreso y hacer una autocrítica por los más de 18 años que tomó implementar el protocolo facultativo del Convenio para la Eliminación de toda Forma de Violencia contra las Mujeres (CEDAW), o los más de 3 años que lleva esperando para ser ley el proyecto por el derecho a una vida libre de violencia. O quizás podrían decir algo sobre la política de presupuesto “Base Cero” que precarizará aún más los servicios y programas donde precisamente Ámbar Cornejo debió haber sido protegida mucho antes de llegar a la justicia. Son tantas y tan complejas las demandas que hemos levantado por años ante la nula respuesta de la mayoría de los políticos, que hoy más bien la acusación constitucional a la jueza Silvana Donoso parece ser un atajo. El problema es que es un atajo que no lleva a ninguna parte.

No nos interesa, en absoluto, una defensa corporativa de jueces y juezas. Los feminismos hemos apuntado una y otra vez al Poder Judicial, incluyendo operadores como fiscales y defensores, por desestimar de manera sistemática la gravedad de la violencia contra las mujeres y niñas. Pero desviar la atención para cerrar la discusión respecto a cómo el sistema de protección a niñas y mujeres hace aguas presupuestaria y administrativamente, o cómo erradicamos la misoginia y el clasismo del Poder Judicial, para apuntar a una jueza de una comisión de 6 hombres es absurdo.

El movimiento feminista ha hecho innumerables críticas a lo largo de los años por la segmentación, incoherencia, falta de protección y más de nuestra actual legislación en lo que a este tema respecta. No nos sirven parlamentarias y parlamentarios que dicen empatizar con nuestras demandas, pero luego prefieren caminos fáciles e inefectivos. Es necesario contar con una legislación integral sobre violencia contra las mujeres y las niñas, que conceptualice la violencia de género de manera amplia y defina con claridad las obligaciones de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación y sanción de la violencia, y de protección y reparación a las víctimas, en cumplimiento a los tratados internacionales vigentes en el país, incluyendo presupuesto suficiente para su implementación.

Hubo errores desde distintos agentes del sistema que permitieron que Ámbar estuviera en una situación vulnerable de alta exposición a violencia. Uno de ellos es la negligencia parlamentaria al tramitar las leyes urgentes para proteger a mujeres y niñas. ¿Seguirá el Senado el camino del populismo penal, buscando una cabeza para exhibir en la plaza pública para esconder su propia desidia, o asumirá su verdadero rol y legislará por fin en torno a las necesidades de la mitad de la población del país?