Hace algunos días, en el contexto de una entrevista ofrecida a Cristián Warnken, Sebastián Piñera dijo que lo ha pasado mal por las diversas contingencias que ha enfrentado Chile en los convulsionados últimos meses.

"Yo lloro mucho por dentro (pero) no me derrumbo", sostuvo en medio del tenso y cuestionado diálogo con el intelectual.

Un episodio que seguramente también lo hizo llorar, nos remonta a la década de los 80 y tiene que ver con una fallida jugada en el ámbito de los negocios que lo degradó públicamente, persiguiéndolo hasta hoy.

Y es que el día en que los camioneros decidieron enfrentar al Ejecutivo, ocasionándole un nuevo dolor de cabeza a su segunda administración, coincide con esta efeméride que lo traslada directamente a tribunales nacionales.

Hace exactamente 38 años, en 1982, el entonces juez del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, Luis Correa Bulo, ordenó la aprehensión de Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique.

De acuerdo a un artículo publicado por El Mostrador, su captura se efectuó bajo apercibimiento de arresto.

A través de esta medida, al empresario se le conminó a responder por infracciones varias a la Ley General de Bancos, además de la defraudación del Banco de Talca.

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Tal fue la envergadura de los actos que lo pusieron en la mira de la justicia, que años después la extinta ex ministra de Justicia de la dictadura, Mónica Madariaga, admitió que operó para salvar a Piñera.

Tanto así que, de acuerdo a revelaciones que causaron revuelo en su época, intervino ante el Poder Judicial. Su gestión permitió evitar que el empresario fuera procesado por la quiebra del Banco de Talca.

Posteriormente, la Corte Suprema es la encargada de acoger un recurso de amparo. La acción impidió que se le detuviera y encausara.

El magistrado, de hecho, confirmó las presiones a las que estuvo afecto desde el régimen militar.

En plena democracia, Correa Bulo, quien se desempeñaba como ministro de la Corte Suprema, terminó destituido por haberse involucrado en varios hechos que no se condicen con el marco ético bajo el que debe operar un juez.

Frente a la contundencia de los cargos que han mancillado su imagen pública a causa de un episodio que no ha logrado eliminar del inconsciente colectivo, Piñera se ha esforzado en instalar una idea para contrarrestar los nefastos efectos de su irregular accionar.

Las veces que ha enfrentado los hechos, se ha defendido asegurando que jamás estuvo prófugo y nunca huyó de la acción de la justicia cuando Correa Bulo ordenó su detención, pese a que Cecilia Morel fue la encargada de protegerlo cuando la policía llegó a buscarlo.

"Abandonó el domicilio y ni siquiera se despidió de mí", declaró en esa oportunidad su cónyuge.

Los datos de la causa del Banco de Talca

En la causa en su contra, de acuerdo a lo que publicó el sitio anteriormente citado, declararon Miguel Calaf y Alberto Danioni, controladores del 65% del Banco de Talca, además de 80 empresas del Grupo Calaf-Danioni, muchas de las que en esa época se encontraban altamente endeudadas, excediendo incluso los montos permitidos por ley.

En la primera declaración de Calaf que hizo ante el magistrado el día 13 de julio de 1982, aseguró que su persona de confianza, Eduardo Barbé y quien oficiaba como coordinador entre el banco y las empresas relacionadas, le transparentó la estrategia de Piñera.

El actual mandatario, le "había insinuado que formara empresas de papel para mejorar la imagen del banco, con el objeto de traspasar a estas las deudas incobrables para que fueran castigadas, esto es extinguidas por la superioridad del banco".

Danioni confirmó la versión de Calaf. "Debo reconocer que por sugerencia del gerente del Banco de Talca, Sebastián Piñera, Eduardo Barbé gestionó la creación de cuatro empresas agrícolas para traspasar a ellas las deudas incobrables", sostuvo en medio de una indagatoria.

De acuerdo a su testimonio, los estados de situación de la casa bancaria fueron elaborados por el propio Piñera, especificando que jamás tuvo injerencia en ellos.

Tanto así que en el expediente se asegura que la creación de las empresas de papel aparece con las firmas de Piñera y Emiliano Figueroa, quien operaba como gerente de empresas reclutado por el actual mandatario, según reconoció él mismo en su declaración del 23 de julio de 1982.