El 18 de octubre de 2019 marcó el destino del exclusivo centro deportivo y de recreación Balthus Vitacura, al que acuden celebridades de la TV, políticos y empresarios y que acaba de pedir su quiebra. No porque la firma haya culpado de su caída al estallido social -lo que se acrecentó dramáticamente con la pandemia-, sino porque ese día explotaron las peleas que traía con el Estado el millonario ex controlador de Almacenes París, Jorge Gálmez Puig.

Ese mismo 18 de octubre la Tesorería General de la República (TGR) le embargó dos cuentas bancarias de la empresa en el Banco Santander y el Banco de Chile con $496 mil y $24,1 millones, respectivamente.

Poco, considerando que buscaban recuperar al menos parte de los $6.027 millones que Balthus Vitacura S,A, debe al Fisco en IVA, moroso desde 2010. La cifra casi cuadruplica lo declarado por la compañía ($1.648 millones) ante el 12° Juzgado Civil de Santiago en su solicitud de liquidación voluntaria ingresada el 20 de julio pasado, donde señala tener deudas totales por $2.172 millones.

Gálmez Puig -miembro de la familia fundadora de la cadena de tiendas París y hoy controlador de Mall Sport- viene cuestionando el cobro del IVA desde 2010 y mantiene dos causas abiertas en la Corte de Apelaciones de Santiago.

La principal aborda el debate central con el Servicio de Impuestos Internos (SII), el que considera que Balthus no es solo un gimnasio con actividades deportivas -lo que está exento de IVA- sino que es un centro de “diversión y esparcimiento”, lo que sí debe ser gravado.

Así lo deja registrado en las liquidaciones efectuadas en 2013, en las que señala que Balthus cuenta, además de gimnasio, con “otro tipo de instalaciones, tales como SPA, baño de vapor, cabina de hielo, saunas y jacuzzis, piscina de hidromasajes y piscina lúdica, espacios todos los cuales tienen por finalidad la recreación, esparcimiento y disfrute de quienes las utilicen”.

El 4 de octubre de 2018 el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de Santiago falló contra Balthus, pero la empresa apeló. Tenían fecha para alegar en la Corte el 5 de febrero de este año, pero fue suspendida pues el 24 de diciembre de 2019 el Tribunal Constitucional (TC) había acogido un recurso por el mismo tema ingresado por Balthus. Según los estados financieros presentados al tribunal, Balthus generó ingresos por $4.368 millones en 2019, obtuvo utilidades netas por $232 millones y tenía cuentas por pagar a sociedades relacionadas por $187 millones.

Sin embargo, el futuro del negocio estaba sellado a comienzos de mayo pasado cuando perdió la concesión del terreno que es propiedad de la Municipalidad de Vitacura y que deberá entregar en junio de 2022.

La lápida fue el 10 de julio. El mismo día que según Interferencia Jorge Gálmez Puig viajó a Bahamas, el TC falló en su contra, devolviendo la causa a la Corte de Apelaciones. Mientras espera ese desenlace, Gálmez está enfrentando el acoso de la segunda causa; esta vez con la Tesorería y que fue la que detonó el embargo de las cuentas de la compañía el 18 de octubre de 2019.

Nace en la primera causa

Un año después que el SII ganó en el TTA, en octubre de 2018, Tesorería tomó la deuda y ordenó su cobro el 4 de septiembre de 2019 (notificado el 25 de septiembre), ante lo cual Balthus acudió a la Corte alegando que el tema se discute en la instancia aún. La causa figura sin avances desde febrero pasado en la Corte.

Hasta ahora, la Tesorería General de la República no ha sido notificada por el 12° Juzgado Civil de Santiago de la solicitud de liquidación voluntaria presentada por Balthus Vitacura hace una semana, por lo que una vez informada deberá clarificar en la justicia las deudas de la empresa de Gálmez Puig.

Balthus Vitacura S.A. fue contactada a través de su abogado, Gonzalo Alvarado Schott, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Tesorería, en tanto, no comenta casos específicos.