Este viernes, distintas entidades de la sociedad civil propusieron al Servicio Electoral de Chile (Servel) una serie de medidas que incluyen votación a distancia para personas aisladas, segregación clara en locales de votación y mayor número de establecimientos y mesas para el proceso, que permitan generar condiciones para que la ciudadanía para votar pueda asistir de forma segura, sin temor a eventuales contagios, tanto para el plebiscito del próximo 25 de octubre como para los otros comicios a futuro.

En esta línea, el texto de 22 páginas reúne el trabajo de organizaciones de la sociedad civil como el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Infectología, la Fundación Chile 21, el Laboratorio Constitucional UDP, Ciudadano Inteligente, Ahora Nos Toca Participar, la Asociación Chilena de Ciencia Política y Red de Politólogas, Espacio Público y Derechos Digitales. Esto, en busca de que se garanticen medidas sanitarias que permitan fomentar la participación y que no inhiban a la población durante las elecciones, considerando todos los aspectos.

Entre las principales propuestas se encuentra dividir a la población en 4 grupos epidemiológicos para otorgar diversas medidas específicas para cada uno de ellos. El primero y segundo incluye a las personas aisladas, hospitalizadas o en residencia sanitaria, tanto para contagiados, casos sospechosos y probables, como para sus contactos estrechos en cuarentena. El tercero para población en zonas en cuarentena y el último para quienes están desde el paso 2 en adelante.

Para la población sana, sin cuarentena, se propone la instalación de más locales y más mesas de votación, dividiéndolas, por ejemplo, en Mesa 1-A y Mesa 1-B;  establecer franjas horarias por criterios predeterminados como edad, apellido o RUT; definir un acceso y voto prioritario para adultos mayores, crónicos y mujeres embarazadas o personas con niños; definir el aforo de cada lugar de votación; demarcar lugares para la distancia física; reducir el número de apoderados y definir criterios para vocales de mesa que excluya a grupos de riesgo.

Otras medidas para este último grupo es implementar “agentes sanitarios” que promuevan el respeto a las medidas sanitarias; tener voluntarios para informar tiempos de espera y medidas de votación seguras; desarrollar una campaña comunicacional para explicar cómo asistir a votar, regular el uso de materiales y la protección de votantes y vocales durante su traslado en el momento de sufragar, fiscalizando el distanciamiento físico, la protección ocular y entregando acceso a lavado de manos y alcohol gel.

Mientras que para el grupo de personas sanas en comunas en cuarentena, la propuesta es mantener la medida, pero permitiendo a la ciudadanía trasladarse desde su domicilio al lugar de votación. En tanto, para los contagiados y sus contactos estrechos en aislamiento o cuarentena, el documento sugiere la opción del voto anticipado por correo postal, el voto domiciliario y el voto delegado, considerando que para la eventual utilización de los tres se requeriría de un cambio legal.

El documento, también aborda la disponibilidad y adaptación de los locales para los días de votación, resguardando que sea inclusivo, el tipo de labor informativa que se debe realizar y el foco en el financiamiento de las campañas.

Entre otras medidas sanitarias, se propone que Servel tenga stock suficiente de lápices, aunque promoviendo, a la vez, que cada votante lleve los suyos; y tratar a todas las personas como sospechosas de COVID-19, lo que implica implementar medidas preventivas en todos los espacios e incorporar a los alcaldes, alcaldesas y otras autoridades territoriales en todas las etapas del proceso electoral (logística, sistemas de información e implementación de las elecciones, entre otros).

Igualmente, el texto sugiere la regulación de campañas con normas de financiamiento privado, control de gasto electoral, normas de avisaje en plataformas online y facultades de Servel para fiscalizar y sancionar a aquellos que promuevan información falsa; entregar herramientas de formación ciudadana y de forma inclusiva, con diversidad de canales de acceso a información (no solo digital) y todo tipo de lenguas; que tanto el gobierno como el Servel realicen campañas de alfabetización digital para ayudar a generar un juicio crítico de la información; inclusión de grupos de especial protección -mujeres, diversidades sexuales, migrantes, adultos mayores, personas privadas de libertad, entre otros-, y la perspectiva territorial de las regiones.