Lo que ha visto en estos días la diputada Emilia Nuyado es que una vez más el pueblo mapuche debe llegar a condiciones extremas para posicionar sus demandas ante el gobierno. La huelga de hambre que llevan a cuestas 27 comuneros, entre ellos una autoridad ancestral, cumple más de 100 días, y el ministro del Interior, Víctor Pérez, y el subsecretario Juan Francisco Galli, han cerrado la posibilidad a que el machi Celestino Córdova cumpla su condena de 18 años en su rewe como él lo demanda, atendiendo al Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile en 2008. Lo mismo la Corte Suprema, que falló en contra de la petición para que saliera por seis meses.

Otra cosa que ha visto la parlamentaria por Los Lagos es la diferencia de criterios de estas respuestas. Al gremio de camioneros rápidamente se les llamó a dialogar con un encuentro en La Moneda y fue presentada una ley por el presidente Piñera para endurecer las penas por los hechos que configuren delito de incendio y afecten a los camioneros: la ley “Juan Barrios”, en alusión al camionero que falleció en marzo pasado quemado por un ataque incendiario en Victoria.

En medio de la agitada rutina virtual del Congreso y de preparar un proyecto que será presentado por la oposición que busca permitir que los huelguistas cumplan su condena en un centro penitenciario semi abierto, Nuyado profundiza en el conflicto que hoy pone los ojos en La Araucanía.

-Hace unos días el machi Celestino Córdova entregó palabras de despedida después de 100 días en huelga. El gobierno no ha dado respuesta a su demanda, que ha sido clara: ajustarse al Convenio 169 de la OIT para que cumpla su pena en su comunidad respetando sus derechos culturales. ¿Qué señal entrega con eso el gobierno?

-Primero, lamentamos mucho que el fallo del tribunal (Corte Suprema) haya determinado que no se acoge que el machi vaya a su rewe para que esté durante seis meses en su comunidad. Eso habla de falta de reconocimiento absoluto de un tratado que el Estado no ha querido implementar. Por lo tanto, con ello podemos señalar con mucho repudio la actitud del gobierno Piñera y de sus ministros que han negado los derechos colectivos del pueblo indígena, el respeto hacia la espiritualidad, hacia la cultura, pero que no ha sido así con las peticiones que le ha hecho el grupo de camioneros.

-Esta, sin embargo, es su sexta huelga de hambre, a la que se suman un importante número de comuneros de otras cárceles que también han asumido esta condición de protesta, ahora y en años anteriores. Se ha demandado respuestas tanto a los gobiernos de la ex Concertación y Nueva Mayoría como a los de la derecha. ¿Qué responsabilidades ve en los gobiernos anteriores que ahora son oposición?

-Aquí hay una situación histórica no resuelta con el pueblo mapuche donde las diversas historias de la legislación chilena han negado la existencia de las primeras naciones y la relación que han tenido estas naciones con el Estado, donde de manera permanente ha negado reconocerlos. Por lo tanto, los diversos gobiernos posteriormente a la dictadura, entrada la democracia, el gobierno de Patricio Aylwin y todos los demás, solo avanzaron en la ley indígena; en 2008, en la ratificación del convenio y su implementación que ya debiera estar en cumplimiento.

Sin embargo, al día de hoy el Poder Ejecutivo no ha normado el Convenio 169 en las instituciones respectivas. Eso es algo que le corresponde al gobierno, como les correspondió a los gobiernos anteriores de Concertación y Nueva Mayoría. Lo que ha ocurrido es que en las diversas huelgas de hambre se ha seguido alegando la existencia de los pueblos y sus derechos colectivos. Esto solamente se han visibilizado cuando varios hermanos mapuche han ingresado a huelga de hambre, ahí se habla del mapuche en estos últimos días cuando la situación es muy crítica y el deterioro de la salud también. Ese es un deber del Estado que le corresponde al Poder Ejecutivo y al Legislativo, porque se han aprobado la mayoría de las leyes que han terminado afectando los derechos de los pueblos indígenas y donde el Poder Judicial, aún mucho más lejano, da cumplimiento de esas leyes que no consideran el reconocimiento.

-El presidente Piñera ha llamado al diálogo “dentro del estado de derecho”. Pero hay un acuerdo internacional de por medio, ratificado por el país y en vigencia, que es el que se está demandando. ¿Cómo se interpretan entonces esas palabras?

-El presidente Piñera en su discurso de campaña cuando dijo que iba a presentar leyes más restrictivas porque en La Araucanía había violencia, y tenía que luchar contra el terrorismo; terminó con sus manos manchadas con sangre con el asesinato de Camilo Catrillanca, con su Comando Jungla. Por lo tanto, hoy sigue señalando que es dentro del estado de derecho, lo que es aplicar mayor militarización en el territorio. Esa es la respuesta que él le entrega al pueblo mapuche del Wallmapu, esa es también la que entrega su ministro del Interior. Que el estado de derecho es para dar cumplimiento a un grupo que tiene el privilegio de estar protegido por el presidente Piñera, como son los latifundistas, las empresas transnacionales, como los colonos que están instalados en territorio. De ese estado de derecho está hablando porque cuando se trata de revisar los derechos del pueblo como primera nación hay una negación de sus derechos colectivos.

[caption id="attachment_259438" align="alignnone" width="640"] Emilia Nuyado junto a Marcelo Catrillanca, padre del asesinado Camilo.[/caption]

-El gobierno recibió este lunes al gremio de camioneros. Ellos le han puesto un ultimátum para que resuelva los hechos de violencia que dicen afectarlos y este jueves se presentó la ley "Juan Barrios". ¿Qué le parecen esas respuestas?

-Si hay un comunicado de ultimátum ellos se desesperaron porque han sido sus aliados, son sus votos y tienen que responder a su electorado. Si el grupo de camioneros da esa señal, el gobierno corre a resolver sus problemas, a ingresar leyes mucho más rígidas y que van a afectar al pueblo mapuche. Hay que señalar que el gobierno ha tenido dos formas de accionar distintas; una que tiene ver con el pueblo mapuche, y otra es el compromiso con los camioneros y los gremios.

El gremio ha amenazado y el gobierno ha sacado esta ley que va endurecer las penas por las circunstancias en que se generen delito de incendio de camiones. Imagino que esa fue la petición de ellos cuando el ministro los recibe en La Moneda. Sin embargo, el subsecretario dijo que no aceptarían ultimátum por parte del machi Celestino, quien no ha sido escuchado por el Estado, ni tampoco la Corte Suprema. Al Ejecutivo no le ha importado el Convenio 169 porque no ha ingresado ningún proyecto de ley que permita modificar el Código Procesal Penal, como lo hace con el compromiso que tiene con el gremio de camioneros.

-Sobre el mensaje del machi Celestino, el ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló que resguardarían la vida ante todo. Eso significaría intervenir su salud si lo requiere. ¿Qué implica que se intervenga pese a su voluntad?

-El machi ha sido muy claro en el mensaje que envía al pueblo mapuche y a la sociedad chilena. Señala claramente cuál es el objetivo de su huelga de hambre, así como también de los hermanos que están en Angol, y es que de una buena vez se aplique el Convenio. Por lo tanto, que primero digan que están por resguardar la vida, él ha sido muy claro y ha entregado su facultad y representación, en caso que estuviera más grave, a la lamngen vocera, Giovana Tabilo. Ella tiene la responsabilidad de tomar la decisión que el machi le ha mandatado si estuviera muy grave; no es el gobierno el que deba decir ni forzar que se pueda alimentar si el entra a huelga seca. Es muy lamentable si tiene un desenlace fatal de esta huelga porque quiere decir que no ha sido escuchado ni por el Poder Ejecutivo ni Judicial.

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[caption id="attachment_392374" align="alignnone" width="1280"] Agencia Uno[/caption]

-El gobierno y, en particular el ministro Pérez, tiene el desafío de viabilizar el plebiscito en pocos meses más. Han llamado a abrir diálogo con el pueblo mapuche, pero con una situación política sin resolver en La Araucanía y comuneros en huelga. ¿Cuál es la capacidad de diálogo efectiva que existe?

-Todos los anuncios que haya planteado el ministro en la Cámara de Diputados no tendrán eco en lo absoluto si no resuelve la situación de diálogo con los hermanos que están en huelga. De 40 hermanos que están privados de libertad, 27 se encuentran en huelga; incluidos dentro de ellos nuestra autoridad espiritual. Por lo tanto, si no se genera el diálogo nadie va a estar dispuesto a sentarse con el gobierno ni a dar a aprobar algo si no se reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas. No lo hicieron al principio por que el ministro (Alfredo) Moreno intentó generar un diálogo, pero eso provocó más conflicto entre el pueblo mapuche, que debió tener un diálogo de paz. Ahí lo único que se hizo fue querer modificar la ley indígena que luego se salió a rechazar. Otra vez hacen anuncios de considerar un Consejo de Pueblos Indígenas, el reconocimiento constitucional y la participación de escaños reservados. Nada de eso va a ser posible si terminamos con una autoridad ancestral fallecida.

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-¿Es la autonomía del pueblo mapuche el asunto de fondo que resolver?

-El asunto de fondo tiene relación con la pérdida territorial del pueblo mapuche donde gran parte del territorio, histórica y sistemáticamente los diversos gobiernos, con las diversas leyes que fueron aprobándose, terminaron reducidos. Eso ha llevado a mucha desconfianza. Intentaron dialogar simbólicamente, pero no abarcando la demanda real que es el territorio. El pueblo mapuche quiere vivir tranquilamente en su territorio, sin allanamientos, sin las transnacionales, como en este caso lo han hecho las forestales, como también aquellos empresarios y latifundistas que han afectado la convivencia al interior de las comunidades. Hoy en día el tema de fondo es cómo el estado logra tener, y el gobierno de turno, conformar una comisión que sea vinculante. Como lo dijeron en diversos trawunes que se hicieron después del fallecimiento del weichafe Catrillanca, donde se dijo que se quería desmilitarización, una comisión con carácter vinculante para que sepamos durante toda la formación del estado chileno cuál es la cantidad de tierra que hoy está en manos de privados y las reparaciones que se debe hacer con los pueblos indígenas.