El Covid-19 se ha transformando en un elemento catalizador para reconocer globalmente cómo cada sociedad enfrenta las crisis o vive procesos de cambio. Algunos países lo han visto como la oportunidad para acelerar sus estrategias de desarrollo y competitividad de una manera más sostenible, mientras que para otros ha sido la oportunidad para reafirmar sus actuales modelos de crecimiento.

Sobre esto la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea se han planteado llevar adelante un pacto verde (Green Deal) a nivel global, afirmando que esta crisis es la oportunidad para que los países busquen alternativas de desarrollo sostenible y amigables con el medioambiente.

Este modelo de desarrollo sostenible se hace cada vez más necesario y la pandemia lo demuestra de manera brutal. Por ejemplo, ha sido dramático el aumento global del uso de plásticos de un solo uso. A la ya explosiva demanda de implementos hospitalarios, como guantes y mascarilla, se agrega el cambio en el comportamiento de consumo en las poblaciones más vulnerables y en las familias que han disminuido o perdido sus fuentes de ingresos, las que por necesidad buscan productos más accesibles, que suelen tener mayor impacto ambiental, aumentando su demanda, consumo y desecho. Este fenómeno ha generado preocupación a nivel mundial. ONGs internacionales estiman que la producción mundial de este producto durante 2020 va a ser de más de 300 millones de toneladas.

Finalmente, una situación que ha pasado casi desapercibida en el devenir de la crisis, ha sido el cómo cada nación ha intentado velar por sus intereses particulares, dejando de lado la cooperación internacional para enfrentar la pandemia, estrategia central para tratar la crisis.  Una excepción a esta regla, con sus matices, han sido los países que integran la Unión Europea, los cuales en conjunto han intentado tomar medidas para frenar el avance del COVID-19 y evitar así los rebrotes en territorio europeo. En la otra veredera en cambio se encuentran países como Estados Unidos, quien, con su presidente a la cabeza, han definido un trayecto que ha fracasado rotundamente y hoy los tienen con diversos problemas sociales, laborales, ambientales y de salud pública.

En este contexto de crisis multidimensional Chile debiera potenciar un modelo de desarrollo circular y sustentable, apoyándose en la legislación vigente, ampliando sus alcances. Ya que las estrategias de desarrollo público y privada para la nueva etapa pos pandemia, donde los efectos e impactos aún están por verse, no puede ser sólo tratar de imitar lo que hacen otras naciones, sino que debe estar incorporado estructuralmente en el quehacer nacional.

Un modelo sostenible y amigable con el medioambiente es la mejor alternativa a los sistemas lineales de producción, negocios y consumo para la reactivación económica. Especialmente con la aceleración de estos planes, como en el caso europeo, que han adoptado la Economía Circular y la Sustentabilidad como urgencia estratégica, por ejemplo, para reducir la dependencia de materias primas o productos y servicios claves para su economía interna.

El Covid-19 ha catapultado a nuevo este modelo como el medio de recuperación de la pandemia. Frente a esto, Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, comentaba hace unas semanas: “El plan de recuperación convierte el enorme desafío al que nos enfrentamos en una oportunidad, no sólo mediante su apoyo a la recuperación sino también invirtiendo en nuestro futuro: el Pacto Verde Europeo y la digitalización darán impulso al empleo y el crecimiento, a la resiliencia de nuestras sociedades y a la salud de nuestro medioambiente”.

Desde la Comisión Europea, se ha planteado la necesidad de “reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación”, haciendo hincapié en un plan de recuperación que no sólo busque la reactivación económica, sino que impulse un modelo evolucionado de desarrollo sostenible.

Chile, a pesar de que está dando sus primeros pasos, va en la dirección correcta, ya que el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con una Oficina de Economía Circular cuyo objetivo, además de reducir el impacto ambiental relacionado a la generación de residuos, es promover un modelo de Economía Circular en Chile.

Contar con una Oficina de Economía Circular, en este contexto de pandemia y luego del estallido social en octubre pasado, es un punto de partida clave para integrar políticas públicas y privadas. La circularidad no es sólo relacionada a procesos, pues tiene implicancias significativas en el cómo se interactúa en los territorios, en la definición de políticas públicas y en el modelo de desarrollo país, impactando directamente en la manera de diseñar y hacer negocios.

Esto propicia que Chile esté generando iniciativas, tanto legislativas como operativas, para impulsar la reconversión de las industrias hacia un nuevo paradigma de bajo impacto ambiental. El ingreso a Contraloría de un nuevo decreto que establece medidas más ambiciosas de gestión de residuos es un ejemplo de ello. Este decreto permitirá aumentar hasta en cinco veces la tasa de reciclaje de los envases y embalajes (foco prioritario de la Ley N° 20.920, llamada “Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje o “Ley REP”). El documento establece un nuevo sistema de reciclaje con enfoque territorial que propiciará el retiro domiciliario, teniendo una cobertura del 80% de los hogares de Chile. En el corto plazo, se instalarán 350 nuevos puntos limpios en el país.

Además, se establecen metas específicas para cada material: cartón para líquidos (60%), metal (55%), papel y cartón (70%), plásticos (45%) y vidrio (65%). Para los residuos industriales, la obligación permitirá alcanzar una tasa de reciclaje del 70%. Estas imposiciones deberán ser cumplidas por las empresas a través un nuevo organismo que las agrupará, denominado “sistema de gestión”.

La economía circular es una forma diferente de pensar e implementar nuevos modelos de negocios. Se diferencia totalmente de lo que hoy se conoce como “gestión integral de residuos”, ya que impacta desde cómo y qué utilizamos como recursos. Por otro lado, no debemos olvidar que la circularidad no debe entenderse sólo como una responsabilidad social 2.0. Esto es más amplio, y se debiera tomar como referencia lo planteado por la Comisión Europea, en lo de “reparar los daños” que el modelo de desarrollo chileno ha provocado, pasar a un modelo que tenga como centro a las personas, y así “preparar el futuro para la próxima generación”.

El mañana nos exige cambios en el modelo de desarrollo. Los esfuerzos que el Estado haga para la recuperación económica deben propiciar el desarrollo sostenible y circular sin dejar a nadie atrás. Es por esto que desde StudioChile, estamos siguiendo de cerca la discusión de la “Hoja de Ruta del Ministerio de Medio Ambiente”. Desde nuestra experiencia, como entidad de la sociedad civil organizada, podremos aportar en este importante paso para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo económico, centrado en las personas y con altos estándares de cuidado ambiental.