La mirada de Lorena Fríes sobre la actualidad es crítica: “Todo lo que estamos viendo, es el déficit de derechos humanos que acarreamos desde los 90', acumulados y profundizados”. Y la muestra de ese malestar acumulado fue el estallido social de octubre. Es por eso que la ex subsecretaria de Derechos Humanos lamenta que hoy el gobierno opte por posicionar autoridades públicas con un pasado al menos cuestionado por sus vínculos con lugares donde se cometieron violaciones a derechos humanos. Se esperaría un “umbral ético”, dice, más acorde con lo que ha venido pasando.

Con esto se refiere el caso de Víctor Pérez, que ahora como ministro del Interior ha sido apuntado como una de las autoridades políticas cercanas a Colonia Dignidad, en sus tiempos de alcalde designado por la dictadura en la comuna de Los Ángeles. Reconoce que es muy compleja la señal del gobierno para sus últimos 22 meses que le restan.

Fríes fue directora Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y hoy también preside Corporación Humanas, dedicada a la justicia de género y derechos humanos, y ha seguido con un pie en la política: hace algunos meses asumió como una de las coordinadoras generales del movimiento político UNIR, donde también milita el diputado y ex vocero de Bachelet, Marcelo Díaz, y el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán.

En entrevista con El Desconcierto, analiza el panorama actual de los derechos humanos, sobre el conflicto mapuche y los casos de violencia policial que afectaron a miles de manifestantes en medio del movimiento de octubre.

Sobre el pasado de Pérez se conoce su relación con Colonia Dignidad, mientras fue alcalde. Asociaciones de Familiares de Víctimas han apuntado a la colaboración que tuvo con el funcionamiento de este lugar por sus vínculos de derecha y a favor de la dictadura ¿Qué te parece que sea nombrado un ministro con ese perfil?

Lo encuentro complejo porque la verdad es que no da una señal positiva, sobre todo, en un contexto de estallido social donde además de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese contexto, todavía tenemos pendiente en relación a derechos humanos que se cometieron durante la dictadura. Por cierto, uno no puede cuestionar que es un gobierno democráticamente elegido y que el presidente tiene la facultad de elegir a quien quiera. Pero la verdad es que lo único que se va perdiendo en el tiempo es este consenso inicial que tenía la democracia respecto a las violaciones a los derechos humanos que se hubiesen cometido. Uno esperaría que a más de 30 años desde el retorno a la democracia las personas que tuvieron algún grado de relación, ni siquiera tangencial, sino que una relación positiva, ya estuviéramos en una época en que efectivamente las personas rechacen y cambian sus posturas respecto a la dictadura. Eso no es tan evidente con el ministro Pérez.

Él también estuvo en contra de la cancelación de la personalidad jurídica de la Colonia. Se conformó incluso una comisión investigadora a comienzos de los 90' y su actitud, como recuerdan diputado en ese entonces, fue muy adversa a esa instancia. Los abogados que han representado a víctimas durante años han dicho que negarse a condenar lo ocurrido lo convierte en cómplice. ¿Coincides en esa mirada?

Sí, coincido porque una de las grandes heridas que se mantienen en Chile es Colonia Dignidad. La opinión pública se volvió contra Colonia a propósito de los abusos sexuales de Paul Schäfer, pero la verdad es que todavía hay un tema pendiente sobre el rol que jugó Colonia durante la dictadura y, por cierto, ha sido ni evidente ni claro las relaciones que tuvieron varios personeros que ahora están en el gobierno con colonia, que ahora aparecen negándolo, pero sí en ese momento aparecían a lo menos como parte de su círculo de protección.

¿Crees que esto es motivo para su destitución?

No es un requisito ni es legal, pero me parece que hoy día quienes nos definimos como demócratas y, sobre todo en cargos de gobierno donde se gobierna para todo el país, uno debería tener mucho cuidado con todas las sensibilidades y el dolor que todavía viven muchas víctimas de lo que fue Colonia Dignidad para sus familiares, como enclave en relación a los derechos humanos en Chile. Uno esperaría que hubiera un umbral ético que se correspondiera con el respeto a los derechos humanos.

Los familiares han peleado por años para buscar justicia, aunque muchas investigaciones no avanzan y eso ha entrampado los procesos judiciales.  Muchos no han tenido respuesta corroborada de las circunstancias en que desaparecieron sus familiares. Aun así, pareciera que el guiño del gobierno no va hacia allá al nombrar a autoridades con este pasado político. ¿Cómo lo interpretas?

O sea, en términos políticos, creo que estamos en un contexto bien complejo por el nombramiento de Víctor Pérez, pero también por la falta de alusión de derechos humanos del gobierno, en particular en la cuenta pública del Presidente Piñera. El tema de derechos humanos no es un eje nombrado por el gobierno. Y no se ve solo ahí. También con el ministro de justicia [Hernán Larraín] y la no relación que ha tenido a propósito de la huelga de los comuneros mapuche que están privados de libertad, tampoco lo hemos visto en la pandemia. Entonces, lo que hay es un gobierno que no hace de los derechos humanos un elemento clave para el estado de Chile. Lo único que hacen es promover climas de impunidad.

Desde ahí hay que mirar a los procesos políticos y sociales que se vienen: tenemos el plebiscito y también se cumplirá un año desde el estallido social, un movimiento que precisamente mostró las falencias sistémicas de esta sociedad. ¿Qué competencias necesarias requiere una autoridad de gobierno que tendrá que liderar estos procesos para hacerlos viables? ¿Cómo ves que Pérez encaje ahí?

Creo que lamentablemente este gobierno no va a dar respuesta a los problemas de derechos humanos que se ha generado durante su gobierno porque no cree en los derechos humanos y considera que puede haber distintas opiniones en la forma en que se aproxima la derecha a ellos, que hay quienes opinan tal cosa y otros otra. Pero la verdad es que no hay opinión sobre los derechos humanos: son las obligaciones que tienen los estados en cuanto a las garantías y esas garantías cuando se violan también existen.

A pesar de que el presidente Piñera convocó a algunos organismos internacionales, recordemos que son ocho los informes que se hicieron de organismos de distinto tipo que coincidieron a lo menos en que son graves las violaciones que se cometieron durante el periodo del estallido social, no ha habido verdad porque no hay información completa que permita efectivamente saber. Lo que sabemos es porque las organizaciones de la sociedad civil levantaron la información, porque estas organizaciones internacionales levantaron la información, pero no la hay para que nosotras y nosotros podamos identificar cuál es el volumen más allá que el INDH pudo levantar lo que podía, de acuerdo a los equipos que tenían. Por lo tanto, ese es un piso mínimo de violaciones a los derechos humanos y ya con eso fueron tildadas así de graves. Yo no le veo futuro en este gobierno para verdad, justicia y reparación. Así de simple.

Siguiendo con el estallido social y las consecuencias que vimos, de una violencia policial que generó repercusiones internacionales. La semana pasada un manifestante de Lo Hermida también fue víctima de trauma ocular. El gobierno comprometió una reforma de Carabineros durante el verano, pero tampoco se han visto los avances de eso. ¿Qué debe incluir esa reforma?

Primero lo que ofreció el ministro del Interior,  [Gonzalo] Blumel, era una reforma a Carabineros. Pero, ojo, eso lo que hace es prevenir que ocurra en el futuro, no lo exime de la reparación y de la justicia durante el estallido social, y de eso hemos sabido poco. Lo que se sabe es que en la práctica están habiendo muchos juicios a los carabineros que fueron los autores de muchos de estas víctimas. Eso es grave para un país que salió a movilizarse justamente por las violaciones a otros derechos y a los que se suman estos. Finalmente, cuando uno habla de derechos humanos no habla de campos aislados, habla de cuestiones que se van concatenando y esa es la lectura que hay que hacer.

A décadas de violaciones en relación a derechos sociales se sumó una restricción enorme a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos que nos obligó a salir a la calle, además, el estallido social con la represión y las violaciones que se generaron allí. La respuesta a todo eso es un proyecto de reforma. Ya eso es insuficiente. Yendo a eso me temo que sea un proyecto bien suave, en el sentido que se establezcan algunos cambios, pero de verdad lo que pienso es que hay que repensar cuál es la policía que necesita la democracia chilena. Carabineros aun después del estallido no termina de asumir sus responsabilidades en esas violaciones, lo que quiere decir que la cultura de violación a los derechos humanos está tremendamente enquistada en Carabineros.

Eso no se cambia solamente con la formación que tienen que tener. Se cambia con una nueva organización y, por cierto, con una subordinación operativa al mando civil y con instancias donde participen civiles como parte del control hacia ellos. Eso es absolutamente necesario porque, de lo contrario, vamos a seguir viendo, y es lo que estamos viendo, aunque quizás no se ve en los medios de comunicación, pero en la periferia de Santiago no ha parado la represión que se ha ejercido a pobladores y pobladoras, que además en contexto de Covid están muy precarizadas y que lo único que tienen es la posibilidad de manifestarse y llamar la atención para que el gobierno los escuche.

Hemos visto una serie de situaciones durante la pandemia, una de ellas fue el "estallido del hambre" en El Bosque, entonces, vemos una sociedad enfrentada a múltiples vulneraciones.

Sí y veo que lo que se ha fijado como la esperanza del pueblo chileno es el plebiscito y una nueva Constitución. Está claro. Muchos personeros de derecha dicen que la Constitución no va a cambiar la vida cotidiana de la gente. Eso es mentira. La va a cambiar si, por ejemplo, el tema de derechos humanos es central en la Constitución y las obligaciones que tiene el estado para garantizarlos. La va a cambiar cuando se garantice un mínimo de derechos sociales de protección a los chilenos y chilenas, me refiero, por ejemplo, al derecho a la vivienda. ¿Cómo van a hacer confinamiento en 20 metros cuadrados cuatro personas juntas? Como lo hemos visto con las personas migrantes en los cités. ¿Cómo vamos a hacer confinamiento si un gran porcentaje de las mujeres está en trabajo informal y, por lo tanto, hoy no tienen qué comer? La respuesta ya sabemos, han sido tardías e insuficientes, y no porque sea falta de agilidad sino porque hay una obligación en materia de derechos de por lo menos cubrir los mínimos necesarios de la población. Y eso se ha hecho tarde, mal, o no se ha hecho.

En estos días hemos conocido hechos de violencia racial en territorio mapuche. Hay 27 presos en huelga de hambre, algo que cada cierto tiempo al gobierno le explota en la cara porque el conflicto persiste. ¿Qué es lo que no se está tomando en cuenta a la hora de plantear políticas?

Lo primero es que este es un problema, y me acuerdo de haberlo dicho cuando estaba en el Instituto luego también en la subsecretaría, no siempre fui escuchada, por cierto, es que este es un problema político que deviene en un problema de violencia. Por lo tanto, lo que hay que resolver es ese problema. Frente a eso, el mundo mapuche lo que ha planteado es una legítima demanda por sus derechos de territorios y recursos naturales, que es una demanda incluida dentro del Convenio 169 del cual Chile es parte. Además, incluso, respecto de la huelga de hambre, no se está pidiendo, como dicen algunos medios "beneficios", se está pidiendo que se cumpla con el artículo 10 de ese Convenio que establece que, en relación a la cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas, debiesen preferirse otras formas de cumplimiento de pena que no sea la privación de libertad en las cárceles. No se está pidiendo transgredir el derecho, sino que cumplirlo.

Eso efectivamente es lo que ha empujado no solamente a los que están en huelga, sino que también a varias comunidades mapuche que han iniciado manifestaciones. Hay falta de comprensión sobre una nación que tiene derecho a decidir cómo quiere desarrollarse y cómo quiere proyectar su cultura dentro de Chile, y eso no ha sido recogido desde el mundo de la política. Pensemos que ni siquiera están reconocidos constitucionalmente. Lo que hay que hacer hoy es reconocer que es una nación y que tienen derechos sobre territorios y recursos y grados de autonomía.

Hay otro tema relacionado con los nombramientos de Piñera. Esta vez como candidato a la Corte Suprema, al ministro de justicia Raúl Mera, que hace poco rato supimos que no obtuvo los votos suficientes en el Senado. Pero, de todos modos, aquí el gobierno nuevamente optó por nombrar a un ministro de justicia con algunos cuestionados fallos en materia de derechos humanos, como el caso "Los Queñes" donde su sentencia terminó por absolver a cuatro carabineros acusados de la muerte de Cecilia Magni y Raúl Pellegrín. ¿Cómo ves esa elección?

Es más de lo mismo, en el sentido que no tienen que notificarnos de otra manera de la falta de compromiso del gobierno con el tema de derechos humanos. También sumémosle a eso los indultos que ha habido por aparte del presidente de la República frente a violadores de derechos humanos. La verdad es que se sacaron la careta o se endurecieron, pero claramente este no es el gobierno del respeto a los derechos humanos. Eso ya está en la cabeza de muchos chilenos y chilenas.

Por último, Lorena, el año pasado se presentó una querella por la responsabilidad de Piñera en la violación a los derechos humanos que presenciamos desde octubre pasado en el país. ¿Crees que debe recibir una condena judicial por esto?

Mira, yo no me atrevo a decir si debe recibirla o no porque entre otras cosas, lo que te decía es que me falta información. O sea, responsable político de todas maneras lo es. Otra cosa es la responsabilidad judicial y para eso efectivamente me falta información porque quisiera saber, por ejemplo, el número total de personas que fueron detenidas en Chile, que fueron torturadas, lesionadas durante el estallido, quisiera ver si hay de acuerdo a la ley chilena, que puede pasar dentro de un gobierno que los actores o autores de violaciones a derechos humanos no necesariamente involucren un plan del estado, eso de acuerdo a la ley chilena, sí. Pero, por ejemplo, de acuerdo a la corte penal internacional, no necesariamente. Entonces, por cierto, que con todo el derecho se presenta esta querella y dependiendo de la información que allí surja podría eventualmente recibir una sanción criminal.