A pesar de que el crimen que cometió Daniel Bastidas Soto fue uno de los más repudiados y polémicos que recuerde el sistema judicial chileno, su nombre permaneció en el anonimato durante los siete años que estuvo privado de libertad en el Centro Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt. 

El año 2014, el hombre de 39 años, fue condenado a 10 años y un día de presidio por el delito de violación de menores de 14 años. Su víctima, conocida como “Belén” (nombre falso para resguardar su identidad) resultó embarazada cuando apenas tenía once años. La madre de la menor aseguró entonces que la niña no había sido violada, sino que había tenido una relación consentida con su pareja. 

El caso motivó las primeras marchas a favor del aborto, fue un escándalo que escaló a la prensa internacional y dividió las aguas en el terreno político, tras el anuncio de familiares respecto a los deseos de la menor de completar su embarazo. 

La actual ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett (UDI), que en ese momento era diputada, tildó de “valiente” a la niña por optar tener a su hijo, el diputado Issa Kort (UDI) señaló sobre el embarazo que "cuando una mujer vive su primera menstruación, su organismo ya está preparado para ser madre, para engendrar” y el Presidente Sebastián Piñera, en su primer mandato, aseguró que los deseos de la niña demostraban “profundidad y madurez” e instó al ministro de Salud, Jaime Mañalich, a que se preocupara personalmente por cuidar la salud de la niña. 

La abuela de Belén  -que solicita resguardar su identidad- asegura que nada supo de ayudas estatales en el proceso de reparación de su nieta, que aún vive con ella y que ya es mayor de edad. 

Otra cosa que no supo, hasta el contacto de este medio, es que el abusador de su nieta recibió la libertad condicional en junio pasado y que actualmente se encuentra viviendo en la misma comuna que ella, Belén y su hijo.

“No le puedo creer lo que me está diciendo”, reconoció sorprendida al teléfono. 

“El hermano” 

Daniel Bastidas fue condenado en el año 2014 luego de violar a la menor de once años entre septiembre del 2012 y febrero del año 2013, al interior del predio Fundo Las Rosas, donde trabajaba como obrero agrícola. 

“Aprovechándose de la circunstancia de encontrarse a solas con la menor nacida el año 2001, quien es además hija de la conviviente del imputado, éste procedió a realizar actos de significación y relevancia sexual sobre el cuerpo de la menor(...) A consecuencia de estos hechos la víctima ya señalada, resultó embarazada naciendo el menor el día 20 de diciembre de 2013”, se lee en el acta de formalización. 

Durante su estadía en prisión, Bastidas fue visitado semanalmente por su madre y, ocasionalmente, por cuatro de sus hermanas menores quienes constituyeron su única red de apoyo. También, terminó la enseñanza media en modalidad científico humanista, luego de probar suerte en cursos industriales, los que reprobó en dos oportunidades.

Desde el año 2018 comenzó a desempeñarse como auxiliar de sanitizado al interior del penal, siendo valorado positivamente por los gendarmes que lo supervisaban. También se acercó a la iglesia evangélica y los otros internos comenzaron a llamarlo “hermano”.

Bastidas, además, mantuvo una buena conducta al interior de la prisión, situación que le permitió rebajar su condena en siete meses. A pesar de eso, su  participación en talleres psicosociales orientados a controlar sus pulsiones sexuales fue casi nula, “presentando una baja asistencia o renuncias voluntarias a la actividad”, según detalla su informe psicosocial. 

Con esos precedentes Bastidas postuló a la libertad condicional en abril pasado a falta de tres años para el cumplimiento de su condena y apenas un mes después del tiempo mínimo para poder optar al beneficio, plazo que se cumplió el pasado 4 de marzo. 

La carpeta que archivaba sus informes elaborados por Gendarmería, fue enviada junto a otras 117 solicitudes de reos de los penales de Puerto Montt, Ancud y Castro a la Comisión de Libertad Condicional. Solo 18 de estas solicitudes fueron acogidas.

No fue el caso de Daniel Bastidas

La Comisión de Libertad Condicional al ver su informe psicosocial, resolvió negar su libertad argumentando que: “Bastidas Soto mantiene una actitud pro-criminal, toda vez que justifica la agresión y presenta distorsiones cognitivas con actitudes que avalan el delito; no advirtiéndose, en consecuencia, que al momento de postular al beneficio, el requirente presente avances en el proceso de reinserción social”.

El fallo se sustentó en el informe psicosocial, elaborado por un equipo múltiple de profesionales de la salud mental, según el documento, el condenado “tiende a minimizar las agresiones cometidas, disminuyendo la cantidad y el período de tiempo en que se cometieron. Mantiene distorsiones cognitivas en relación a la capacidad de una menor de tomar decisiones respecto a su actividad sexual, sin reconocer la asimetría existente en la relación con un adulto”. 

En el informe se señala, además, que Daniel Bastidas considera que las relaciones sexuales con la menor de 11 años fueron consentidas y, pese a que no se puede dar cuenta de una psicopatía, presenta “actitudes que apoyan el delito, como considerar que la víctima en ocasiones ‘provocó’ la situación”. 

El informe además advirtió que Bastidas “cuenta con riesgo de reincidencia medio”, señalando que “no se recomienda hacer uso de su libertad condicional”.

Un violador en libertad

A pesar del escenario adverso, la abogada de Daniel Bastidas, Paulina Llanos, presentó un recurso de amparo el pasado 20 de mayo en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por la decisión de no otorgarle el beneficio de la libertad condicional a su representado. 

En el escrito, la abogada solicitó la revocación de la resolución solicitando “enmendar la situación de vulneración en la cual se encuentra mi representado”. Argumentando a favor de Bastidas, su buena conducta, sus estudios, su participación en la iglesia evangélica, además de su declaración en el informe donde indicó rechazar mantener contacto con la víctima y que viviría con sus padres, quienes conocen los delitos y lo recibirían en una habitación.

En su línea argumentativa, Llanos además presentó datos estadísticos referidos a la posibilidad de reincidencia de su defendido citando un estudio del año 2012 de la Fundación Paz Ciudadana “que demuestra que quienes egresan sin beneficios tienen una tasa de reincidencia de un 58%, mientras que quienes obtienen el beneficio de la libertad condicional, la tasa de reincidencia es de un significativo 23,4%”, indicó.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt finalmente resolvió que la decisión de la Comisión de Libertad Condicional fue fundada, por lo que rechazó el recurso el 26 de mayo el 2020. Sin embargo, la resolución fue apelada, por lo que el recurso de amparo pasó a la Corte Suprema.

Una semana después, el 4 de junio del 2020 en un fallo dividido, la Corte Suprema resolvió acoger el recurso de amparo declarándose la libertad inmediata de Daniel Bastidas Soto. Los ministros que votaron a favor de la salida condicional fueron Carlos Kunsemuller, Leopoldo Llanos y la abogada integrante María Gajardo. En tanto, quienes votaron en contra fueron los Ministros Manuel Valderrama y Jorge Dahm. 

La resolución de la Corte se sustentó en que el informe psicosocial de Bastidas no reunió antecedentes “categóricos que orienten sobre factores de riesgo de reincidencia del amparado e impidan reconocer su posibilidad de reinsertarse a la sociedad al momento de postular a libertad condicional”. 

Una resolución polémica

Andrea Castro, psicóloga, criminóloga, y dirigenta de la ADIPTGEN (Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile), lleva más de 20 años trabajando en distintos penales del país, según calcula ha elaborado más de 2.000 informes psicosociales en su carrera.

Sobre el informe realizado a Bastidas, Andrea Castro indica que según su opinión profesional, este sí es concluyente y completo. 

“Pareciera que los jueces no leyeron el informe. En el queda bien de manifiesto que no se recomienda su salida condicional y habla también de su actitud pro-criminal, de su estado precontemplativo, de las distracciones cognitivas, habla de que responsabiliza a la víctima, de egocentrismo, de falta de empatía y de riesgo de reincidencia medio, entonces yo no entiendo qué más esperan que diga el informe”, señala.

Castro agrega que esta resolución, sumada a la libertad condicional entregada a Hugo Bustamante , principal sospechoso del homicidio de Ámbar, hace aumentar la desconfianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Sobre ello, reconoce que este tipo de casos no son aislados. 

“Yo lo he hablado con mis colegas y te puedo decir que de 700 informes que realizamos, 300 salen con un beneficio, a pesar de existir informes negativos. Los reos a veces me dicen  ‘usted no me tenía fe e igual me lo dieron’. Se van muertos de la risa y uno sabe que afuera van a dejar la tendalada, que van a volver a salir a violar y eso es frustrante”.

Para la profesora en derecho penal de la Universidad Católica y experta en casos de violencia sexual, María Elena Santibáñez, la resolución de la Corte Suprema de otorgar la libertad de Daniel le causa extrañeza: “Es raro, porque además viene de una comisión completa que por unanimidad dice que no se va a obtener la libertad condicional. A veces se discute el rigor técnico que ha tenido el informe(...) “Me parece que lo único que podría explicar esto, es desconfiar de los informes o, lo otro, que se piense que siempre hay posibilidad de reincidencia y, por lo tanto, bajo esa lógica, nunca se podría otorgar la libertad condicional, pero me parece un poco complicado cuando se trata de estos delitos, sobre todo cuando son menores de edad”. 

Desde la región de Los Lagos, la ex Seremi de Justicia Patricia Rada indica que “es un caso emblemático en la región, muy dramático y que puso a prueba la reacción estatal que en esa ocasión no permitió ningún tipo de decisión. Creo que es un caso que permite evidenciar que los violadores son un síntoma de un mal social que está relacionado con una estructura patriarcal y eso da cuenta que las mujeres vivimos con violencia todo el tiempo”. 

Respecto a la situación de Belén y su familia, debido a la cercanía física con su agresor, Rada agrega que “el sistema judicial tiene bastantes carencias en relación a lo que es cumplimiento de pena y ejecución de ella. Hoy hay un vacío y si bien no hay una obligación, tampoco hay ninguna institución que se preocupe de velar por la información que pueda tener la víctima con el cumplimiento de la pena de su agresor”.

Al igual que la abuela de Belén, el Sename regional se enteró por este medio que el agresor de la niña había quedado en libertad. Desde entonces, aseguraron desde la institución, se activaron las alertas y protocolos internos para la actualización del caso. 

“Tenemos miedo” 

Desde su casa, y reincorporándose tras conocer la actual situación del agresor de su nieta, la abuela de Belén dice que pudo constatar la libertad de Daniel Bastidas por un posteo en Facebook, donde se ve sentado tocando una guitarra y vestido de traje debajo de un adorno de madera que tiene grabada la frase “Dios es fiel”.

En su casa, la mujer reconoce sentirse asustada tras la liberación del abusador de su nieta. “Yo lo único que quería es que él pague su pena. Esto no es justicia”, señala.

La situación para ella es grave, ya que la casa donde se quedaría Bastidas queda a pocos kilómetros del hogar donde vive con su nieta y bisnieto. “¿Quién me dice a mí que él no puede volver a abusar? Un violador puede hacerle daño a otras niñas, al igual como la persona que mató a la niña Ámbar. No se puede imaginar el dolor que siento en mi corazón de ver lo que le pasó a ella. Tengo mucho miedo, sobre todo por el niño (hijo de Belén), que él pueda venir y hacerle daño”.