Ya en el año 2018, como Observatorio Niñez y Adolescencia alertábamos que del 100% de los casos de abuso sexual contra niños y niñas sólo un 30% se denuncia, produciendo una “cifra negra” de 70% de casos no reportados. Si considerásemos esos casos, nos encontraríamos con que cada una hora, seis niñas, niños y adolescentes sufren algún tipo de violencia sexual en Chile, 141 niños y niñas podrían ser víctimas de violencia sexual diariamente y 4.280 al mes. A lo anterior se suman las cifras de UNICEF, que ya en 2012 indicaba que el 70% de los niños y niñas manifiesta haber sufrido violencia dentro de su hogar.

Probablemente en estos meses las denuncias disminuirán debido a la imposibilidad de los niños y niñas de sacar los hechos a la luz o de disponer fácilmente de un teléfono para pedir ayuda, sumado a la ausencia de otros garantes de derechos, como profesores o profesionales de la salud que puedan notar cambios en su conducta y alertar a las autoridades. Esto, sin duda, hará más difícil pesquisar y atender estas situaciones, pero en ningún caso puede ser una excusa para la ausencia de respuesta.

Si los números mencionados eran alarmantes, nuestra preocupación hoy es que la emergencia sanitaria no hará más que agravarlos. De hecho, el Human Rights Watch indicó que las tensiones familiares adicionales relacionadas con la crisis de Covid-19 –cesantía, aislamiento, ansiedades sobre la salud y estrés–, aumentan el riesgo de violencia en el hogar, incluida la violencia entre parejas y hacia los niños, niñas y adolescentes.

Sin ir más lejos, ya en abril de este año ONG Activa denunció un aumento del 42% de los casos de maltrato hacia niños y niñas en el país y, según estimaciones de la CEPAL, serán las niñas y adolescentes de género femenino quienes se verán más expuestas a padecer situaciones de violencia en esta pandemia.

Hasta ahora, el énfasis de las medidas dirigidas a la niñez se ha centrado en mantener procesos educativos a distancia y en evitar la pérdida del año escolar, pero no se han observado acciones concretas que se hagan cargo del lamentable aumento de la violencia. Esta desatención y debilitamiento de la capacidad de respuesta estatal, no es más que un grave síntoma de la ausencia de una ley de protección de derechos a la niñez que sigue pendiente desde 1990, cuando se ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y de la constante invisibilización de las realidades y experiencias de las niñas y los niños en nuestro país.