Respecto a lo ocurrido la noche del sábado en Curacautín- cuando un grupo de personas se congregó en el frontis del edificio municipal con la intención de apoyar a Carabineros en el desalojo de comuneros mapuche que se habían tomado las dependencias- Amnistía Internacional (AI) manifestó su “profunda preocupación por este hecho que se puede calificar como una oleada de violencia racista”.

Mediante un comunicado, AI aseguró que “este tipo de actos que reunió a vecinos que acudieron durante el toque de queda a las municipalidades, tratando de usar la fuerza para desalojarlas, se replicó también en Victoria, Traiguén, Collipulli y Ercilla, y ha tenido lugar tras la visita a la zona del nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, quien instó a los alcaldes a asegurar el desalojo de los recintos municipales, y alertó que pediría un pronunciamiento a la Contraloría General de la República”.

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Amnistía hizo un llamado a “que el gobierno condene la violencia con connotación racista y los discursos de odio, dejando claro que no es aceptable bajo ninguna circunstancia”.

Además, pidió al Ejecutivo que “se asegure la igualdad ante la ley, así como una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos acontecidos y adoptando criterios propios de un debido proceso que deslinde responsabilidades respecto de todas las personas que participaron en hechos de violencia y/o daños, sin distinción alguna y sin que se valide de ninguna forma la 'autotutela' como pretexto”.

“La investigación debe ser exhaustiva e imparcial, se debe regir por el principio de objetividad, sin sesgos, de manera de identificar de forma precisa y adecuada a los responsables. Será crucial el rol de la Fiscalía y de los Tribunales para garantizar justicia en este contexto”, agregaron.

También solicitaron que “se investigue de manera exhaustiva cualquier forma de maltrato del que hayan sido víctimas las personas detenidas, en el contexto y durante su detención, y se hagan efectivas las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, ya sea de carabineros o de otras personas presentes en el lugar”.

En la misma línea, pidieron indagar “la responsabilidad de Carabineros por posible omisión en su deber de protección. La aquiescencia de las autoridades en delitos cometidos por terceros, supone la responsabilidad del Estado por cuenta de los agentes que lo toleraron”.

Además, esperan que “se tenga siempre en consideración las obligaciones del Estado de Chile de acuerdo al Convenio Internacional de Derechos del Niño, el cual- por supuesto- rige también respecto de niños, niñas y adolescentes mapuche, quienes constituyen sujetos de especial protección”.

Amnistía espera que se “exija a Carabineros el estricto apego a los estándares de derechos humanos en todas sus intervenciones, sin excepción. Nos preocupa que el actuar de Carabineros esté basado en criterios de discriminación, de tal manera que su acción y su adecuación al estándar internacional dependa de quién esté participando en los hechos y/o qué causa defiende”.

AI recordó “que el Estado de Chile tiene el deber de proteger a grupos pertenecientes a pueblos indígenas e impedir todo acto de discriminación en contra de ellos. Por dicha razón, es urgente dar pleno cumplimiento a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y al Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, vigente en nuestro país desde el año 2009, el cual exige el respeto de los pueblos indígenas y obliga a los Estados Parte a proteger sus derechos, reconociendo sus culturas, formas de vida, y derechos sobre las tierras y recursos naturales”.

Finalmente, sentenciaron que “es imprescindible abordar la situación que se vive en La Araucanía con urgencia, de manera que se entregue una señal clara de que la autotutela no es admisible en un Estado de Derecho, y que el racismo no tiene cabida en una sociedad respetuosa de los derechos humanos”.